miércoles, abril 24, 2024

“Exhuman” corrupción de Pedro Joaquín

COZUMEL, Q.R.- A un año de que Grupo Sol pusiera al descubierto el crónico saqueo de las arcas municipales por parte de los exintegrantes del gobierno municipal de Cozumel que encabezó el edil Pedro Joaquín Delbouis, la actual presidenta Juanita Obdulia Alonso Marrufo, confirmó la sangría que asestó su antecesor.

Y es que pese a la inversión millonaria anunciada en su momento por el exalcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, de que el panteón municipal “Mansión de Paz” presentaría una ampliación en su infraestructura, éste en realidad lucía en total abandono.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, la única faena que se llevó a cabo en el lugar, provino, pero de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que el pasado mes de octubre efectuó trabajos de mantenimiento y rehabilitación en dicho recinto de paz, así como en el panteón “San Miguel Arcángel”, en aras de la celebración del Día de Muertos.

Según informó la nueva administración que lidera Juanita Obdulia Alonso Marrufo, en los trabajos participaron dos cuadrillas conformadas por 25 trabajadores del Ayuntamiento, quienes tuvieron el cometido de pintar edificios, rejas y bardas, el retiro de hierbas, corte de maleza y podado de los árboles para que las familias cozumeleñas pudieran presentarles sus respetos a sus seres queridos.

Lo que deja claro que los supuestos trabajos de “ampliación” del panteón municipal, con que Pedro Joaquín Delbouis benefició a la empresa ETASA Construcciones, S.A. de C.V., no en una, sino en tres ocasiones entre junio y septiembre de 2020, no fue otra cosa más que puro desvío de dinero.

El pretexto fue claro, la pandemia que vive el mundo desde el mes de abril de 2020. Por lo que el político nacido en cuna de oro y miembro de una de las “dinastías” más acomodadas de Quintana Roo, no hizo otra cosa con estos contratos que demostrar que no hay salario grande para conformarse con él, ni presupuesto pequeño para no hincarle la uña cuando se es político.

Más aún si a quienes va a beneficiar fueron asociados suyos, como lo son Cynthia Trujeque Torres y Jorge Leonides Chan Canul, propietarios de la empresa ETASA Construcciones, a quienes no tuvo empacho en entregarles un total de 2 millones 140 mil 852 pesos por trabajos “etéreos”.

Y es que bajo el discurso de que los muertos por el virus Sars-Cov-2 tenían que ser cremados o sepultados en fosas especiales, el vástago de Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo entre 1981 y 1987, ha demostrado traer esas ansias de dinero que caracteriza a los políticos de la entidad desde que Quintana Roo era considerado territorio.

Solo hizo falta la llegada de la pandemia del Covid-19, para que se reactivara en él esa otra virulencia llamada corrupción, para otorgar un primer pago por 681 mil 836 pesos con 30 centavos, bajo el contrato número MCO-DOP-RP-AD/01-001-2020 con fecha 17 de junio de 2020.

En éste se puede leer claramente que la empresa ETASA Construcciones, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes ECO080410DZ8, habría sido la ganadora de un concurso de licitación celebrado días atrás.

Sin embargo, las labores de “Ampliación de Infraestructura del panteón municipal”, que el documento contemplaba se habrían de desarrollar entre el 18 de junio y el 1 de agosto de 2020, jamás se llevaron a cabo.

Como tampoco se efectuaron los trabajos descritos en el acuerdo MCO-DOP-FORTAMUNDF-IT/01-002-2020 fechado el mismo día, y que tendrían como fecha de ejecución entre el 19 de junio y el 8 julio de 2020.

Este segundo documento describe como objeto del mismo: La construcción de fosas individuales en la ampliación del panteón municipal “Mansión de Paz”, por las que el sobrino del actual gobernador Carlos Joaquín González, otorgó de manera directa un total de 773 mil 101 pesos con 70 centavos.

No conforme con que ya había entregado más de 1.4 millones de pesos bajo el pretexto de nuevos espacios mortuorios para las víctimas del mortal virus, todavía benefició a la empresa ETASA Construcciones, con un tercer contrato bajo el número MCO-DOP-FISMDF-IT/06-007-2020, con fecha del 9 de septiembre de 2020.

Por un monto de 685 mil 915 pesos con 13 centavos, autorizaba a la ETASA a introducir una red de agua potable en el área de los trabajos descritos en los anteriores contratos, y que habría de haberse llevado a cabo entre el 14 de septiembre y el 12 de noviembre de 2020.

