CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Museo Nacional de Antropología, la administración federal lanzó una estrategia agresiva para reducir la burocracia y fortalecer la seguridad jurídica. En consecuencia, los trámites estratégicos podrán resolverse en tan solo 30 días para impulsar el crecimiento económico.
En un movimiento estratégico para posicionar al país ante la próxima revisión del T-MEC, el Gobierno Federal presentó una actualización profunda del “Plan México”. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 4 de mayo el lanzamiento de un paquete de medidas diseñado para eliminar las fricciones regulatorias que frenan el desarrollo.
Debido a esto, la nueva política económica se centra en otorgar certeza jurídica, reducir cargas fiscales y digitalizar procesos administrativos. Por consiguiente, el evento, que reunió a los principales actores del gabinete económico y del sector empresarial, marca el inicio de una narrativa de coordinación público-privada sin precedentes en la actual administración.
Los tres ejes del núcleo operativo
En primer lugar, el plan se articula sobre tres pilares fundamentales que buscan corregir los cuellos de botella históricos en la administración pública. De hecho, el gobierno apunta a un modelo de gestión diferenciada que acelere la ejecución de capital. Por esta razón, el núcleo del anuncio se divide en:
1. Simplificación Administrativa y “Fast Track”
Se anunció que los proyectos de inversión ahora obtendrán autorizaciones en un plazo máximo de 90 días. Además, se implementará un esquema acelerado de apenas 30 días para inversiones estratégicas vinculadas a sectores prioritarios o ubicadas en los denominados “Polos de Bienestar”. Asimismo, se formalizó la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior para unificar trámites de la Secretaría de Economía, el SAT y Aduanas.
2. Certeza Jurídica y Fiscal
La Secretaría de Hacienda emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que refuerza la seguridad para los capitales. Específicamente, el acuerdo incluye:
Garantía de cumplimiento de tratados para evitar la doble tributación.
Limitación de revisiones fiscales a un solo ejercicio por contribuyente.
Prohibición de la aplicación retroactiva de criterios fiscales, eliminando la incertidumbre en auditorías.
3. Impulso a la Infraestructura y Energía
Banobras anunció una inversión superior a los 523 mil millones de pesos en 44 proyectos carreteros, con la meta de generar 1.4 millones de empleos. Igualmente, la Secretaría de Energía planteó una transición ambiciosa: elevar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional del 24% al 38%.
Por otro lado, uno de los anuncios más destacados fue la simplificación integral en la COFEPRIS. Ciertamente, el organismo reducirá su universo de trámites de 340 a solo 125, disminuyendo los tiempos de resolución de 100 a apenas 24 días. A pesar de que sectores como el farmacéutico habían señalado retrasos, esta medida promete un impacto inmediato en la competitividad del sector salud.
Adicionalmente, se formalizó la creación de la Oficina Presidencial de Inversiones. No obstante, esta dependencia no solo dará seguimiento a proyectos estratégicos, sino que centralizará la operación para evitar que la fragmentación administrativa detenga la ejecución de las obras. De este modo, se busca que la oficina funcione como un eje de coordinación directa bajo el mando de la presidencia.
Para concluir, el “Plan México” no solo tiene un alcance interno, sino que es una señal directa hacia el capital internacional en el marco del nearshoring. Pese a que la reconfiguración económica global presenta retos, México busca consolidarse como el destino más confiable para la relocalización de inversiones. En definitiva, este paquete de reformas administrativas busca reconstruir la confianza con la iniciativa privada bajo un esquema de cooperación sin subordinación, asegurando un desarrollo con enfoque social y soberanía económica.
M.MX/fm
