Lilia Arellano
“Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo
usted, es engañar a la gente”: Mariano Rajoy
- SCJ, aclara y se contradice
- Total desconocimiento del actuar policiaco
- Siguen vigentes peligros sobre la población
- Pensionados del ISSSTE, pierden 406 mdp
- Exhibe Santiago Nieto a prensa y gobierno
- Perdones y Ayotzinapa hunden más a EPN
- David Colmenares, nuevo titular de la ASF
Ciudad de México, 16 de marzo 2018 .- Cuando tratan de enderezar lo mal hecho, el resultado es mucho peor. La Suprema Corte de Justicia intentó darle un giro a la interpretación sobre su disposición a las revisiones, señalando que éstas procederán solamente cuando exista una investigación criminal derivada de una denuncia. Sólo que, se tiene el registro de la aprobación de detenciones sin existir denuncia, en flagrancia, dicen. En su tarjeta informativa señalan está permitida la revisión cuando hay una denuncia de hechos, “aunque sea formal” -¿las hay informales?- ante el Ministerio Público o la policía o información directa a los agentes de seguridad. Quedan permitidas las revisiones en dos momentos o situaciones:
La primera, cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se solicita su intervención, es decir si se tratara de un delito flagrante. En este caso el agente puede practicar una inspección solo si tiene una sospecha razonable de que la persona coincide con las características denunciadas o está en ese mismo momento cometiendo un delito que no es apreciable a simple vista, por ejemplo, portación de armas o posesión de narcóticos prohibidos. Dicho y explicado de esta forma los agentes investigadores, duchos y capacitados como se encuentran al igual que los de las otras corporaciones policiacas, ya entendieron.
Puesto en la realidad resulta ser que con el pretexto de una denuncia, sea cierta o falsa –prohibido está decir el nombre del denunciante-, podrán los uniformados aplicar su criterio, caracterizado por ser amplio, respetuoso de la ley y sobre todo harán referencia al porqué de la inspección, del cateo a realizar. Tal y como lo hicieron, por ejemplo, en la casa rentada por un grupo de jóvenes cuya estancia en Cancún obedecía al periodo vacacional: entraron metralleta en mano, revisaron toda la casa, sus maletas, las manosearon, les robaron sus pertenencias y luego difundieron estaban rescatando a un grupo de mujeres secuestradas para, una vez presentada la denuncia de las agredidas por los abusos y el robo cometidos, convertirlas en tratantes de blancas. Su amplio criterio y las “dudas razonables” se los permitieron cuando todavía no existía este mandato de la Corte.
¿Qué tanto se justifica una revisión si la portación de armas ya no es delito? Porque ese renglón también está inserto en la explicación de la Corte al igual que la posesión de narcóticos cuya experiencia habla de la posibilidad de ser “sembrados” en cualquier momento. No existen, y en eso está de acuerdo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumentos válidos para violentar la privacidad, para romper con la dignidad de las personas al llevar a cabo revisiones manuales en su cuerpo y, de esta acción, el ministro Javier Laynez fue suficientemente explícito al referir “debajo de la ropa”. El impacto creado ha sido de tal proporción que obligó a la Corte a intentar explicar el proyecto aprobado.
En la segunda justificación, aclaran, se podrán realizar las revisiones descritas cuando el delito ya fue cometido y la policía y el Ministerio Público inician una investigación y, mire la titánica tarea del policía a cargo: puede aproximarse al individuo para identificarse ante él antes de iniciar una entrevista y, al verificar que se encuentra involucrado en los delitos previamente denunciados, podrá realizar una inspección. O sea ¿una entrevista con vaya usted a saber cuáles preguntas autoriza la revisión? Por un lado está el supuesto delincuente en peligro, pero también está el agente en caso de estar, verdaderamente, enfrentando a un sujeto peligroso.
Con estas dos aclaraciones determinan: “cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será ilegal y arbitraria”. Para el caso de vehículos, la policía únicamente puede pararlos si cometió, por ejemplo, una infracción de tránsito, por lo que si una persona se pasa un alto el agente podrá ordenar que se detenga para multarlo, pero este hecho no autoriza en forma alguna que se pueda realizar una inspección al automóvil o a sus pasajeros.
Con estas exposiciones no queda más que afirmar lo poco o nada que conocen los ministros de su país y de su gente. La detención al violar el reglamento de tránsito ya se sabe, se tiene la experiencia, habrá que pagar una multa por lo que sale sobrando semejante explicación para negar lo ya aprobado en términos más que claros. Al dictaminar la prohibición de revisión o inspección al auto o a sus pasajeros queda claro desconocen lo que ocurre en los retenes, sitios en los cuales se hacen detenciones sin necesidad de pasarse “un alto”.
