Lilia Arellano
“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los
totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”: A. Camus
La ruta del autócrata
Iniciativa presidencial: “manga ancha” a SHCP
Se cubren ilegalidades en manejo presupuestario
Incomprensible y discutible estrategia económica
Puñetazo y sobada con billetiza a cadenas de TV
Ciudad de México, 27 de Abril del 2020.- Conforme avanza su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador evidencia cada día más sus rasgos antidemocráticos, autoritarios, autocráticos y anticonstitucionales. La ruta seguida por el tabasqueño apunta a una dictadura populista y a la Ley de una sola persona, como la única válida para regir los destinos de la República. Indudablemente, todo así lo indica, su intención es la concentración y el abuso de poder, sin los equilibrios constitucionales plasmados en la Carta Magna. El ejemplo más reciente es su iniciativa para dar facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda a fin de modificar el presupuesto a su antojo, e intenta pasar por alto al Poder Legislativo para manejar de forma discrecional las partidas presupuestales, utilizando como pretexto la emergencia económica y sanitaria por la epidemia del coronavirus Covid-19. Le cayo, otra vez, “el anillo al dedo”.
El viernes pasado, AMLO envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para ampliar la discrecionalidad de su gobierno a fin de modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el argumento de atender la emergencia económica por la pandemia de Covid-19, cuando es precisamente el conjunto de acciones tomadas por el Ejecutivo federal las coadyuvantes del crack económico en el cual está inmerso México y se refleja en el cierre de fuentes de trabajo, crecimiento del desempleo, falta de recursos económicos para adquirir la canasta básica y cubrir los requerimientos elementales de las familias mexicanas, así como su negativa en redondo para apoyar a pequeñas y medianas empresas a lograr sobrevivir dictando medidas fiscales emergentes e indispensables.
Por la noche del último día de la semana pasada, subrepticiamente, presentó una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la cual se niega la posibilidad de intervención de los diputados en las reasignaciones presupuestales, las cuales el Ejecutivo debería proponer a la Cámara, debido a la caída de los ingresos petroleros y tributarios. No se explica esta acción cuando López Obrador tiene mayoría legislativa, con los votos de Morena y sus aliados, para sacar adelante cualquier reasignación de los dineros públicos considerada necesaria. La única explicación radica en la permanente necesidad de concentrar poder en su persona, lo cual lo convierte en el caudillo de una revolución negada por medio de decretos presidenciales y no el presidente republicano y el estadista que el país necesita.
De acuerdo a la iniciativa presidencial, se propone adicionar el artículo 21 de la mencionada Ley. Se indica: en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda podrá destinar recursos asignados en el presupuesto a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la administración pública federal (como sus programas sociales de carácter electoral y sus mega proyectos de infraestructura) y fomentar la actividad económica del país, así como para atender las emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. Propone anular las atribuciones de contrapeso de la Cámara de Diputados para el control del presupuesto, pues las dependencias federales podrían realizar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos y traspasarlos a la Secretaría de Hacienda, la cual a su vez llevaría a cabo, unilateral y discrecionalmente, los ajustes correspondientes.
Siguiendo la ruta del pasado, de las acciones provocadoras del hartazgo social por sus abusos, hurtos, malos manejos, entregas patrimoniales, etcétera, se dictan medidas con las cuales se limpian las acciones violatorias de la Ley, se les mete en un marco jurídico con el cual liberan los funcionarios y el propio presidente cualquier cargo en su contra. Esto lo vimos cuando, el gran negocio de las pagadoras y outssorcing iniciado ilegalmente, se transformó en forma de pago legal; con el remate de cientos de casas del Infonavit a los hijos de doña Martita; en el momento en el cual se autorizaron sin ningún límite contratos de operación de la IP con Pemex, cuando estos ya llevaban años operando. Se trata en el presente de darle cauce legal a decisiones sobre fondos públicos ya tomadas e inclusive exhibidas públicamente como es el rumbo dado a fondos de remates, ahorros, subastas, ahorros y hasta dinero de quienes enfrentan procesos penales sin concluir.
El presidente no solo busca su protección futura así como la de funcionarios seleccionados por su obediencia sino se justifica con la existencia una afectación en la economía originada por la baja en el precio del barril de petróleo, y la paralización de las actividades productivas, cuando fue el mismo titular del Ejecutivo quien puso prácticamente todas las manzanas presupuestarias en la canasta petrolera y son sus acciones de contención social y de las actividades productivas las que han intensificado la crisis económica del país.
