CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento de un legítimo derecho a defenderse, Grupo Salinas anunció que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que México desconociera un acuerdo para que la empresa ponga al corriente sus finanzas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La firma señaló que hace unos días manifestó su voluntad de pago de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales, en donde se establece que no procede el doble cobro.
“Es por ello que nuestras empresas enviaron oficios al SAT solicitando el ajustes de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones anteriormente referidas”.
El grupo precisó que el acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho.
“Valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”.
Grupo Salinas manifestó que es preocupante que “desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia. Más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional de petición”.
Afirmó que busca dar vuelta a la página para construir valor y prosperidad para sus 180 mil colaboradores y sus 35 millones de clientes
Grupo Elektra promovió sendos recursos para declarar impedidos a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la votación y resolución de los casos en los que se disputa el pago de impuestos con las autoridades fiscales por un monto superior a los 34 mil millones de pesos.
Sin embargo, este lunes, el presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar, desechó de plano los impedimentos, pues se buscaba bloquear el trabajo de los togados.
En los estrados, se comunicó que Grupo Elektra recibió una multa, cuyo monto no se reveló, por utilizar esa táctica dilatoria de los juicios que mantiene pendientes y están en la última etapa de decisión.
“Solicita a este Alto Tribunal se declaren impedidos a los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo, así como a las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa para conocer amparo directo en revisión 6321/2024”, indica el documento promovido por la empresa.
El acuerdo de la Corte indica que “se desecha de plano este impedimento (…) envíese el billete de depósito a la Tesorería de la Federación previas las gestiones necesarias en este Tribunal, para hacer efectiva la multa impuesta a la promovente”.
Otra de las conclusiones es que “dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen”.
La Corte pidió que se notifique de manera electrónica y personal a Grupo Elektra “en el domicilio señalado en su escrito de expresión de agravios del amparo directo en revisión 6321/2024 -antecedente del presente asunto-, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído”.
A través de dos recursos de impedimento, la empresa buscó declarar impedidos a todos los ministros para conocer del amparo en revisión, que involucra un monto de 33 mil 306 millones de pesos en pago de impuestos atrasados, actualizaciones. Mientras que otro amparo es el 5654/2024, que trata de un monto de mil 431 millones de pesos, en un asunto fiscal que data de 2008, pero ambos recursos fueron desechados este lunes.
AM.MX/fm
