Lilia Arellano
“La multitud de leyes frecuentemente
presta excusas a los vicios”: Descartes
México reprobado
Persiste crisis de violencia, inseguridad pública, impunidad y corrupción
Inoperante Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): Fundar
Ha aumentado el desempleo en 25 entidades del país, informa el INEGI
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020.- Sin avances se encuentra México en materia de Estado de Derecho, a pesar de la crisis de violencia, inseguridad pública e impunidad que afecta al país. Andrés Manuel López Obrador ha polarizado a la sociedad, persisten y se acrecientan múltiples carencias, hay injusticia, perdura la impunidad y la corrupción, como reconoce Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta situación también la confirman las evaluaciones internacionales. A escala mundial, México cayó tres posiciones en el ranking global del Índice de Estado de Derecho 2020, realizada por la organización civil World Justice Proyect, con lo cual se coloca en lugar 104 de una lista de 129 países y jurisdicciones. Es, además, uno de los 10 países con mayor impunidad del mundo: en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020, publicado por el Centro de Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México ocupa el lugar número 60 de los 69 países contemplados para el análisis.
En lo interno, nuestra nación padece también una crisis en materia de atención a víctimas de violaciones graves de derechos humanos. El gobierno incurre en omisiones para atender, proteger y reparar integralmente a las personas que sufren actos atroces, debido a que existe una ineficiencia operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). Para Ximena Antillón Najlis, investigadora del centro de análisis de políticas públicas, Fundar, si bien hay un reconocimiento a la crisis en la materia en esta administración federal, existe un desastre en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues persiste la inercia del maltrato y revictimización en el equipo de esa instancia.
La organización civil Wold Justice Proyect dio a conocer el viernes pasado el Índice de Estado de Derecho 220, el cual mide el desempeño del estado de derecho con base a ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Éstos se obtienen mediante encuestas en más de 139 mil hogares y a 4 mil abogados y expertos en el mundo. Este año, el documento señala que en México, la corrupción, la seguridad y la justicia penal, son aspectos que requieren atención.
A escala regional, en la lista de 30 países de América Latina y el Caribe, México está en la posición 26, es decir, sólo están peor Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, y tiene niveles similares a Guatemala y República Dominicana, aunque lo superan. En una escala de 0 al 1, donde 1 indica la mayor adherencia al estado de derecho, México obtiene un puntaje de 0.44, a 103 posiciones de Dinamarca que tiene un puntaje de 0.90 con lo cual encabeza la lista y lo coloca como el país donde hay un mejor Estado de Derecho, seguido de Noruega y Finlandia. En tanto, Venezuela, Camboya y la República Democrática del Congo obtuvieron los puntajes generales más bajos, lo mismo en 2019.
MÉXICO EN EL TOP 10 DE IMPUNIDAD
De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2020, publicado por el Centro de Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México se ubica entre los 10 países con mayor impunidad en el mundo, ocupa el lugar número 60 de los 69 países contemplados para el análisis. Desde que se comenzó a publicar el indicador, hace cinco años, México no ha experimentado un cambio positivo real,
EL IGI mide el nivel de impunidad de los países a través de tres dimensiones: la dimensión estructural cuantifica los recursos físicos, jurídicos y humanos del gobierno para garantizar justicia a la ciudadanía; la dimensión funcional pretende analizar la impunidad “de hecho”, es decir, nos habla de la impunidad desde la manera en que la experimenta la sociedad. Aquí, por ejemplo, uno de los factores contemplados es el porcentaje de personas encarceladas en espera de una sentencia; y la dimensión de derechos humanos, el CESIJ retomó los datos recabados por el World Justice Project.
Según el estudio, existe una correlación directa entre el IGI y la desigualdad económica y social de los países. Es decir, mientras la brecha económica es más profunda, mayores son los índices de impunidad. Además, ahora, las consecuencias económicas por la pandemia de Covid-19 serán perjudiciales para los niveles de impunidad en el país, de acuerdo con los especialistas.
CRISIS EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
México padece una crisis en materia de atención a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. No obstante, el gobierno mexicano incurre en omisiones para atender, proteger y reparar integralmente a las personas que sufren actos atroces, debido a que existe una ineficiencia operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), destacan organizaciones no gubernamentales. La Ley General de Víctimas fue publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue modificada en 2017. A partir de este ordenamiento se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).
