Lilia Arellano
“La verdad es poderosa y
prevalece”: Sojourner Truth
Investiga PJF presiones a jueces
Casos: Lozoya, “Estafa Maestra”, Tren Maya, AIFA, leyes energéticas
DEA: CJNG y CS corrompieron Ejército y políticos; trafican fentanilo
Guerra al narcotráfico impacta campañas de México y Estados Unidos
Ciudad de México, 13 de mayo de 2024.- Durante este cierre de sexenio se ha intensificado la confrontación entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Desde la tribuna mañanera del Palacio Nacional, el presidente utiliza todos los recursos del Estado para atacar a sus “adversarios” y exhibirlos. Sin importar el marco regulatorio, no duda en recurrir a la presión directa, a la violación de las leyes vigentes, a la utilización de las dependencias a su cargo, al tiempo de los funcionarios que las encabezan. Nada parecía detenerlo. La aplicación de la ley es valida para atacar a sus “enemigos” y proteger a los amigos. Pero en México, afortunadamente, aún existe un marco constitucional regulatoria de la vida política del país el cual a pesar de ser vulnerado se mantiene vigente, y el mandatario se entrampó con el Poder Judicial.
La gran cantidad de asuntos pendientes en el Poder Legislativo se quedaron ahí y es difícil salgan. La estadística no miente: de siete mil 410 iniciativas presentadas por los siete grupos parlamentarios de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, sólo 171 se convirtieron en decretos de ley, lo cual representa apenas un 2.3% del total, y los legisladores federales, así como los estatales, en los asuntos constitucionales que les competen, se dicen satisfechos. No hay mucho material para estar felices. La canoa legislativa sólo se inclinó al lado del interés del inquilino de Palacio Nacional en la primera parte del sexenio, pero en la Segunda se le metió freno de mano, sobre todo en los asuntos constitucionales.
A unos días de cerrarse las campañas presidenciales y en el ocaso del obradorato, investigan a fondo una “denuncia anónima” presentada en contra de Arturo Zaldívar en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la cual señala a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno Federal de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para López Obrador.
Los altos mandos que ejercieron dicha presión fueron Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF; Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto de Concursos Mercantiles, y Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a quienes se les acusa por presunto “tráfico de influencias, corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito, acoso sexual y laboral, uso indebido del cargo, suplantación de funciones, cohecho y las conductas que resulten” durante la gestión de Arturo Zaldívar como ministro del CJF, “bajo su tolerancia, contubernio, protección, colaboración, auxilio, confabulación, amparo, complicidad o como quiera llamarse siempre con el objeto de obtener beneficios económicos o capital político”.
Según la “denuncia anónima”, los personajes mencionados presionaron a diversos jueces y magistrados para resolver de manera favorable en casos imprescindibles para el régimen como la “Estafa Maestra” de Rosario Robles, la “corrupción” de Emilio Lozoya (Odebrecht y AgroNitrogenados) y un fraude en el Infonavit, así como fallos en temas referentes al Tren Maya, los Aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía y los relacionados a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, entre otros. Entre las áreas del Consejo más usadas para supuestamente presionar a jueces y magistrados también se encuentran la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santa Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González.
Otros casos específicos indagados de interés para el Ejecutivo federal por ser parte estructural de su proyecto son la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica en los que, supuestamente, fueron presionados y amenazados, los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro; el Aeropuerto de Santa Lucía y cancelación del Aeropuerto de Texcoco, casos que llevaron los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, quienes fueron “contactados” por Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar; y el Tren Maya, en donde supuestamente el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue citado a la Ciudad de México, para coaccionarlo por medio de amenazas a fin de que emitiera resoluciones favorables a la Presidencia de la República, exigiéndole que dejará de conceder suspensiones para las obras del célebre Tren. Un asunto más involucró a las Fuerzas Armadas el “Mexicali”. En 2019, el juez José Luis Horta Herrera, quien se encontraba adscrito al Centro de Justicia Penal de Mexicali, Baja California, determinó no vincular a proceso a un miembro de las Fuerzas Armadas a pesar de que Alpízar lo había contactado y ordenado emitiera una vinculación a proceso, lo que le valió le iniciarán un procedimiento disciplinario en el cual fue destituido, y en 2023 fue restituido.
