CHETUMAL, Q.R.- El recorte presupuestal hecho por el gobierno de la “4T” en todos los rubros existentes, en especial en vigilancia fronteriza, ha dado como resultado fronteras débiles y a merced de la delincuencia. Esas acciones dieron como resultado que las fronteras, en especial la de la zona sur del país, esté en manos del narcotráfico.
Lo anterior., aunado con no contar México y Belice, respectivamente, con una Base de Intercepción Aérea la zona limítrofe queda en manos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, de enero a la fecha se ha logrado asegurar cinco narco-avionetas en tierras mexicanas y otro número similar en el vecino país; aunque las investigaciones siempre han sido abandonadas.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, el país centroamericano no cuenta con aeronaves para persecución de narco-avionetas, pero pese a sus carencias ha logrado incautar importantes cargamentos de droga en los dos últimos años. Esa pequeña nación es paso de las aeronaves procedentes de Colombia y Venezuela, principalmente para que la droga sea cruzada a México y Estados Unidos.
SIN HERRAMIENTAS
A pesar de los aterrizajes de avionetas cargadas con toneladas de cocaína en la zona sur de Quintana Roo, la Base de Intercepción Aérea de la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene acéfala tal y como Sol Quintana Roo pudo comprobar. Empleados dieron a conocer que siguen operando, pero desde sus oficinas. No cuenta con el personal suficiente, ni aeronaves para realizar trabajos de campo, lo que deja indefensa a la región.
Entre los años 2005 y 2010 cuando funcionaba la Base de Intercepción Aérea (BIA) integrada por personal de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al mando de José Luis Coronado, se trabajaba de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Armada de México con acciones contra el narcotráfico que dio como resultado la destrucción de un gran número de plantíos de marihuana, principalmente en extensiones de tierras ejidales de La Unión en la zona limítrofe con Guatemala y Belice, respectivamente.
Contaba con un helicóptero Bell y una avioneta; sin embargo, tras la salida de Coronado asumió el cargo el comandante de apellido Paredes, quien posteriormente huyó por supuestos vínculos con el narcotráfico y a mediados de 2010 esa base quedó a la deriva, sin mando como lo sigue hasta ahora, sin coordinación institucional.
Pese a los constantes aterrizajes de narco-avionetas el personal se mantiene dentro de sus oficinas, los pocos que quedan, ya que la mayoría fueron despedidos el año pasado y al no haber aeronaves para realizar trabajos de campo, simplemente se dedican a la lectura de informes, pero sin resultados.
Esto se debe a que el año pasado, las autoridades que asumieron la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron la renuncia de su personal que aún queda en algunas bases del país, institución que tuvo la flota aérea más importante contra el combate al crimen organizado y que hoy está a punto de vender algunas de las aeronaves.
Y es que el general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue titular de la mencionada dirección durante la administración de Enrique Peña Nieto, dejó el cargo hace unos días. El militar también se desempeñó como coordinador general de Transportes Aéreos Presidenciales durante el sexenio del presidente panista Vicente Fox Quesada.
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la gestión de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía más de 64 aviones y 128 helicópteros para la intercepción aérea, erradicación de cultivos, adiestramiento, transporte y carga. La mayor parte de las aeronaves de ala fija fueron aseguradas a los cárteles de la droga y eran usadas contra los criminales. La matrícula que tenía era XC-AA (aeronave asegurada), además de un número que indicaba el número de aseguramiento.
El año pasado, la FGR ya había puesto a la venta ocho helicópteros tipo Bell. En algunas bases como en Hermosillo, Sonora, ya no hay aeronaves y sólo hay seis personas de servicios aéreos que sólo llegan a checar su entrada y salida, ya que no hay nada que hacer. En la base de Acapulco, quedan entre 12 ó 13 personas; en Chihuahua hay cuatro, y así en Tapachula, en Chiapas, y Chetumal, en Quintana Roo, la misma situación.
Al final del sexenio calderonista, la PGR comenzó una limpia en la DGSA y separó de sus cargos a cientos de servidores públicos que laboraban en tres hangares de la institución ubicados en los aeropuertos de la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, porque no aprobaron los exámenes de control y confianza.
La PGR pidió a la empresa JDA Aviation Solutions realizar una auditoría a la DGSA de la institución, debido a las “graves” anomalías que detectó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). También, despidió a 349 empleados, debido a que no había aviones en los que pudieran desempeñar sus actividades. Se indagó al ex Oficial Mayor de la dependencia, Jesús Naime Libién, quien presuntamente hizo uso de aviones oficiales de manera indebida. Razón por la cual en Chetumal la Base de Intercepción Aérea se encuentra acéfala y es más probable que desaparezca, según pudo averiguar Sol Quintana Roo.
AM.MX/fm
