TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del PRD planteó a la 60 Legislatura tipificar y agravar penas para quienes promuevan las prácticas como el ‘sexting’ y el ‘grooming’, con lo cual en algunos casos se alcanzarían sanciones hasta de 10 años de prisión y una multa equivalente a las mil unidades de medida y actualización (UMA).
A nombre propio y de sus compañeros de bancada, la legisladora Araceli Casasola Salazar presentó la iniciativa en sesión de la Diputación Permanente y subrayó que es necesario proteger y regular la práctica de envío de fotografías, textos y videos mediante redes sociales, medios electrónicos, mensajería de texto u otros similares, y en específico por teléfonos inteligentes y computadoras.
Lo anterior, puntualizó, con el objetivo de inhibir el uso no autorizado de estos materiales, e identificar y combatir los actos de adultos que, con engaños, tienen contacto con menores de edad para obtener favores sexuales o afectarlos de manera psicológica.
En la sesión presidida por la legisladora Mónica Álvarez Nemer (morena), la diputada Araceli Casasola indicó que el ‘sexting’ se refiere a la práctica de tomarse fotos desnudos o en poses sexuales y enviarlas vía electrónica por algún dispositivo inteligente, propiciando así un nuevo tipo de relación entre los jóvenes, aunque se ha detectado el mal uso de estas fotografías, al distribuirlas indiscriminadamente, ya sea de manera gratuita u onerosa, con la finalidad de causar un daño psicológico.
Esas prácticas, abundó, conllevan a la extorsión para obtener un lucro o solicitar favores sexuales de la víctima o de algún familiar, provocando así que la víctima sufra momentos angustiantes y de desesperación que pueden llevarla al suicido o a tomar otro tipo de decisiones de consecuencias graves.
Por otro lado, la diputada mencionó que el llamado ‘grooming’ consiste en que un adulto se hace pasar por un niño o un adolescente para contactar, vía redes sociales o mensajería de texto, a un menor de edad con el propósito de engañarlo para que acceda a enviarle fotos sexuales o a tener encuentros personales, también con fines sexuales.
La iniciativa de la bancada perredista busca reformar los artículos 211 Ter y 211 Quinquies del Código Penal del Estado de México. Actualmente el primero de ellos establece penas de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA a quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica y las revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.
Al respecto, el Grupo Parlamentario del PRD propone aumentar la pena en un tercio a quien reciba, por parte del receptor original (por cualquiera de los medios indicados), o encuentre en algún medio físico o electrónico el material señalado y ejerza actos de dominio sobre este, ya sea para sí o para terceros, para modificar, alterar, reproducir, almacenar, distribuir, comercializar, exponer o publicitarlo en páginas web, o bien lo difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona involucrada.
Por lo que toca al artículo 211 Quinquies, este indica aumentar las penas incluidas en el artículo 211 Ter cuando se cometa el delito en contra de una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento.
Ante esto, la iniciativa busca que se incluya el caso de quien, por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga pasar por un menor de edad con el propósito de establecer contacto y solicite, obligue o procure el envío de fotografías o videograbaciones de carácter sexual, así como solicite encuentros personales con fines sexuales, por lo que la duplicación de la pena aplicaría con esta condición y bajo las agravantes ya consideradas por ahora sobre los menores de edad o de los que no tengan capacidad de comprensión.
Para su dictamen la iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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