Aún hay más. Dicen en su aclaración: “quedará autorizada una inspección en una situación como ésta, si al multar al conductor el agente observa o aprecia hechos o circunstancias que lo hagan suponer que en ese momento se está cometiendo un delito. Por ejemplo, si observa que en el asiento trasero hay armas y granadas, o paquetes de droga, o si escucha ruidos poco normales provenientes de la cajuela del coche que hagan suponer que se está cometiendo un delito (por ejemplo, secuestro”. Y todo ello englobado en la comisión de una falta como pasarse un alto ¿y el alcoholímetro? ¿y los retenes?
Aclaran que la Corte en forma alguna permitió inspecciones en las casas o domicilios o inmuebles de los ciudadanos sin orden judicial. ¿Entonces la referencia textual a su dictamen no cuenta? ¿Más de 100 abogados que presentaron inconformidades y se dieron a la tarea de señalar artículos violados están equivocados? ¿Las recomendaciones de la CNDH no escuchadas son falsas?
En un solo punto geográfico del país se tienen ejemplos de estas prácticas sumamente claros: en el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad propiedad de la empresa First National Security ¿existía la presunción de que todos, absolutamente todos los arrendadores eran delincuentes? El trato brindado fue ese y prevalecen en poder de la PGR más de 700 bóvedas de las cuales 300 usuarios han presentado documentación y pruebas de la legitimidad de su contenido y no les han sido devueltas aun y cuando han presentado órdenes del juez para ser entregadas. ¿Bajo cuales leyes se rige la PGR?
Les faltó negar aprobaron que solamente con orden judicial puede romperse el secreto bancario o que no habrá posibilidad de realizar embargos, incautaciones, aseguramientos sin contar con el ordenamiento girado por un juez, con lo cual quedan debidamente protegidos los integrantes de las grandes mafias. Por cierto todo lo exigido tampoco se presentó en las instalaciones de FNS.
La fiesta del magistrado Javier Laynez no duró ni 24 horas y la vergüenza de todos los que aprobaron su proyecto durará mucho, mucho tiempo.
ESPERANZAS FRUSTRADAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tarjeta informativa con el objetivo de aclarar la interpretación al texto del proyecto aprobado en el cual autorizan revisiones, inspecciones a casas, autos y personas, basó los argumentos en los pasos a seguir por la policía para no incurrir en abusos e ilegalidades. Suponemos conocen a fondo la forma de actuar de los uniformados, incluyendo en ello tanto a municipales como estatales o federales y también saben de la gran capacitación recibida para formar cuadros de agentes investigadores tal cual se imparte en el mundo entero.
Es entonces una lástima no cuenten con referencias tan claras como la detención de 92 policías, por ejemplo, detenidos por secuestro. Deben ignorar han sido 10 mil 775 secuestros los cometidos durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que la tasa más alta de este delito se registró en Morelos. Igual información conteniendo delitos cometidos por uniformados se recibe en extorsiones, por la complicidad con las bandas de narcomenudeo, en el robo a casas habitación, por citar solamente unos renglones.
No advierten, por lo que se ve, les han entregado un cheque en blanco a quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad para seguir abusando de los ciudadanos y para la comisión de los delitos ya conocidos y de los que puedan descubrirse en el futuro. Si tan solo hubiese una pequeña disminución en los delitos, si se vieran acciones policiacas efectivas, si dejaran atrás la corrupción de la que no solo forman parte sino es la base de registro más amplia, tal vez y solo tal vez, podría aceptarse actuaran bajo una “duda razonable”, pero ese término no entra sin un buen dinero de por medio en el criterio de los jueces así que ¿valdrá su aplicación entre los matutes?
PENSIONES SALVADORAS
Hace tres años, revela información capturada por un diario de circulación en la capital del país, los de ICA atravesaron por una crítica situación económica. Sus acciones cayeron más de 50 por ciento y las deudas contraídas en dólares, al desplomarse el pese, se multiplicaron. Pero, para los amigos del gobierno, siempre hay soluciones y salvación.
Ni tardos ni perezosos recurrieron a las pensiones del ISSSTE y ordenaron comprar acciones por 400 millones de dólares. El regulador de la Consar examinó la compra y determinó todo estaba en regla pese a la inexistencia de renglones en donde se otorgue la facultad a la directiva de llevar a cabo inversiones de riesgo. O sea, se hizo legal arriesgar el fondo de los trabajadores en compras accionarias de una empresa con un registro próximo de derrumbe.