NARCO, JINETE APOCALÍPTICO
El jueves pasado la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) presentó su Evaluación Nacional de las Drogas 2024, revelando: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen presencia en los 50 estados de Estados Unidos y han desatado la peor crisis de drogas en la historia del país. Para el caso de México, aseguran el narco corrompió al Ejército y a los políticos.
Colombia sigue siendo la fuente de más del 97% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, pero el reporte de la DEA evidencia un posible cambio ante el crecimiento y expansión del Cartel de Sinaloa en más de 47 países. Desde China hasta Norteamérica y América del Sur, hasta Tailandia, Australia y Nueva Zelanda. En China obtiene la mayoría de los precursores para elaborar fentanilo, cuyo combate es una de las prioridades de la lucha antidrogas en Estados Unidos, dejando a la cocaína en un lugar secundario. Preocupan sobremanera las drogas sintéticas introducidas a territorio estadounidense también por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Otro informe reciente que le pega al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la Junta Internacional de Fiscalizaciòn de Estupefacientes (JIFE), el cual señala que el consumo de narcóticos como metanfetaminas y éxtasis creció 218 por ciento en México en este gobierno. El documento refiere que nuestro país atraviesa una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina y está experimentando un aumento de los ingresos al hospital de personas a tratamiento en un mayor número de estados del país. En 2017 seis estados habían registrado ingresos por consumo de metanfetaminas y esa cifra aumentó a 21 estados en el 2022, de acuerdo a los datos obtenidos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas.
DE LOS PASILLOS
La histórica y larga guerra contra las drogas impacta en este momento directamente en las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos. En nuestro país es tema central de las intensas campañas presidenciales, las 9 gubernaturas, la renovación de las cámaras de Diputados y Senadores y sobre todo la lucha política por el territorio nacional. En el “Fuego Cruzado” electoral, la oposición (Fuerza y Corazón por México) presentó un mapa de riesgos con los puntos considerados como “focos rojos” en el actual proceso electoral. Este mapeo, dijo Santiago Creel, lo hicieron porque el INE aún no presenta su análisis y su protocolo para garantizar la seguridad de los candidatos y de los votantes… En Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó el viernes pasado al congresista demócrata Henry Cuellar y a su esposa, Imelda Cuellar, de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo por recibir dinero de un banco mexicano, así como de una empresa de Azerbaiyán. Es un caso del que hablaremos extensamente más adelante…
Las rechiflas, rechazos, gritos lanzados a la candidata oficialista se transforman en expresiones en contra de quienes integran el primer grupo de Morena. En Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Chiapas, las manifestaciones de inconformidad con el régimen actual, crecen en intensidad y número… En Perla Tapatía le tocó a Marcelo Ebrard, de ahí Mario Delgado y otros prefieran comer “en lo oscurito” bajo la consigna: “si ya saben cómo están las cosas para que se exponen” …En los Cuautitlánes: a escasas tres semanas de la elección del 2 de junio, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo, ha acrecentado su ventaja en la intención de voto, que ahora es de casi 18 puntos sobre su competidor más cercano, el alcalde con licencia Aldo Ledezma. La más reciente encuesta de la empresa Massive Caller le da a Carrillo Luna una preferencia de 46.7 por ciento, en tanto que Aldo Ledezma apenas alcanza 29 puntos, y la candidata de Movimiento Ciudadano, Rocío Montes, se ubica en un lejano tercer lugar con 7.8 por ciento…Los gobiernos de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, a cargo de la panista Karla Fiesco y el priista Aldo Ledezma, han contratado a la empresa del diputado panista Francisco Rojas Cano, otorgándole exclusividad para el suministro de gasolinas, en contratos que suman más de 250 millones de pesos entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con el contrato número MCM/DA/SRM/LPN/04/2023 derivado de una licitación presencial y firmado en enero de 2023 por la administración de Aldo Ledezma, durante ese periodo anual ANROSA S.A. de C.V. suministraría combustible para el parque vehicular de Cuautitlán, hasta por la cantidad de 26 millones de pesos. Esta semana un diario de circulación nacional reveló que la administración de Fiesco y la empresa de Rojas Cano, suscribieron contratos por más de 224 millones de pesos, sin contar los contratos del año 2024. Estos contratos se han realizado sin que el diputado Panista Rojas Cano realice un deslinde de conflicto de interés, dada su relación política con ambos gobiernos emanados del PRI y del PAN; con lo que estaría faltando a la normatividad y daría paso a una posible investigación por tráfico de influencias.
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