martes, diciembre 3, 2024

ESTADO DE LOS ESTADOS: Guerra sucia, corrupción y violencia

Lilia Arellano.

 

 

“Una nación sin elecciones libres es una nación sin

  voz, sin ojos y sin brazos.” – Octavio Paz Lozano

 

 

  • Guerra sucia, corrupción y violencia
  • 1 de julio: López Obrador con todo para arrasar
  • Anaya y Meade siguen peleando segundo lugar
  • Crimen organizado pretende influir en comicios
  • Guerra sucia del PRI contra AMLO, destaca NYT
  • Descomposición pega a credibilidad: L. Córdova
  • Morena empuja el voto vertical en Quintana Roo

 

 

Ciudad de México, 26 de junio de 2018.- Un par de días más y terminará la etapa de campaña. No habrá más anuncios en las televisiones o en el radio o de los oficiales y pregrabados en las redes. Sin embargo, éstas últimas continuarán haciendo revelaciones y sin duda permanecerá la guerra sucia. Manejando los ataques como información del día se verá de nuevo destrozar pasados, presentes y futuros de los candidatos. El blindaje, el cuero duro y el voto sólido solamente parece tenerlo AMLO, tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya no se han visto muy inteligentes en sus respectivas defensas, ni siquiera han logrado luchar por recuperar su imagen, tampoco han aclarado debidamente todos los señalamientos y, si han resultado incapaces de protegerse y defenderse asimismos, ¿podrán hacerlo por toda una Nación? Se han visto los bandazos en publicaciones extranjeras y éstos solamente pudieron darse en contra de sus propios editoriales cuando se han adquirido espacios para impresión, no así la línea editorial anteriormente mostrada.

 

AMLO ya ha visto venir y llegar todo tipo de ataques y guerras y si bien no puede decirse ha salido totalmente bien librado, sí lograron se volcaran sobre su figura millones de ciudadanos buscando el porqué de tanta insidia, rencor, miedo. En los cierres llevados a cabo durante los últimos días se ha visto nerviosos a los tres candidatos, cada uno con sus propias razones. Meade y Anaya o Anaya y Meade al saberse impotentes para alcanzar al tabasqueño pese a los esfuerzos y estrategias hechas para lograr, en principio, situarse en un segundo lugar y luego ir tras el triunfo. Nada les cuajó. López Obrador ha visto la cargada para ese “Día D”, para la jornada sin freno para la realización de fraudes, como ha sucedido a partir del 2006 y de lo cual se tiene el ejemplo reciente de los resultados en el Estado de México. Dicen se requiere de un voto sin discusión mayoritaria porque de otro modo se multiplican las formas de no hacer valer la voluntad popular y la disposición de un escenario “tope en lo que tope”, no ha sido descartada al estar en juego elementos que van más allá, inclusive, de los negocios y el dinero.

 

Es así que la guerra sucia y la violencia han caracterizado al actual proceso electoral. Destacan sobre manera los ataques al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,  en los medios de comunicación social y en redes sociales. Es evidente el uso del poder y de los recursos del gobierno, particularmente los órganos de administración y procuración de justicia y los órganos electorales, aprovechados por el PRI para intentar cambiar las tendencias electorales rumbo al 1 de julio. Pero todo parece indicar, ha dado resultados infructuosos. Las tendencias están ahí y el espectro político del país tendrá un cambio de 180 grados. El PRI será derrotado contundentemente, compactado a tercera fuerza electoral, como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia; Morena se consolida como primera fuerza política del país, con la Presidencia y la mayoría del Congreso, y también la mayoría de los gobiernos en disputa;  el PAN se alista a ser partido bisagra en las cámaras de Diputados y Senadores y en congresos locales.

 

El telón de fondo de este proceso electoral federal y local es la violencia. El pasado mes de mayo se dio la prueba más contundente de este hecho, al alcanzarse el nivel más alto de homicidios en la historia contra candidatos de diversos partidos. Esta violencia pone en riesgo la paz y gobernabilidad del país, sobre todo en territorio con mayor presencia de cárteles criminales y en donde es notoria la debilidad institucional. Así se observa en entidades como Guerrero, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guanajuato, donde la línea entre la delincuencia organizada de cuello blanco y los cárteles es muy difusa. En 417 municipios del país, un total de 120 políticos (en funciones y candidatos a cargos de elección popular) han sido ejecutados, sin importar su filiación política, pues las víctimas de comandos armados son tanto del PRI y sus aliados PVEM y PANAL, como del PAN, PRD, Morena y sus satélites.