ICA guarda silencio, los del ISSSTE, también. Pero ya se supo que en 2015 le otorgaron a esa empresa un crédito de 215 millones de pesos por parte de Fintech, cuyo propietario es David Martínez. Se hizo un plan de reestructuración de deuda en donde los acreedores recibirán los montos reclamados pero, los pensionados, verán diluida su participación al 0.02 por ciento. Otro de los muchos “asaltos en despoblado y sobre el dinero de los burócratas”.
La pérdida se calcula en 406 millones de pesos y el engaño continúa al señalar van a “investigar” si hubo mal manejo de los informes y, de ser así, tal vez entablen un juicio en contra de la empresa. Afirman nunca al Pensionissste le había sucedido algo igual e inclusive son los que entregan mejores rendimientos a los trabajadores. Deben ser verdaderamente altas estas entregas al mantenerse en secreto.
DECLARACION SIN DESPERDICIO
Una y otra vez se expuso en estas mismas líneas la serie de dudas sobre la salida del ex procurador Raúl Cervantes y el despido de Santiago Nieto cuando, ambos, habían abordado con mucha seriedad el caso Odebrech-Emilio Lozoya. Sin tener tanta información y mucho menos contar con declaraciones directas de los ex funcionarios, se intuía el fondo: impunidad y evitar el riesgo de la pérdida de registro del PRI al aceptar dinero para campañas políticas provenientes del extranjero.
Santiago Nieto ex fiscal de la Fepade, declaró a The Wall Street Journal fue víctima no solamente del despido sino de amenazas al no aceptar ser sobornado para olvidar el asunto investigado. “Fui un fiscal molesto para el gobierno y me querían fuera”, El caso ha sido suficientemente ventilado y en otros países ha ameritado juicios y cárcel para quienes recibieron sobornos de la constructora brasileña. En México, las acciones se dieron en contra del investigador y hasta ahora, sobre nadie más.
Resulta sumamente vergonzoso se aprecie el miedo de quienes son perseguidos, al tener que recurrir a medios de información extranjeros. Estas declaraciones exhiben la penetración del dinero del gobierno en la línea editorial de la prensa mexicana lo cual provoca un ocultamiento de la verdad inaceptable y un manipuleo informativo deleznable. ¿Será por eso ya no gustan los ciudadanos de leer esos diarios mal calificados como nacionales? ¿Será por eso prefieren no ver noticieros? ¿Es por eso tienen en México un gran éxito las redes sociales con todos sus defectos informativos?
DE LOS PASILLOS
Se desconoce el nombre del “genio” asesor de Enrique Peña Nieto, el sujeto tan especial que encontró en la determinación de la PGR para no validar las acusaciones en contra de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, la fórmula para hacer “ascender” el registro de simpatías en favor del gobernante. Esta exoneración se suma a la otorgada al compañero en los campos de golf del mexiquense, la otorgada a Rodrigo Medina y toda su parentela, compadres y amigos. A la negativa para investigar a fondo la relación de Odebrecht con Emilio Lozoya. Siguen fortaleciendo el manto de impunidad sobre los cercanos al grupo en el poder y con ello terminan por hundir a EPN y arrastran en la caída al designado para su sucesión, José Antonio Meade quien, después de gritar a pulmón abierto la necesidad de debatir durante la inter-campaña, decidió ya no participar ante la ausencia de su fuerte adversario: AMLO…
El tiro por la culata lo están recibiendo por el caso Ayotzinapa; la estrategia para tapar todos los asuntos pendientes por resolver, aquellos en donde han sido denunciados en foros internacionales y para ocultar no haber cumplido con ninguna de las recomendaciones enviadas por Comisiones de Derechos Humanos internacionales dentro y fuera de la ONU, ha resultado totalmente fallida. Si el registro en favor del mexiquense señalaba al principio del año había descendido a un 16 por ciento, lo arrastró Duarte Jaquez y sus tropelías al 15.6. Eso también explica el derrumbe de Meade…
Como si tales asuntos no fueran suficientes, el New York Times, negó haber realizado una encuesta en la cual se muestra a José Antonio Meade como cabeza de las preferencias electorales. En esa falsa difusión se le dan al ex titular de Hacienda nueve puntos de ventaja sobre el tabasqueño. “No es la primera vez que alguien usa nuestra marca para difundir noticias falsas. Por eso pedimos que los lectores estén bien atentos y que acudan a nuestra página para corroborar cualquier información”, aclaró el director del diario Elías López… Otra estrategia para generar percepciones de triunfo falsas y en las cuales el gobierno vuelve al calificativo de mentiroso…
La tarde de ayer en la Cámara de Diputados se validó la designación de David Colmenares como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Oaxaqueño de nacimiento, curso la carrera de economía en la UNAM y se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y fiscales. La votación emitida registró 377 votos a favor, 5 en contra y 64 nulos.
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