Lilia Arellano
“Todo poder excesivo dura poco”: Séneca
Llegará a la SCJN el recorte al Poder Judicial
Ignacio Mier, con 15 mil millones, compra candidatura poblana
Causa rechazo popular la condecoración impuesta al General Cienfuegos
Clara Burgada es clasificada como “naca” por el equipo de Sheinbaum
Ciudad de México, 12 de octubre de 2023.- Al entrar al ocaso de su poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en su embate contra el Poder Judicial de la Federación y su intento de someterlo. Instruyó recortar su presupuesto y pretende administrar el sistema de impartición de justicia a su antojo. El miedo lo mueve y, sobre todo, el interés de no rendir cuentas ante la sociedad mexicana, de perder la elección presidencial el año entrante y el control del Congreso de la Unión. Los fraudes al erario como el de Segalmex; la descomposición de la administración pública como la destrucción del sistema de salud y el deficiente manejo de la pandemia de Covid-19; su ataque a los órganos autónomos y la apropiación indebida de sus recursos económicos; los retrocesos democráticos, las violaciones a la ley por parte de su administración y hasta los presuntos pactos con las organizaciones criminales, lo tienen sumamente preocupado, por lo tanto ganar los comicios federales próximos es una cuestión de supervivencia política para él, su familia, hermanos, hijos y demás parientes, y para todo su grupo político.
Sin embargo, una vez más, sus esfuerzos y los de sus cómplices legisladores de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, se estrellarán ante las leyes vigentes las no modificadas por el mandatario y su bancada cuando tuvieron mayoría absoluta en el Congreso, hasta antes de la elección federal de 2021. Violando nuevamente los procesos legislativos, los legisladores morenistas y sus aliados le quitaron hoy al Poder Judicial 15 mil millones de pesos en 13 fideicomisos, afectando prestaciones médicas y pensiones complementarias de los trabajadores de la Suprema Corte, entre otros rubros. La oposición -PAN, PRI, PRD y MC-, no cuentan con las curules suficientes para detener esta iniciativa en San Lázaro, de ahí decidieron acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional y echar abajo esta reforma.
López Obrador conoce a detalle los delitos cometidos durante su gestión pública, todo se le reporta, dice; sabe de las violaciones a las leyes vigentes en su administración. De ahí su afán de controlar el aparato de justicia, junto con su equipo político, gobernadores, legisladores y dirigentes de Morena, cómplices de desfalcos, malversaciones y ocultamientos dolosos de los recursos públicos, como lo hacen las Fuerzas Armadas con los presupuestos de sus obras emblemáticas. Por ello, requiere de un sistema legal con el cual pueda disponer, con impunidad total, del presupuesto federal y de las entidades federativas, de los ahorros de la sociedad mexicana, sin consecuencia legal alguna.
AMLO insiste en desmantelar e inutilizar al Poder Judicial y el sistema democrático de división de poderes; nulificar el actual Estado de Derecho del país y anular una Patria libre y próspera; pretende estén los jueces están al servicio de sus intereses políticos y particulares, y no de la ley, sin importar que el sistema legal democrático actual haya costado sangre, sudor y lágrimas a los mexicanos; propone sean los jueces electos por el “pueblo”, siendo él la única voz de “ese” pueblo, sin importar las consecuencias de sus decisiones populistas en los conflictos entre personas, empresas e instituciones. López Obrador pretende seguir encabezando el próximo sexenio un gobierno autoritario, de un solo hombre, él, a través de una Presidenta “Juanita”, quien sólo responderá a su autoridad metaconstitucional y a quien además mantendrá atada y amenazada con la revocación de mandato. Ejemplos de esta obediencia los tenemos por decenas en las últimas semanas con Claudia Sheinbaum repitiendo sólo el discurso del inquilino provisional de Palacio Nacional en prácticamente todas las áreas de gobierno. No se le ve una idea propia o una decisión contraria al actual mandatario. No hasta el momento, no sabemos si eso cambiará más adelante.
A través del desmantelamiento del INAI y el sometimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el tabasqueño se niega a rendir cuentas de su gestión y las reserva y oculta del escrutinio público. No le interese su periodo de gobierno sea el más violento de la historia con más de 165 mil ejecutados hasta el momento y contando; que se asesine a un compatriota cada 15 minutos; que los desaparecidos en este sexenio superen los 45 mil; que se acumulen fosas ilegales a lo largo y ancho del territorio nacional, y que las madres buscadoras tengan que trabajar solas, expuestas y sólo con sus recursos; que el 98 por ciento de los delitos no se sancione; que no se respeten los derechos humanos; que el Estado de Derecho se haya vulnerado para consolidar su autoridad presidencial. El actual mandatario es enemigo de la transparencia y sólo su opinión y sus datos cuentan, aunque estos sean falsos.
Tras el aval a la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, se espera una ola de amparos y querellas legales, principalmente por legisladores de oposición, así como por los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sumando más de 55 mil 800 personas. En una entrevista con El Universal, el constitucionalista de la UNAM, Francisco Burgoa explicó: “Por supuesto que todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que se vean afectados en el ejercicio de sus derechos adquiridos pueden presentar demandas de amparo indirecto, precisamente ante Juzgados de distrito en Materia Administrativa para que intervengan con el propósito de que puedan preservar el ejercicio de sus derechos adquiridos, y esto es un asunto que también en su momento podría llegar hasta el pleno de la Suprema Corte precisamente por ser finalmente asuntos inéditos, que por su contenido y argumentación jurídica si ameritaría que también los pudiera conocer en un momento dado la Suprema Corte”.