 

Las ejecuciones no se restringen a un partido o coalición. La finalidad de esos ataques a precandidatos o candidatos a cargos de elección popular es garantizar el control territorial mediante posiciones políticas que les permitan tener incidencia en las políticas de seguridad, señalan los expertos. A pesar de las reiteradas declaraciones de funcionarios de los tres niveles de gobiernos en el país, los grupos delictivos se están convirtiendo en factores decisivos de los comicios federales y locales. Esto es evidente por ejemplo en Guerrero, donde se ubican el mayor número de municipios con problemas de violencia de impacto político: Tixtla, Chialapa, Tlapa de Comonfort, Coyuca de Benítez, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión, General Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajucitlán del Progreso, Arcelía, Leonardo Bravo, Tlachapa, Apaxtla, Cuetzala, Zirándaro, Teoloapan y Cocula. En esta entidad, al menos 10 grupos delictivos mantienen disputas por el control territorial de las zonas de cultivo de amapola y el procesamiento de goma de opio en heroína., lo cual ha sido denunciado hasta el cansancio en estas mismas líneas.

 

Una compleja problemática de violencia se registra también en Tamaulipas, donde los enfrentamientos entre los cárteles de Los Zetas, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo impactan las actividades electorales en diversos municipios, como Nuevo Laredo, donde se han reportado más de 110 homicidios de presuntos delincuentes, civiles inocentes y autoridades. Otros municipios con estos problemas son San Fernando, Valle Hermoso, González, Mier, Padilla y Reynosa. De nada ha servido, está suficientemente visto, la permanencia del Ejército y de los federales, no por lo menos en cuanto a garantizar la seguridad ciudadanas, ha sido útiles para demostrar la incapacidad del gobierno, para subrayarla, para establecer claramente no existe una gruesa línea que divida a unas organizaciones criminales de otras con el cuello muy blanco.

 

Michoacán y Morelos no se quedan atrás. En la tierra de los Cárdenas las confrontaciones entre los cárteles de La Nueva Familia Michoacana, La Nueva Empresa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células de Los Caballeros Templarios, Los Viagras o H-3, impactan en los municipios de Apatzingán, Uruapan,  La Piedad, Tarímbaro, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y la Huacana. Y en Morelos, los cárteles de Los Rojos y Los Ardillos impactan en diversos municipios y evidencian el vínculo entre autoridades municipales y organizaciones delictivas: Puente de Ixtla, Temixco, Tlatuiltenango, Tlatizapán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río y Amacuzac. Y de ahí podemos seguir a muchas otras entidades en donde el escenario es muy parecido, similar, casi igual y tanto en lo referente a la cosecha, como a las facilidades de traslado o por haberse constituido ya en plazas en donde la venta de estupefacientes represente otro gran negocio y muy local.

 

GUERRA SUCIA

 

El juego sucio del PRI en esta elección fue el tema central de un reportaje publicado este lunes en The New York Times, en donde denuncian los priístas hacen uso del poder y de recursos del gobierno, así como de instituciones oficiales, para intentar cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Esto ha evidenciado el débil Estado de Derecho prevaleciente en el país y el deseo de hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Entre éstas dependencias destaca la Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo de un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán- desde donde se montó una embestida en contra del candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, sin ofrecer las evidencias de sus presuntos crímenes, según señala la publicación. También en este contexto sobresale el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde donde se han tomado polémicas decisiones que han marcado la campaña.

 

La PGR anunció en febrero una investigación contra Ricardo Anaya, pero a la fecha no ha presentado cargos ni mucho menos evidencias de los presuntos delitos que se le imputan, lo cual ha despertado quejas de que su única pretensión era influir en los resultados electorales. A su vez, el Tribunal Electoral rechazó dos auditorías de gastos indebidos del PRI, y revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos. Además, permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, cuya finalidad se presume era restarle votos a la oposición al PRI. Al mismo tiempo, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras se ha elevado el gasto público destinado a incidir en las elecciones.

 

De acuerdo con un reciente estudio del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012. En tanto, las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) involucran fallas en su responsabilidad de garantizar y salvaguardar la integridad del voto. Un caso destacado es el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien para conseguir estar en la boleta como candidato independiente entregó casi 900,000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía con los requisitos para ser candidato. No obstante, los integrantes del TEPJF revirtieron la decisión al considerar que El Bronco no recibió un trato justo.

