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El 3 de diciembre de 2019, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República dictaminaron una iniciativa que, en los hechos, prohibía la subcontratación de personal. Dados los efectos negativos que ello suponía para la economía y el empleo en México, así como la preocupación de distintos sectores productivos, los senadores optaron por aplazar cualquier resolución al respecto y se decantaron por abrir espacios en los que, mediante la deliberación pública, se consiguiera llegar a acuerdos que permitieran eliminar las prácticas negativas de algunas empresas de tercerización sin generar afectaciones contraproducentes.

En este marco, en el mes de febrero de 2020, se llevaron a cabo dos parlamentos abiertos para dialogar acerca del outsourcing: uno, en el la Cámara de Senadores, y otro, organizado por los diputados en San Lázaro. Para concluir estas conversaciones, del 24 de febrero al 3 de marzo del mismo año, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado llevó a cabo una serie de Mesas de Alto Nivel en las que miembros del sector privado, autoridades y representantes de trabajadores llegaron a tres grandes consensos en lo que respecta a la tercerización:

1. No es necesario prohibir la subcontratación. Basta con hacer algunos cambios en su regulación que contribuyan a erradicar las malas prácticas. Eliminar dicho esquema acarrearía consecuencias muy peligrosas para México.

2. Para hacer efectiva la supervisión y, de ese modo, evitar cualquier abuso fiscal o laboral, se fortalecería el grupo interinstitucional que fue creado por el Ejecutivo Federal para tal fin. Este equipo, integrado por la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Trabajo Digno, el INFONAVIT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, podría garantizar la legalidad del outsourcing mediante el cruce de información y las inspecciones estratégicas.

3. Finalmente, se insistió en que era necesario crear un padrón nacional de empresas de subcontratación, que pudiera transparentar y homologar las actividades de dicho sector.
Sin embargo, debido a la suspensión de actividades legislativas por la llegada del coronavirus a México, los acuerdos señalados jamás se aplicaron.

A casi un año de estas negociaciones, todo indica que se aprobará una iniciativa mucho más perniciosa que la ya señalada, pues elimina por completo cualquier tipo de subcontratación laboral. El gran problema es que, ahora, el outsourcing es más indispensable que nunca, debido a la enorme caída en el empleo y en la economía generada por la pandemia, así como a la necesidad de utilizar la tercerización para crear trabajos formales, estimular el uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías, e, incluso, apoyar a la emergencia sanitaria y a los procesos de vacunación.

No deben ignorarse los acuerdos a los que se llegó en las Mesas de Alto Nivel del Senado. Los resultados de hacerlo agravarían en gran medida la crisis sanitaria, económica y laboral que atraviesa México, afectando innecesariamente a todas las actividades productivas y a millones de personas.

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