Burgoa explicó: si la Corte aceptara un solo amparo, pudiera estar sentando precedente, lo cual implicaría amparar a todos los empleados solicitantes del recurso de ley. Parece no le explicaron al presidente estos detalles técnicos legales implicados en su reforma, porque hasta hoy salió a declarar: los trabajadores que laboran al interior del Poder Judicial no tienen de qué preocuparse ante la eliminación de fideicomisos, y de forma coloquial intentó justificar: “es cortar el copete a los de arriba”. Según el mandatario “si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores”, y repitió la medida sólo afectará “los privilegios de los de arriba”. Y, para justificar su reforma, volvió a sacar su slogan de campaña: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Ignacio Mier, curulero morenista, ya compró con la presentación y aprobación de la iniciativa del despojo, su candidatura a la gubernatura poblana. La extinción de los 13 fideicomisos le permitiría a la Tesorería de la Federación 15 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil 70 corresponden a la SCJN y 9 mil 276 al Consejo de la Judicatura. Para los legisladores de oposición, la Comisión de Presupuesto no era la instancia competente para dictaminar sobre la organización del Poder Judicial. La iniciativa, alegaron, debió ser revisada también por las comisiones de Gobernación y Justicia, encabezadas por PRI y PAN, respectivamente, lo cual hace improcedente su aval y discusión en el pleno. Además de los 15 mil millones de pesos en 13 fideicomisos, los morenistas y sus aliados pretenden recortar otra cantidad superior en compensaciones de apoyo, asignaciones adicionales a salarios, bonos y beneficios, compensaciones garantizadas y bonos de apoyo, seguro de separación individualizadas, seguro de gastos médicos mayores, pago de riesgos, traslados, seguro de vida, escoltas, vestuario de jueces, magistrados y ministros, compra de anteojos, rentas, festejo del Día del Padre y de la Madre.
DE LOS PASILLOS
No sólo no se investigó y se juzgó al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, tras su liberación en Estados Unidos en 2020, sino fue condecorado junto al ex titular de Sedena, Enrique Cervantes Aguirre, durante la ceremonia del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, realizada en Perote, Veracruz, donde el mandatario destacó son el “yunque forjador de hombres de guerra”. Esta fue la tercera aparición pública de Salvador Cienfuegos tras haber sido detenido por autoridades de Estados Unidos acusado de vínculos con el crimen organizado en octubre de 2020. El gobierno de AMLO intervino ante la administración federal estadounidense encabezada por Donald Trump y el fiscal general estadounidense William Barr para asegurar su liberación, con la promesa de que sería investigado en México. El general de cuatro estrellas y ex titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, identificado como “El Padrino” por los fiscales de EEUU -lo que refleja su posición en la cúspide de una pirámide que incluía a las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el violento cártel de drogas H2- enfrentaba cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas, tres de ellos por presuntos actos de narcotráfico entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El cuarto cargo es por lavado de dinero “procedente” de actividades del narcotráfico a través de la transferencia de recursos entre Estados Unidos y México. Presuntamente colaboraba con el grupo denominado H-2 el cual opera en los estados mexicanos de Nayarit y Sonora, así como ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York. Según las acusaciones, Cienfuegos ordenaba evitar confrontaciones militares con ese cártel, atacar a bandas rivales, facilitar sus operaciones y alertar de operativos antinarco estadounidenses. Su juicio impulsado por la DEA, de haberse realizado, estaría un peldaño arriba del seguido al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin embargo, el general Cienfuegos fue dejado libre por la intervención directa de AMLO, quien recibió mucha presión de los militares mexicanos para traerlo de vuelta y no procesarlo en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que “superaron el interés del gobierno en continuar la acusación”. La jueza Carol Bagley Amon declaró su liberación y entrega a México, a fin de evitar una larga sentencia en prisión en Estados Unidos. El entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que “si se cometieron crímenes”, estaría en las manos de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Cienfuegos. No se hizo y ahora hasta se le condecoró. Ahí otra muestra del poder de los militares en el régimen de la 4T…
Los informes de la coordinadora nacional de protección civil referentes a los estragos causados por el huracán Lidia en Bahía de Banderas, Nayarit, no menciona ninguna cantidad enviada para aliviar el arrastre de viviendas, calles, avenidas, cortes de luz en municipios jaliscienses y de Colima. La causa: ya no exite el Fondo para Desastres Naturales y por lo tanto se eliminó la declaratoria de emergencia con la cual podían los gobernadores y munícipes contar con apoyos económicos para solucionar lo urgente…
Mientras se sigue presumiendo una supuesta baja en los delitos y homicidios, la terca realidad se encarga de demostrar lo contrario. En 24 horas dos funcionarios municipales ejecutados, uno de ellos prácticamente frente a su hijo… Aguililla y Tepalcatepec, municipios michoacanos viven bajo sangre y fuego y la autoridad, los elementos de la GN asignados y el propio Ejército pasan desapercibidos para la organización criminal de Nemesio Oceguera… Con grandes desplegados se pronuncian por Clara Burgada para futura jefa del gobierno de la CDMX y hay razón. Las figuras de García y López, Harfuch y Gatell, respectivamente, tienen sobre su espalda las cadenas con las cuales arrastran cadáveres, secuestros, afectados por robo, por desapariciones, por cobros de piso, por todo aquello con lo cual están impedidos de ganar y el triunfo es lo que importa. Solamente se pronuncien por la presencia de un hombre como candidato le podrán ganar a esta otra Claudia, quien encuentra en su tocaya a su peor enemigo, porque entre esos equipos, lo “naco” es desechado y así califican a la alcaldesa de Iztapalapa.
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