DISCRECIONAL MANEJO DEL FONDO METROPOLITANO
Además, la iniciativa de AMLO propone un artículo transitorio para orientar los recursos del Fondo Metropolitano a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad. Sin más, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aceptó la desaparición de dicho fondo: “Entiendo que todo esto de los fideicomisos, los fondos, el objetivo pues es que no quede este recurso disponible para el siguiente año”, señaló y aseguró los proyectos con sus recursos en 2020, con los cuales se han edificado vialidades, puentes e infraestructura de transporte público, continuarán, pero no dijo cómo.
Diputados de oposición rechazaron la intención del gobierno federal de contar con el Fondo Metropolitano y manejarlo discrecionalmente. Esta bolsa cuenta con 3 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero según la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, Pilar Lozano, podría contar con 8 mil millones de pesos debido a subejercicios. La legisladora de Movimiento Ciudadano manifestó: “la mayoría en la comisión estamos molestos, porque no nos parece correcto. Estamos de acuerdo que se apoye el Fondo Metropolitano para lo que estamos viviendo, pero no en que el recurso se vaya a los programas sociales como Bienestar”.
La iniciativa presidencial fue recibida con total rechazo por los diputados federales de oposición, quienes acusaron al presidente de pretender dar facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda para modificar unilateralmente el presupuesto, acción la cual calificaron de inconstitucional y autoritaria. Acusaron a López Obrador de pretender pasar por alto al Poder Legislativo para mover a su antojo las partidas presupuestales, tomado como pretexto la emergencia económica y sanitaria por la epidemia de coronavirus.
De la banca panista salió la reacción más fuerte contra esta iniciativa. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de Acción Nacional en la Cámara baja, acusó “es un paso a la dictadura y ley de una sola persona”, y consideró es intransitable la adición de un artículo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quitar facultades a la Cámara de Diputados. Destacó el único órgano facultado para aprobar y modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación es la Cámara de Diputados, de acuerdo al Artículo 74 de la Constitución,
Hicks planteó: “si el presidente tiene una propuesta de modificación al presupuesto que envíe al Congreso su iniciativa de reforma para ser discutida y aprobada por los diputados”. Y acotó no pueden aprobar una iniciativa que claramente busca brindar una potestad absoluta de reasignación del gasto público al Ejecutivo federal. Externó su preocupación porque el titular del Ejecutivo evidencia una actitud antidemocrática que atenta contra las facultades y la autonomía del Poder Legislativo. “El presidente no puede convertirse en el gran legislador por decreto. Es una afrenta a la democracia y división de poderes”, puntualizó.
DE LOS PASILLOS
La pandemia del Covid-19 está teniendo grandes impactos en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país. De acuerdo al sondeo del Observatorio Pyme de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el 48.5% de los participantes considera será necesario un recorte de personal en su empresa en las próximas semanas. Muchas empresas están pasando situaciones complicadas en cuanto al pago de nóminas, de rentas e incluso de la compra de productos, debido a que no hay demanda de servicios ni de mercancías, y las medidas anunciadas por el gobierno federal realmente no ayudan mucho…
Es tan poco clara la estrategia presidencial presentada a través de las redes, en un video grabado por López Obrador que no llega a tenerse la certeza del apoyo ofrecido a 70 millones de mexicanos, o sea se cree se suman los niños, cuando los beneficios deberían marcar el número de jefes de familia; se dice que si pero que no a 30 millones ubicados dentro de la clase media; no se dejan dudas sobre los efectos de la puesta en marcha del T-MEC con lo cual la clase alta, las empresas e industrias gigantes, las mecanizadas hasta lograr manufactura con tecnología y no con mano de obra humana, seguirán ganando…
No cuidar las formas y por si fuera poco llevar a cabo acciones rechazadas totalmente, criticadas a profundidad, son renglones descuidados por funcionarios y por el propio AMLO. El uso de las televisoras, por ejemplo, para dar a conocer alertas e informaciones sobre el curso de la pandemia y pagar por el uso de esos tiempos y espacios es aceptable puesto que no todos los mexicanos cuentan con Internet, celulares, formas de mantenerse debidamente informados. Lo malo es exhibir a los cuates y darles prioridad y asignarles porcentajes mucho mayores a los del resto de participantes, sobre todo si lo prevaleciente es la amistad y no la audiencia, independientemente de haber afirmado no se usarían esos medios, no se les pagaría porque para eso estaban las “benditas redes sociales”. De ninguna manera está mal asegurar los planteles escolares, lanzar una convocatoria, evitar la asignación directa, otorgarle el contrato a quien presentó los precios más bajos y una mayor cobertura. Lo inaceptable es llevar a cabo esta contratación cuando los planteles están cerrados y habrán de pagar tres meses de primas de seguro sin la existencia de peligro alguno para estos inmuebles.
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