 

Otra muy cuestionable decisión del TEPJF fue relacionada con el uso de tarjetas prepagadas y entregadas a los votantes. Según la ley, estas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos; una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron beneficios a cambio de su voto. Esto ha sido comprobado en las últimas elecciones, donde se registraron irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos, lo que pudo haber invalidados esos comicios. Pero, antes de que esto sucediera, el TEPJF descartó las auditorías y las consideró inválidas.

 

El pasado mes de septiembre, los consejeros electorales anunciaron regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. También declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales. No obstante, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de ser iniciado, por el mismo tribunal electoral. Estas decisiones ya han tenido un efecto en la elección, particularmente al permitir no sea monitoreado el gasto en campaña. Así, y sin que suceda nada, los gastos totales en los principales programas sociales se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

 

El PRI ha utilizado una serie de estrategias mediáticas, a las instituciones de procuración de justicia y a órganos judiciales por ellos controlados. En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, a quien acusó de lavado de dinero y después difundió un video del abanderado panista en las oficinas de la Procuraduría, en un claro intento de degradar su posición como candidato presidencial. Estos esfuerzos fueron denunciados no sólo por los dirigentes del PAN y del PRD, sino incluso por académicos, empresarios y activistas y ex funcionarios, quienes exhortaron públicamente al presidente Enrique Peña Nieto a  dejar de intervenir en las elecciones.

 

CORRUPCIÓN PEGA A CREDIBILIDAD

 

Los niveles de corrupción impactan en la credibilidad de la democracia mexicana. El desfase en la construcción del sistema electoral y el Sistema Nacional Anticorrupción ha provocado que hoy la corrupción y la impunidad sean problemas fundamentales en México, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Para hablar de democracia, dijo, no basta con tener un sistema electoral sólido, sino que se requiere fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. “En México, lamentablemente estamos entrampados en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción”, subrayó.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron trabajar de manera coordinada y compartir información para combatir, investigar y sancionar el desvío de recursos públicos a campañas electorales. “Nuestro propósito es contar con un mecanismo de colaboración ágil que facilite el intercambio de conductas irregulares detectadas durante la fiscalización realizada por el INE o bien durante las llevadas a cabo la ASF”, explicó Córdova.

 

Al fiscalizar a los partidos y candidatos, el INE ha detectado diversos esquemas de triangulación de recursos y empresas fantasma que pueden involucrar dinero de entes públicos y gubernamentales, detalló el consejero Ciro Murayama. También la ASF al revisar la Cuenta Pública de municipios, entidades y dependencias gubernamentales ha detectado desvíos de recursos que pudieron ir a financiar, de manera ilegal, campañas electorales. Un ejemplo de esto es el caso de la empresa Asismex, el cual sancionó el INE a principios de este año, donde se acreditó esa firma, la cual depositó pagos a representantes de casilla de todos los partidos en 2012, formó parte de un esquema de empresa fantasma utilizada el gobierno veracruzano de Javier Duarte para desviar recursos.

 

Además de compartir información, el convenio con el INE implica la capacitación de funcionarios de ambas instituciones, detección de modos de operación para desviar recursos a campañas, así como diseñar medidas que erradiquen y prevengan esas prácticas, señaló el titular de la ASF, David Colmenares. Y, sin embargo, la desconfianza existe porque “la burra no era arisca, sino la hicieron elección tras elección”, ¿o no?

 

ANDANZAS CARIBEÑAS

 

El Partido Morena se alzará como el gran triunfador de las elecciones en Quintana Roo al conseguir llevar un número mayoritario en favor de AMLO, pero también conseguir las senadurías, tres de cuatro diputaciones federales y, por lo menos, 6 de los once municipios. El miércoles, como ya es sabido, concluye la etapa de campaña de los candidatos, en Quintana Roo se votara para elegir diputados federales, senadores y presidentes municipales. En Yucatán, se agrega la figura del gobernador, curuleros locales y presidentes municipales y en Campeche la de legisladores locales, municipios y juntas municipales. López Obrador estará en el Caribe el día de mañana, los otros dos candidatos, Meade y Anaya, al parecer no contemplaron en sus cierres a la península yucateca, lo cual no sorprende al percatarnos no hubo ni siquiera la más mínima mención al renglón turístico durante sus tres debates.

 

AMLO ha solicitado voto vertical para Morena y puede ser se lo otorguen, depende de los criterios individuales apoyados en la información con la cual se cuente y sea esto sano para conseguir un Congreso a modo. Aunque tal vez no lo es tanto porque permite también la toma unilateral de decisiones, lo cual nunca se ha considerado prudente ni democrático. Ahora bien, la experiencia nos dice existe una compra de voluntades, de sufragios aún en esos recintos en donde los salarios que se perciben son infinitamente mayores a los ingresos de quienes son permanentemente señalados con índice de fuego por hacer exactamente lo mismo, vender su voto.

