MÉRIDA, YUCATÁN.- La adquisición de materiales asfálticos por parte del presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, son considerados como un crimen perfecto pues nadie puede comprobar su ejecución.
Por la nada despreciable cantidad de 5 millones 960 mil 317 pesos, el alcalde entregó dos contratos a la empresa Terrasur, S.A. de C.V., representada por Manuel Jesús Tugores Almeida, tan solo entre febrero y mayo de este 2021.
De acuerdo con Sol Yucatán, el primero de ellos, firmado el 24 de febrero, representó una salida de las arcas públicas municipales de 2 millones 418 mil 495.60 pesos, a través del contrato DALB-ASFALTOS-01-01, que amparaba la “adquisición de concreto asfáltico”, que según fue despachado entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, pero que ningún trabajador de Obra Pública del municipio vio jamás su llegada, mucho menos su vertido en las arterias que lo habrían requerido.
De acuerdo a la Partida 1 descrita en el documento, se menciona la compra de 1 mil 104 metros cúbicos de concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” y cemento asfáltico AC-20, con un costo por metro cúbico de 1 mil 699.50 pesos más IVA.
También destaca que el concreto asfáltico habría de entregarse en la obra (sin especificar) a una temperatura de entre 130 a 145 grados Centígrados.
Además del concreto, se contabilizaron a nombre del Ayuntamiento de Mérida, un total de 838 bolsas de asfalto en frio de polímeros modificados, “producido en caliente en planta para aplicación en frio, contenido de 25 kilógramos”; a precio unitario de 249 pesos más IVA.
Nuevamente sin especificar lugar de entrega-recepción.
El mismo modus operandi de este robo en despoblado orquestado por Renán Barrera Concha en asociación con Terrasur, se repitió el 14 de mayo mediante el contrato DALB-1-ASFALTOS-03-01, ahora por un monto de 3 millones 541 mil 822 pesos, que según tuvo un periodo de ejecución entre el 12 de mayo y el 13 de agosto, y del que obviamente ningún trabajador municipal fue testigo de ello.
Al igual que el contrato anterior, la Partida 1 describe la cantidad de metros cúbicos de concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” y cemento asfáltico AC-20 a requerir; esta vez por un total de 1 mil 701 metros cúbicos. Sin embargo, pese a que apenas había pasado un par de meses de la primera compra, ya ostentaba un incremento del 5.6% al pasar de 1 mil 699.50 pesos por metro cúbico pagados en febrero, a 1 mil 795 pesos más IVA, en mayo.
En este también se especificaba la entrega-recepción del material a temperatura de entre 130-145 grados Centígrados, sin identificarse jamás él o los sitios de entrega, por lo que no existen obreros ni tampoco empleados de Obra Pública que hayan sido testigos del cumplimiento de estos contratos.
Los únicos “testigos” del cumplimiento de ambos acuerdos, fueron los mismos interesados del desvío cercano a los 6 millones de pesos.
El alcalde de Mérida, Renán Alberto Barrera Concha; su secretario municipal, Alejandro Iván Ruz Castro; el director de administración, Aquiles Sánchez Peniche y por supuesto, la empresa Terrasur representada por Manuel Jesús Tugores Almeida.
Cabe mencionar que el común denominador de cada obra contratada, especifica el cumplimiento por cada etapa de la misma, es decir, si se contrata a “x” empresa para la construcción de un hospital, las compañías participantes en la licitación –si es que se hace-, entregan una propuesta que contempla cada etapa de la construcción hasta su terminación.
Nunca se hacen contratos para hacer la cimentación primero, levantar castillos y paredes después y un contrato más para la colocación de techos. Todo el conjunto de una obra –al menos su obra negra-, se entrega a una misma compañía.
Lo mismo ocurre cuando se llevan a cabo la construcción de una nueva vía de comunicación, o ampliaciones y/o mantenimiento de carreteras ya existentes. Se contrata a una sola empresa constructora, la cual hace todos los trabajos, desde la limpieza de caminos, colocación de postes, rellenados y por supuesto el vertido de concreto.