Sin embargo, el sistema no ha funcionado de conformidad con las atribuciones y capacidades que le fueron conferidas en la ley, consideran organizaciones que tiene como causa el acompañamiento de las víctimas, como el Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el centro de litigio estratégico de derecho humanos I(dh)eas. Coinciden en que una de las principales fallas del sistema es la ausencia de un plazo para la integración del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), lo cual ha generado una mayor vulnerabilidad de las víctimas, pues su inscripción a dicho registro representa un paso obligatorio para su acceso a las medidas de asistencia y reparación integral previstas en la ley.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se inscribieron a ese registro 8,765 víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de las cuales 42.5% son del ámbito federal. De las 3,728 personas registradas en el ámbito federal, 1,069 son víctimas directas y 2,658 indirectas y un colectivo. De los 5,037 registros del ámbito local incorporados, 3,649 son víctimas directas y 1,388 indirectas. En ese periodo, se iniciaron 893 expedientes en materia de atención a víctimas de delitos. En el área de Asesoría Jurídica Federal se encuentran activos 3,769 expedientes de diferentes materias. Al mes de agosto de 2020, la CEAV emitió 180 resoluciones de acceso a recursos del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) a través de las cuales se atendieron 12,456 solicitudes de víctimas de violaciones de derechos humanos o delitos.
Para las ONGs, una de las deficiencias del sistema es el área de asistencia legal, pues, hasta el año pasado el CEAV contaba con 152 asesores jurídicos para brindar atención y acompañamiento a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos. Cada uno de ellos atendía, en promedio, 105 expedientes o casos. En la defensoría pública de oficio para personas imputadas había 884 abogados. Y esta situación continuará deteriorándose pues habrá menos dinero el año próximo. De acuerdo con el documento “Paquete Económico 2021. Análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades”, realizado por Fundar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, contempla una disminución presupuestal para la CEAV de 2%, en relación al PEF 2020 (36 millones menos) y de 4% en relación al PEF 2019 (71 millones menos).
Por esa razón, grupos de víctimas han dejado de recibir apoyos que, por ley, deberían garantizarles. En cuanto al fideicomiso del Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a cargo dela CEAV, el cual tiene como propósito servir como mecanismo financiero para el pago de reparación integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el PPEF 2021 le fueron asignados 431 millones, lo que representa una disminución de 3.5% respecto a lo aprobado en 2020 (446 millones).
Ante la exigencia de apoyo a esas personas, subraya Antillón Najlis, el Estado mexicano ha respondido con políticas clientelares y de simulación para administrar los problemas y neutralizar sus demandas.
DE LOS PASILLOS
El Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi) confirmó que en 25 estados del país ha aumentado el desempleo, al comparar los datos de agosto de este año con los del mismo mes de 2019. En suma, reportó, bajo desocupación abierta hay 2 millones 800 mil personas en todo el país… Lidera Quintana Roo, donde la principal actividad económica es el turismo internacional. Ahí la desocupación escaló de 3.3% en agosto de 2019 a 8.3% en la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Entre los estados donde más despuntó el desempleo, agravado por la pandemia del Covid-19 siguen Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala y Sonora…. La pérdida de empleos se concentra en los micro negocios y en los pequeños establecimientos… De los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa en abril, se han incorporado alrededor de 7.8 millones al cierre de agosto…
Este martes, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados busca aprobar modificaciones a un conjunto de leyes, como el mecanismo para desaparecer 54 fideicomisos y fondos, entre los de Desastres Naturales, de Inversión y Estímulos al Cine, para el Deporte de Alto Rendimiento y de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y trasladar los recursos que contienen –en marzo había 36 mil 58 millones de pesos- a la atención de la contingencia sanitaria y de la crisis económica, así como financiar parte de los programas sociales del gobierno federal, de eminente corte electoral, ante la proximidad de los comicios federales intermedios del 2021…
De acuerdo con la opinión de Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reforma de pensiones enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados se aparta de lo negociado con el sector privado al propone un control de precios en los servicios de las Afores. “Se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) lo que es absurdo, ya que las comisiones son determinadas por otros países”, publicó en su cuenta de Twitter.
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