TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Seis de los siete imputados, no asistieron al proceso judicial relacionado con la presunta concesión ilegal de un tramo del Viaducto Bicentenario
Este juicio, impulsado por el abogado Paulo Díez, acusa que el Viaducto Bicentenario, especialmente en el tramo de la autopista federal México-Querétaro, está siendo explotado sin la debida concesión otorgada.
Entre las acusaciones se encuentran la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, asociación delictuosa y usurpación de funciones públicas por parte de servidores públicos. Paulo Díez denunció la inasistencia de los imputados a la audiencia y alegó que es una táctica común de la actual empresa y de la anterior administración del Estado de México.
La demanda argumenta que el Viaducto Bicentenario es una vía de comunicación bajo la jurisdicción federal y solo puede ser explotada por un particular con concesión otorgada por el Gobierno Federal. Según la denuncia, carece de esta concesión pero ha estado cobrando peaje desde 2008.
Según una publicación del periódico español “El País”, los ex secretarios del gabinete mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón, están siendo investigados por presuntas irregularidades en la asignación de concesiones. La investigación indica que Nemer, ex secretario de Gobierno, y Limón, ex secretario de Movilidad, junto con otros funcionarios, podrían ser llamados a rendir cuentas por la entrega de la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa española.
El periódico español menciona que el Juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, decidirá si hay pruebas suficientes para vincular a proceso a estos ex funcionarios y a otros involucrados. La Fiscalía General de la República está llevando a cabo investigaciones que sugieren que la concesión otorgada fue ilegal, ya que el gobierno estatal no tenía el derecho de vía sobre la carretera México-Querétaro donde se construyó el Viaducto Bicentenario.
Se destaca que durante la administración de Alfredo del Mazo Maza, los funcionarios argumentaron la existencia de un decreto de 1983 que entregaba el control de la vía al gobierno estatal, aunque no hay pruebas que respalden esta afirmación. Todo esto podría resultar en la recuperación del Viaducto Bicentenario por parte del Gobierno Federal y la pérdida de las obras realizadas en beneficio de la Federación. Además de imponer penas de prisión según lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Se espera que este juicio arroje luz sobre la legalidad de la concesión y las posibles consecuencias para los involucrados y la infraestructura en cuestión.
AM.MX/fm