 

Pero, en lo relacionado con la autoridad más cercana, con las alcaldías, si merece la pena ir más allá de la solicitud planteada por  cualquiera de los candidatos. Es el ayuntamiento y quien lo encabeza lo más cercano a los ciudadanos, la autoridad cuyo objetivo debiera atender prontamente los problemas y no seguir abdicando, como lo han venido haciendo, de sus más elementales obligaciones. De ahí se saquen algunas conclusiones de acuerdo con las últimas cifras de encuestadoras serias. Todo apunta a ser inalcanzable el número de sufragios con los cuales cuenta Mara Lezama, por lo tanto, pudiera ser logre el objetivo de ocupar la alcaldía sin tener que recurrir a ningún tribunal.

 

Hasta el fin de semana cuatro puntos llevaba Cristina Torres de ventaja a Laura Beristaín, quien se sacó al conejo de la chistera al perfilar a Chano Toledo –padre- como síndico. La pretensión es sólo una, captar las simpatías supuestamente mantenidas por los Toledo a fin de cerrar esa brecha. Pudieran ser estas elecciones, las de Solidaridad, las que llevarán a tribunales la decisión final. El golpe de llevar a Toledo padre a la planilla fue sin duda estratégico, aunque bastante condicionado y muy caro.

 

Morena y su candidato Hernán Pastrana dominarán en Othón P. Blanco; doce puntos separan a Perla Tun de Pedro Joaquín, y a decir verdad no son tantos como los caciques isleños hubiesen deseado; en Carrillo Puerto pudiera ganar la alianza del PAN-PRD, aunque con sólo tres puntos de diferencia le pisa los talones el PRI. En Tulum esta un empate técnico de menos de un punto entre las alianzas del PRI y del PAN. Morena y el PES están sumamente alejados. Bacalar no será tampoco una pera en dulce al estar solamente a tres puntos de distancia los de la alianza sin sentido y los morenistas.

 

José María Morelos también apunta a mantenerse con la alianza que llevó a Carlos Manuel Joaquín González a la gubernatura. En Isla Mujeres, el PRI y Juan Carrillo arrasan y la reelección es ya un asunto suficientemente cantado. La disputa en Puerto Morelos se da entre el PRI y morena y nada hay escrito cuando la diferencia es de apenas si un punto. Los de Lázaro Cárdenas han decidido volver a votar por el PAN ante los errores cometidos por el PRI en pasados trienios, pero el abandono del gobierno estatal en momentos de auténtica emergencia puede generar el voto de castigo y en mayoría.

 

Los votos en cascada en favor de AMLO no hay quien se los quite, alcanza casi al 50 por ciento. Igual sucede con los del Senado y en cuanto al distrito uno hay tres puntos de diferencia por debajo de la coalición PAN-PRD; en el dos se presenta el mismo fenómeno, aunque habrá de resaltarse el crecimiento de la Teissier por encima de quien se ha dicho experto operador político, Miguel Ramón Martin, ex alcalde de Solidaridad. Los distritos tres y cuatro no tienen otros destinatarios que los de Morena, Jesús Pool y Mildred Ávila.

 

Así pues, todavía no hay nada definitivamente escrito porque un lado de la moneda son las encuestas, otro las percepciones y al final solo su voluntad y esa es la que debe prevalecer. El gran empujón, el que puede hacer que todo cambie, lo dará AMLO hoy cuando cierre campaña en una zona nunca antes visitada por el actual mandatario, a quien le aconsejaron sus asesores llevar a cabo todas las reuniones y visitas a Cancún en la zona hotelera. Blindarlo fue la consigna y todavía no se sabe si de los malosos o del pueblo o de sus funcionarios o de si mismo.

 

DE LOS PASILLOS

 

A más tardar este miércoles se presentarán 35 amparos colectivos en 14 entidades de la República en contra de los decretos de reservas de agua, porque dan prioridad a quien primero solicite la concesión de agua y no a quien tiene uso preferente de acuerdo con la Constitución… La Central Campesina Cardenista anunció que junto con otras organizaciones el jueves realizará protestas en toda las sedes del país de la Comisión Nacional del Agua porque los decretos violan la Constitución en diversos artículos… La base de los amparos es cuestionar que al levantarse las vedas, el recursos que se pone a disposición de las concesiones, será en primer lugar a quien primero lo solicite y no se toma en cuenta la prioridad de ejidos y comunidades que establece la Constitución…

 

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