MÉRIDA, YUCATÁN. – En Yucatán predomina una red nacional de tráfico menores de edad para darlos en adopción, algunos de los cuales son trasladados a diversas entidades del país e, incluso, del extranjero, sin el respectivo consentimiento de los padres de familia, ya que los nuevos tutores «invierten» hasta dos millones de pesos con tal de conformar un núcleo familiar.
Desde el Gobierno de Ivonne Ortega comenzó a operar esta mafia de tráfico de niños, siguió con Rolando Zapata y se afianzó con Mauricio Vila Dosal, que ya no sabe qué hacer porque ya se le salió de control.
De acuerdo con Sol Yucatán, el Gobernador sabe que ya no puede acabar con esta trata de menores, pues ya se metieron personas de la política, empresarios, gente de la alta sociedad de Mérida, artistas de talla internacional, como el caso de la actriz Laura Flores.
Yucatán se ha convertido en uno de los Estados como centro de trata de menores. Esto se debe a que, durante años, en los medios de comunicación se guardó silencio sobre el tema, lo que hizo que se afianzara esta mafia y creciera alarmantemente.
La situación es tan grave que ya no se puede parar, sino sólo se puede controlar, como se maneja el narcotráfico, por los millones de pesos que se manejan
Al mismo tiempo, hay una larga lista de personalidades que están en espera de una adopción y, dado que se convierte en un millonario negocio, el titular del Ejecutivo solapa la corrupción que predomina en Yucatán, al mismo tiempo que pisotea la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los infantes son enviados a diversas entidades del país e, incluso, de manera inmediata son trasladados al extranjero, y en muchos de los casos sin el consentimiento de los padres de familia; es más, aun sin concluir el proceso judicial, pues sólo se busca satisfacer la alta demanda.
Ejemplo de ello fue un niño que al día siguiente de su adopción, sus tutores lo llevaron a Francia y actualmente vive en París, muy alejado de sus familiares biológicos.
Cientos de niños sufren las consecuencias de la corrupción protagonizada por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), Teresita de Jesús Anguas Zapata, así como por Arminda Guadalupe Ciau Flores, extitular de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado (FGE), especializada en niños y adolescentes, ya que son entregados a nuevas familias, aun sin concluir el proceso jurídico sobre la situación legal de los infantes.
La disfrazada trata de menores de edad comenzó con Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello, pero debido a la millonaria ganancia que genera, Vila Dosal solapó la continuidad del modus operandi de la mafia integrada por la Prodemefa y la FGE, en lugar de dar una solución y castigar a los responsables.
Para garantizar la entrega de los menores de edad a sus nuevas familias, personal de la Prodemefa manipula los expedientes, falsifica informes de trabajo social y psicológicos, e, incluso, se pone de acuerdo con personal de la FGE para que los infantes sean estipulados como no aptos para declarar, entre otras anomalías.
Con base a estas artimañas, el juez considera que todo está bien y acorde con la ley, por lo que de manera inmediata emite el dictamen a favor de la nueva familia, mientras a los familiares biológicos les ponen numerosas restricciones, con tal de que no puedan apelar el caso.
Sol Yucatán ha expuesto diversos casos de las arbitrariedades solapadas por Vila Dosal, en esta ocasión la víctima es Maribel Noj Montejo, quien desde hace 10 años lucha por sus dos nietos, quienes fueron entregados separados y dados en adopción a familias extrañas, aun cuando sus familiares bien se podían hacer cargo de ellos; lo peor de todo es que el proceso jurídico todavía no concluye.
Incluso, el Poder Judicial de Campeche pidió a la Prodemefa que envíe a dicha Entidad a ambos menores de edad, dado que hay un juicio de por medio, pero hizo caso omiso.
El calvario de su vida comenzó en 2008, cuando su hija se embarazó y se convirtió en madre soltera; en 2011 nuevamente quedó en gestación, pero el papá biológico de ambos niños decidió por fin formar una familia.
Debido a la violencia que prevalecía en el seno familiar y a consecuencia de un pleito callejero, en octubre de 2011 ambos menores fueron trasladados al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) y semanas después fueron entregados a los abuelos paternos.
«Recurrieron a la familia del papá, quien es un hombre violento, pues viene de una familia violenta, y las consecuencias fueron peores para los niños», subrayó.
Debido a que los infantes eran maltratados e incluso tenían desnutrición, en diciembre de 2012 fueron nuevamente trasladados al Caimede y en 2014 fueron entregados a dos familias diferentes, pero ambos vivían en Mérida.
«En Prodemefa me juraron que estaban en el Caimede, luego me dijeron que los dieron en adopción, pero que estaban juntos, y al final me enteré que estaban con familias diferentes, y así llevan siete años».
