MÉRIDA, YUCATÁN.-La corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el beneficio personal del gobernador Mauricio Vila Dosal carece de límites, ya que en enero pasado estrenó cuatro suburvan blindadas, para lo cual pagó cerca de 37 millones de pesos por el alquiler de las mismas, es decir, nueve veces más del valor real de la compra de los vehículos.
Sin embargo, el despilfarro del recurso público nunca lo ha dado a conocer, a seis meses de su aprobación, y lo peor de todo, no hubo una licitación, pues directamente se adquirió de una de las empresas “favoritas” del titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda.
de acuerdo con Sol Yucatám, el arrendamiento de cuatro camionetas tipo SUV es plurianual, por un plazo de 46 meses, que inició en enero de 2021, con una inversión total de 36 millones 920 mil 477.68 pesos, a erogarse en pagos mensuales.
Para sustentar la denuncia de los actos de corrupción protagonizada por Saidén Ojeda y avalada por Vila Dosal, Sol Yucatán cuenta con los respectivos documentos correspondientes al acta de la doceava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la SSP.
El evento se efectuó a puertas cerradas, en la sala de juntas de la subsecretaría de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el 31 de diciembre de 2020.
Dicha reunión fue presidida por el director general de Administración y secretario ejecutivo del Comité, Luis Alberto Pinzón Sarabia, cuyo orden del día contenía seis puntos.
En el cuarto rubro se contempló el “Análisis del documento de justificación para exceptuar el procedimiento de licitación pública para el Arrendamiento Puro para camionetas tipo SUV blindadas modelo 2020 mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
El subsecretario de la Policía Estatal de Caminos, Emilio Fernando Zacarías Laines, explicó que se requiere el Arrendamiento Puro de vehículos blindados para la dependencia a su cargo, con recursos estatales autorizados en el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado.
Recordó que se solicitó la autorización de la SAF, a través del oficio SSP/DGA/1287/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, para la contratación plurianual, considerando los ejercicios fiscales 2020-2024, la cual fue aprobada el 3 de noviembre del mismo año, mediante el oficio SAF/1123/2020.
Según el documento, “el objetivo es dotar a la SSP de vehículos equipados con los más alto niveles de protección, indispensable para llevar a cabo las labores operativas de alto impacto, asimismo, otorgar las herramientas para salvaguardar su integridad física en el desempeño de las acciones en materia de persecución de conductas delictivas”.
Entre “los beneficios” de la licitación destaca una garantía mecánica del automóvil, de defensa a defensa, por dos años o 40 mil kilómetros, lo que ocurra primero, además de ofrecer garantía de blindaje por siete años en los materiales balísticos opacos y tres años en los materiales transparentes, contra deslaminación.
El funcionario abundó que “el arrendamiento de vehículos permite a la dependencia contar con los vehículos que necesita para el desempeño de sus funciones operativas, sin que pudiera afectar la planeación de los demás proyectos de adquisición considerados para el ejercicio fiscal”.
Mencionó que “como es bien sabido, los vehículos blindados tienen un gran costo económico, derivado de que no cualquiera es apto para ser acorazado, por lo que sumado el precio del auto y el costo del blindaje, el hecho de adquirirlos representa una erogación considerable para el gobierno del Estado”.
Precisó que los precios del blindaje de vehículos varían de acuerdo al nivel que se solicite, los cuales dependerán de la capacidad de resistencia contra las distintas armas. Mientras mayor sea el blindaje éste será más seguro, pero también tendrá un valor económico más elevado.
“De igual forma se debe considerar que el desgaste de estos vehículos es mucho mayor que los convencionales, por lo que en un esquema costo-beneficio resulta de mayor utilidad el arrendamiento de estas unidades vehiculares, en contraposición de su compra”, acotó.
Sin embargo, en la reunión nunca dijo que el costo de una vagoneta blindada oscila en 1.5 millones de pesos, y el Ejecutivo erogará por cada una de ellas 9.2 millones, es decir, cuatro veces más el precio.
Por ende, es evidente el saqueo al erario público, además que estas unidades a disposición de Vila Dosal, y no de la policía estatal. Lo peor de todo, fue evidente el favoritismo hacia una compañía, aunque Zacarías Laines pretendió minimizar la problemática.
Anunció que la adjudicación directa tiene como finalidad proteger bienes jurídicos que podrían verse comprometidos de celebrarse una licitación pública, como regla general.
El funcionario indicó que el Ejecutivo local designó al Grupo Turbofin, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) de Capital Variable (CV) como la agraciada para el respectivo arrendamiento.
“Los vehículos objeto del arrendamiento que oferta la empresa están certificados por las normas internacionales y regidos por normas en todos los procesos de calidad”, subrayó.
Pinzón Sarabia destacó que el Grupo Turbofin “cubre las necesidades del gobierno del Estado, desde los aspectos técnicos, económico, financiero, así como de oportunidad y seguridad de los vehículos objeto de arrendamiento.
El presidente del Comité, Jorge Alberto Espinosa Atoche, sometió a la votación de los miembros y se aprobó por unanimidad la excepción a la licitación pública.
SEGUNDA ESTOCADA
El quinto punto se refirió del análisis del documento de justificación para exceptuar el procedimiento de licitación pública para la adquisición de una “solución bajo modelo del Sistema Integral de Georreferenciación de Información Espacial y Labores de Investigación de Seguridad Pública.
El director de la Policía Estatal de Investigación, Carlos Eduardo Flores Moo, explicó que se requiere de la adquisición de dicha solución, con recursos provenientes del Decreto 159/2019, mediante el cual se emite el presupuesto de egresos de Yucatán.
Para ello, Vila Dosal autorizó 22 millones 500 mil pesos, por lo que se consideró que el prestador Vally Tecnologías en Sistemas “es la opción más viable”.
Pinzón Sarabia remarcó que dicha empresa “cumple con los criterios de eficiencia, precio, calidad, tiempo, oportunidad, imparcialidad, honradez y transparencia”.
Destacó la importancia de la respectiva adjudicación, ya que se proyecta una solución tipo llave en mano que permitirá a la SSP el mejoramiento en tiempos, calidad y eficacia de la función policiaca de investigación.
Por ende, se involucran múltiples funciones sensibles de divulgación, tales como unificación de procesos operativos, divididos en diversas fuentes de datos e información.
Mencionó también la gestión del compendio histórico de datos (Back Up) robusto, seguro, altamente disponible, y eficiente, además de la creación direccionamiento de un espacio virtual de almacenamiento de información sensible para funcionamiento del aplicativo.
Asimismo, la autentificación y permisos de espacios y servicios, dentro de la red privada de la SSP, y el establecimiento de perfiles, acreditaciones y permisos a usuarios para accesos a los servicios y la información del sistema.
De igual forma, reingeniería en la arquitectura de datos privados para una alta disponibilidad y administración, además de la integración de licencias y compatibilidad para funcionamiento.
Lo mismo que el establecimiento y configuración de servicios para la vinculación de las diversas fuentes de datos a cargo de la SSP, en una sola herramienta.
AM.MX/fm
