Fernando Irala
Luego de años de contradicciones y confusiones, el gobierno mexicano pudo dar un primer paso en uno de los más espinosos y dolorosos temas de la realidad nacional: dar a conocer las cifras del registro de personas desaparecidas y no localizadas.
El informe publicado el pasado fin de semana establece que en los pasados veinte años, han sido reportados como desparecidos más de ciento treinta mil individuos, número que divide en tres categorías de similar dimensión, una de quienes se ha detectado actividad diversa luego de su reporte, lo cual implicaría que estuvieron pero ya no están desaparecidos, que siguen con vida y cierta normalidad; otro tercio de quienes no hay información suficiente que permita su búsqueda o rastreo, y otra parte donde los datos están completos y las personas no se localizan.
En este último sector se incluyen más de cuarenta y tres mil casos, y si sumamos el de datos insuficientes la cantidad se eleva hasta noventa mil.
Estamos ante un fenómeno terrible que no ha dejado de crecer entre la población mexicana. Si alguna tragedia golpea y se resiente en un entorno familiar, ésta es sin duda el extravío de un ser cercano, del que de pronto se pierde contacto y toda huella. Esa experiencia, coinciden quienes la han vivido, y la angustia e incertidumbre que genera, es peor que la muerte simple y seca.
Desde hace año y medio, el régimen nos presume la reducción de los asesinatos hasta niveles comparables a los de la década pasada. Lo que no nos dicen es que la cantidad de desapariciones se ha disparado, hasta hacer suponer a los observadores que los criminales siguen generando tanta violencia como antes, pero ahora ocultan mejor los cadáveres.
Durante el primer año de gobierno de la actual Presidenta, tuvieron lugar casi quince mil desapariciones; eso son más de mil 200 por mes, cuarenta cada día.
De todas maneras, organizaciones de la sociedad civil conectadas con este rubro acusan que las cifras están maquilladas y que se intenta reducir la magnitud del problema.
Lo cierto es que el gobierno tiene aquí uno de sus más graves pendientes, cuando se trata de recuperar la tranquilidad y la seguridad de la comunidad.
Y no se está haciendo mucho al respecto, según el propio informe oficial. Frente a la danza de números, desde los 130 mil registros del total reconocido hasta los más de 43 mil de quienes se tiene la información necesaria, sólo se han abierto menos de cuatro mil carpetas de investigación o averiguaciones previas. Como el tres por ciento del total, o si se parte de los casos mejor documentados, donde no hay pretexto para no proceder, en menos de uno de cada diez sucesos.
Y así seguiremos. Porque mientras haya impunidad, esta barbarie no se corregirá.