Sobra decir que la obra hidráulica tampoco se llevó a cabo. Por lo que los tres contratos que sumaron entre sí un total de 2 millones 140 mil 852 pesos, prácticamente fueron tirados a la basura, o mejor dicho a los bolsillos de los propietarios de ETASA y los suyos propios.

Cabe mencionar que la supuesta ampliación del camposanto cozumeleño sería un espacio destinado a los restos mortales de fallecidos por Covid-19, quienes por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben de ser inhumados o cremados en sitios especiales para reducir los riesgos de contagio.

Habrá que ver que hará Juanita Alonso Marrufo al respecto en los meses venideros. Una cosa es segura, buscará fincarle responsabilidades, desde que en los días en que eran rivales políticos, no solo recibió de él palabras que calificó como violencia de género, al calificar a la entonces candidata y sus seguidores como “traidores, cínicos, hipócritas y mezquinos, que bueno, que se queden ahí hijos de la chingada”.

Lo que le ganó al exalcalde que buscaba quedarse tres años más en el cargo, que Alonso Marrufo interpusiera una denuncia por violencia de género ante los dichos. Sino que además le reprendió en varias ocasiones otra de las promesas incumplidas del exedil: “¿Dónde quedaron los drones? No cumpliste”, le reprendió, ante el incremento de la inseguridad en la ínsula.

Por sus palabras podría quedar sin duda inhabilitado del servicio público por al menos 5 años. Pero por sus presuntos desvíos de dinero, como los tres contratos “etéreos” aquí citados, Pedro Joaquín Delbouis, podría tener pase seguro a la cárcel.

Todo quedará en manos de Juanita Alonso, si procederá en su contra ordenando una auditoría a fondo en todos los contratos autorizados por el expresidente municipal, o simplemente vendrá a hacer lo que muchos políticos contrarios hacen una vez que toman el poder en sus manos: Proteger al que se fue, bajo la promesa de que el que vendrá la habrá de proteger.

Pruebas del claro saqueo al erario público por parte del exalcalde hay muchas. Una de ellas firmada a través del contrato MCO-DOP-FISMDF-LP/01-001-2021, por el cual destinó 10.6 millones de pesos para obras de pavimentación en la avenida 65 pero que en realidad fueron a parar a sus gastos de campaña, pues las obras permanecieron detenidas hasta pasada la elección municipal.

Otro ejemplo más fue el acuerdo PJ/CJE/SEA/CECOFAMCANCUN/OBRA/17/2019; por 2 millones 316 mil 559.22 pesos, celebrado entre el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y Grupo MC Express en noviembre de 2019, que establecía realizar hasta su total terminación la obra consistente en el desarrollo del “Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo”; con periodo de ejecución de obras del 15 de noviembre al 24 de diciembre de 2019; pero que a la fecha no ha sido inaugurado. Solo les bastó 40 días naturales para desaparecer 2.3 millones de pesos.

Solo investigando a Grupo MC Express, S.A. de C.V., sería suficiente para ver la relación que existe entre el exalcalde y Luis Ángel Monsreal Conde, propietario de Grupo MC Express, pues el empresario yucateco es un buen amigo de Pedro Joaquín, quien le permitió hacerse del dinero del contrato para emplearlo en sus gastos de campaña.

Como olvidar también el paro de labores que llevaron a cabo policías de la ínsula a quienes Pedro Joaquín les falló con los seguros de vida, homologación de sueldos, uniformes y otras promesas que éste les hizo antes de estar al frente del Ayuntamiento.

Pero no solo les falló a los policías del municipio, o a los cozumeleños, también le falló a las bellezas naturales de la isla, pues durante su gestión nada hizo por proteger la biodiversidad de Cozumel, pues al permitir la construcción de inmuebles e infraestructura, tala de árboles para actividades ganaderas, ha provocado una gran presión sobre la flora y fauna de la ínsula.

Encima, Cozumel es el municipio más endeudado per cápita del país y nada hizo para mitigar la deuda. Aunado a eso, está la inseguridad que como en todo el Estado, se ha visto incrementado en los últimos 6 años.

No cabe duda que políticos que vayan y vengan, a todos se les olvida velar por Cozumel y sus habitantes, pues para ellos no hay motor más potente que el presupuesto de la Isla de las Golondrinas, para llevarlo a sus bolsillos.
AM.MX/fm

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