CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) presentó una iniciativa de adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fijar la obligación de las autoridades de verificar, durante un trámite de divorcio, que no haya relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.
La propuesta, avalada por 24 diputadas de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, fue presentada en la sesión semipresencial de este jueves y tiene por objeto establecer la obligación de los poderes legislativos locales de garantizar que las normas que regulan los convenios que deban celebrarse con motivo de un divorcio no reproduzcan relaciones de poder entre géneros.
Al hacer uso de la voz en tribuna, dijo que tanto autoridades jurisdiccionales como administrativas deberán verificar que las cláusulas de los convenios que deban aprobarse no establezcan relaciones que perpetúen roles de género o una posición de subordinación de la mujer.
Gutiérrez Luna explicó que con la reforma al artículo 9 de la mencionada ley, estarán obligados a dicha comprobación los Poderes legislativos federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias.
Además, abundó, la modificación a la ley va en congruencia con un criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se declaró la inconstitucionalidad de las cláusulas de convenios que reproducen relaciones de poder intergenéricas, por constituir una forma de violencia contra la mujer y una vulneración de sus derechos humanos.
“Con la presente iniciativa se da un paso adelante en nuestro deber de asegurar en favor de las mujeres mexicanas, la validez de sus derechos humanos, quedando tanto los particulares que celebran estos acuerdos contractuales, así como las autoridades del fuero local que los aprueban, vinculadas a hacer latente la eficacia del orden constitucional vigente de protección de los derechos fundamentales de las mujeres”, puntualizó.
Se trata, añadió, de reconocer en la ley que las mujeres, en su condición de grupo sujeto a discriminación estructural, merecen un régimen de protección específico a sus derechos fundamentales.
El principio de igualdad y no discriminación, apuntó, se impone de manera horizontal y vertical, ante la necesidad de garantizar la esfera jurídica de las mujeres para coadyuvar a que vivan una vida libre de violencia.
Una vez explicado el alcance de esta iniciativa, a favor de la igualdad de género, diputadas de otros grupos parlamentarios expresaron su determinación de suscribirla.
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