Lilia Arellano
“Quien hizo la ley hizo la trampa”: refrán español
⦁ Sobrerrepresentación, vital para el “Plan C”
⦁ Oposición impugnará agandalle de Morena y sus aliados
⦁ Exoneran al Ejército de culpa sobre el caso Ayotzinapa
Ciudad de México, 23 de julio de 2024.- El régimen presidencial mexicano evolucionó en esta administración federal a una autocracia dominada por un solo personaje: el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, en el ocaso de su sexenio, con la concentración del poder en sus manos donde no existe responsabilidad política ni mucho menos control del gobierno, incluso para la próxima administración federal que encabezará Claudia Sheinbaum, la sobrerrepresentación parlamentaria es un enorme peligro para lo que queda de nuestra democracia mexicana. Está en juego la preservación del régimen democrático y la división de poderes con la conformación del siguiente Congreso federal.
A fin de aprobar cualquier reforma constitucional sin necesidad de negociar con la oposición, el autoritarismo lopezobradorista requiere contar con la mayoría calificada en el Congreso federal. Por ello, su prioridad es resuelva la autoridad una eventual sobrerrepresentación por arriba del 8 por ciento para Morena y sus aliados. Ante esta abierta intencionalidad del oficialismo, la oposición anunció impugnará la asignación de diputados de representación proporcional determinada por el INE en el mes de agosto
El Instituto Nacional Electoral debe establecer el número de legisladores plurinominales tanto en la Cámara de Senadores y la de Diputados, tras resolverse las impugnaciones derivadas de los comicios del 2 de junio. La máxima prioridad del presidente López Obrador es alcanzar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, 334 de 500 curules, por ello ejerce todo tipo de presiones al INE y al Tribunal Electoral, Obtener este número de curules les permitirá, coloquialmente hablando, hacer lo que les venga en gana. Sus aliados aportan para este logro y con ello demuestran su inexistencia como opositores. Un PT inservible, cuestionados sus líderes y las cónyuges de éstos, un Verde entregado a los negocios y un Movimiento Ciudadano al cual se le permite a su gobernador continuar enriqueciéndose a través de un despacho fiscal, consideran “la tenemos hecha”.
A pesar de aparecer como regla constitucional los impedimentos para la sobrerrepresentación y tomando atribuciones que no le corresponden, el pasado 5 de junio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, calculó y difundió una estimación de curules que se otorgarían a Morena, PVEM y PT, el 74 por ciento de la Cámara baja, casi 20 puntos por encima de la votación obtenida: 54.7 por ciento, según los cómputos distritales del INE.
Los consejeros electorales del INE deberán de decidir la cuestión de fondo de la sobrerrepresentación, pero están divididos en dos bloques: los seguidores de Guadalupe Taddei Zavala, quienes son proclives al oficialismo; y del otro lado los consejeros quienes buscan impere el respeto irrestricto al orden constitucional y a las leyes electorales. En un lado aparece la mano extendida para darle protección a los suyos dentro del INE; en el otro lado está una espada de Damocles con uniforme al estilo SAT y los esquemas de “investigación” seguida hasta a sus familias. O sea, de que va, va, “haiga sido como haiga sido”.
LÍMITES AL PODER
Legislativo y Judicial de una y muchas otras formas se convirtieron en un freno para el ejercicio de un poder absoluto. Hoy, la oposición, otrora poder presidencial, escuchó y aprobó reformas propuestas por los llamados “de izquierda” y así surgieron agrupaciones independientes y autónomas y otras dependencias encargadas, inclusive de transparentar gastos, números, al igual que contar votos y caminar por un camino rumbo a una total transparencia. Hoy, todo eso está cancelado y las reelecciones se dan en el seno del partido cuya bandera para su defensa de ejercicio democrático era la no reelección: el PRI, y en el propio PAN siguen moviéndose en razón de intereses personales, igualito a Morena con AMLO a la cabeza. El juego es el mismo y el cambio es el gran ausente.
Considerando el fondo jurídico del tema, Arturo Zaldívar hizo su aparición volviendo a mentir: “En el Reino Unido, el partido Laborista obtuvo el 34 por ciento de los votos (y) con eso va a tener el 64 por ciento del Parlamento”. El ex ministro defensor de la reforma judicial de la 4T no mencionó que el sistema electoral británico es un sistema puro de mayoría, es decir, es un sistema que privilegia los triunfos individuales de cada legislador por encima de los votos en general de cada partido político. Además, el sistema electoral británico es un régimen parlamentario contrapuesto al presidencial mexicano, lo cual vuelve radicalmente distinto el escenario de un Congreso con mayoría absoluta, por la existencia de mecanismos de control del poder. La mentira va por delante en todos los temas y la pronuncian la inmensa mayoría de integrantes morenistas.
Los expertos constitucionales y los dirigentes y legisladores del PAN y del PRI acusan al Ejecutivo federal de presionar mediáticamente al INE. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la semana pasada, Alcalde Luján acusó a la oposición de alegar la sobrerrepresentación para evitar a la coalición Juntos Hacemos Historia la obtención de la mayoría calificada y no puedan realizar reformas constitucionales, como la del Poder Judicial. Exacto, ese es el fin, es llevar a cabo el famoso Plan C presidencial.
DE LOS PASILLOS
¿Quién realmente manda en el país?, es una cuestión en el aire al contemplar la defensa irrestricta del Ejército por parte del presidente la cual va, desde la protección al general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien en octubre del 2020 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA), pasando por el empoderamiento de las Fuerzas Armadas a quienes se les dio el control de puertos, aeropuertos y obras magnas prioridad de la 4T, hasta ahora con la entrega del primer reporte a los padres y madres de los jóvenes en el que, a 10 años de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, el mandatario exculpó al Ejército mexicano de su presunta participación en el crimen ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. El documento, con fecha del 8 de julio de 2024, fue entregado en medio de reclamos en contra del Ejército por ocultar información relacionada con el caso. En el texto, López Obrador reconoce el Estado tuvo responsabilidad en el crimen, no obstante, defendió que hasta ahora no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala.
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