Pero bueno, éste tipo de contratos por servicios de nula comprobación o como en este caso, de obra pública que no se lleva a cabo, es el tipo de acuerdos comerciales por los que se ha caracterizado el gobierno de Renán Barrera Concha a lo largo de los años que ha encabezado la capital yucateca.
Para ello siempre se ha valido de empresas factureras o las denominadas fantasma, de esas que ni siquiera cuentan con una dirección establecida, o no están constituidas dentro del Registro Público de Comercio, o bien para su concepción hacen uso de prestanombres, al tratarse de empresas creadas ex profeso por servidores públicos en busca de agandallar los presupuestos.
Aunque también existen los casos de contratos celebrados con empresas bien constituidas, pero carentes de escrúpulos, mismas que se prestan al juego deshonesto y corrupto de algunos dirigentes estatales o municipales, y celebran acuerdos en lo oscurito que beneficia a ambas partes. Una de estas, sin duda es Terrasur.
Dicha empresa, de acuerdo a su constitución de sociedad con FME: 6726 de fecha 12 de enero de 1996, tiene como objeto social la compra, venta, comisión, consignación, arrendamiento, distribución, fabricación, importación y exportación de todo tipo de enseres, implementos y maquinarias relacionadas con la rama de la construcción civil, agrícola e industrial, portuaria y servicios inherentes a la misma.
En ella se determina ser una sociedad perteneciente al constructor yucateco Carlos Gabriel Medina Millet y su esposa María Teresa Martínez Zapata.
Para el 26 de enero de 2018, Carlos Gabriel Medina Millet solicitó se modificara la representación de su empresa, quedando María Teresa Martínez Zapata como apoderada legal de la misma, otorgándole poder general para pleitos y cobranzas.
Hasta ahí, pareciera tratarse de una empresa bien constituida que incluso cuenta con un record de 60 contratos como proveedor por un total de 832 millones 359 mil 863 pesos entre los años de 2004 y 2017.
Sin embargo, al igual que muchas otras empresas abusivas, Terrasur, S.A. de C.V., cuenta con un negro historial en el ramo de los recursos humanos, al tener la mala costumbre de utilizar prácticas intimidatorias para despedir a sus trabajadores, llevando a cabo acciones de tal bajeza que hasta inventan delitos a sus empleados para no liquidarlos.
De éste sucio proceder quedó constancia en el trato recibido por José Gabriel Estrella Aguayo, quien hasta noviembre del 2011 se desempeñaba como volquetero al servicio de la empresa Terrasur y fue acusado de robo de combustible por la constructora, lo que le valió una condena de 5 años 4 meses en prisión.
De acuerdo a una nota publicada en octubre de 2016, fecha en que se absolvió al volquetero del delito de robo calificado, que también le imputaba el representante legal de Terrasur, Manuel Jesús Tugores Almeida, se pudo constatar de la acusación sin fundamento hecha al ex trabajador, pues nunca se le pudo comprobar el delito de robo.
La nota titulada: “Pasó cuatro años preso por robar $4 mil de diésel: ahora por más dinero ni el Cereso pisan”, pareciera dar justo en el clavo con la situación que ha perdurado por siempre en este nuestro país tan desigual en la justicia social.
Andrés Manuel López Obrador dijo que acabaría con la corrupción y en vez de eso, cada día saltan a la vista más y más casos de dineros públicos desviados, o en palabras más concretas, robados por aquellos que deberían velar por el bien de la sociedad.
Uno de estos políticos deshonestos es Renán Barrera Concha, pero tal como dicta el titular de la nota escrita hace 5 años, a los ladrones de ocasión, de ocurrencia, aquellos que roban unos cuantos miles de pesos, les espera una celda por los próximos 5, 10, 15 años; pero los ladrones de cuello blanco como Barrera Concha y tantos otros, esos jamás pisarán una cárcel.
AM.MX/fm
