martes, diciembre 10, 2024

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“¿Por qué hacer; oh necios, trampas fuera de la ley,
siendo tan cómodo hacerlas dentro de ella?: Carlo Dossi

Vislumbran megafraude en 2024.
¿Intervención electoral del Ejército y la delincuencia?
Morena quiere 33 millones de votos; Sheinbaum va por 35
México, tercer lugar mundial en criminalidad: Global Initiative
Determina la UNAM: Yazmín esquivel sí plagio su tesis

Ciudad de México, 2 de octubre de 2023.- Primero fue Mario Delgado, líder formal de Morena, quien proyectó alcanzar 33 millones de votos para garantizarle a Claudia Sheinbaum el triunfo en la elección presidencial de 2024. Pero a la precandidata del oficialismo se le hizo poco y este fin de semana sostuvo alcanzarán 35 millones de sufragios para asegurar también el control absoluto del Congreso de la Unión, a pesar de no entusiasmar a los electores, como se observó el sábado en Pachuca. Hidalgo. Ni en sueños alcanzarán esa cifra, a menos ejecuten un megafraude electoral, similar al llevado a cabo para entronizar a Carlos Salinas a la Presidencia de la República, con la “caída del sistema” operada por Manuel Bartlett, actual titular de la CFE y experto en esas tareas fraudulentas.
Los avances en el sistema democrático del país hacen prever la ciudadanía no permitiría un asalto totalmente ilegal al gobierno federal de esa naturaleza, por lo tanto, la cuestión es si en un conflicto postelectoral nacional las Fuerzas Armadas apoyarán a México, al Estado de Derecho y a la Constitución, o al continuismo de su benefactor en el presente. Incluso el apoyo del crimen organizado está en veremos hacia Claudia Sheinbaum pues, hasta donde se sabe, no se han hecho los amarres correspondientes con los cárteles para la presunta nueva administración federal, de ahí la inestabilidad y el agudizamiento de la violencia en varias entidades del país, donde las organizaciones criminales exigen su parte del pastel en la conquista de entidades en las cuales apoyaron para lograr Morena ganará. Incluso, los operativos militares de este fin de semana en Badiraguato, Sinaloa, indican una confrontación con el cártel de “Los Chapitos” y la cancelación de los acuerdos sostenidos en años anteriores, por la presión del gobierno de Estados Unidos.
Durante la conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, organizado por el INAI el jueves pasado, los participantes, entre ellos Denisse Dresser y Lorenzo Córdova, ex presidente del Consejo General del INE, cuestionaron la relación del presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas y, en este momento, si éstas siguen siendo leales a la Constitución del país y a las leyes que de ella emanan, o lo son ahora al mandatario. “No queda claro si el Ejército se manda a sí mismo o es una fuerza subordinada al jefe del Estado. Esto tiene implicaciones significativas para la democracia y para el Estado de Derecho”, explicó la analista política.
Dresser destacó: cada vez más hay una política en la cual el Presidente le cede poder a los militares, como la construcción de obras, el control de aduanas y aeropuertos y la creación de aerolíneas. Al mismo tiempo, advirtió el ocultamiento de información –con el pretexto de la seguridad del Estado- es parte de un patrón peligroso y alarmante. Desde la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalando era inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, un proyecto retomado por la Sheinbaum en su carácter de mera caja de resonancia de los deseos e instrucciones de López Obrador, con todo y el falso bastón de mando indígena en la mano, la morenista mantiene reuniones con los líderes de las cámaras exigiendo hagan “lo que tengan que hacer” para garantizarle tendrá elementos de esa Guardia durante su mandato –suponiendo gane-. La politóloga y periodista recordó hubo una respuesta desafiante del presidente: “si la militarización viola la Constitución, entonces hay que cambiar la Constitución”, para ello necesitarían ganar el control absoluto del Congreso de la Unión en la elección federal del próximo año, lo cual, desde ahora, se ve muy difícil, tanto por la falta de empatía de Claudia Sheinbaum con los potenciales electores como por carecer de un proyecto político propio y de ni siquiera tener una idea política de su autoría, pues sólo repite los dichos de su jefe y su interés en continuar con el régimen de la 4T. Han requerido, ante los números propios.
SE SIGUE CUESTIONANDO A LA GUARDIA NACIONAL
La acelerada militarización del país impulsada por López Obrador no sólo preocupa en México a la sociedad mexicana organizada, a los partidos de oposición en particular, a los empresarios e intelectuales, sino también a la comunidad internacional. Las observaciones preliminares de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria, advierte: la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en México carecen de controles civiles que prevengan violaciones a los derechos humanos. El mes pasado, entre los días 18 y 29, el Grupo integrado por Miriam Estrada-Castillo; Mattehew Gillet y Ganna Yudkivska realizaron una gira de trabajo donde se reunieron con representantes del Ejecutivo federal, Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y visitaron 115 centros de reclusión en Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas.
Los representantes de la ONU documentaron casos de violencia ejercida por autoridades, como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e incluso desapariciones forzadas. “En México, el uso de fuerzas militares para llevar a cabo actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es bastante frecuente. Según informes, hay más de 100 mil soldados realizando tareas policiales de seguridad pública, así como de aspecto migratorio, eso se relaciona con un aumento de violencia en contra de los detenidos y con un aumento en las desapariciones y muertes”, mencionó la abogada Estrada Castillo, quien advirtió estas acciones son ejecutadas por las autoridades como una herramienta para obtener confesiones en ayuda de la inculpación de presuntos sospechosos o para obtener posibles pruebas.
La estrategia de militarizar la seguridad federal y de los estados y municipios no funcionó, como es evidente a nivel nacionales, el resultado es verificable en las mediciones internacionales. Las Fuerzas Armadas no sólo tienen mayor injerencia a nivel federal, también en los estados aumentaron los mandos de las secretarias de Seguridad Pública provenientes del Ejército y la Marina. Actualmente son 15 de los 32 estados con mandos militares, es decir, un 46%. Y, 12 de ellos son gobernados por Morena: Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Morelos (Encuentro Social en la práctica aliado de Morena), Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí (PVEM aliado con Morena), Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Un 57% de las entidades gobernadas por el partido de AMLO tienen a militares como titulares de dependencias públicas, es decir, 12 de 21.
De acuerdo con el informe Global Organized Crime Index (Índice Mundial de Delincuencia Organizada) 2023, desarrollado por Global Initiative (contra el crimen organizado trasnacional), México es el tercer país con los mayores índices de criminalidad a nivel mundial, sólo debajo de Myanmar y Colombia; segundo lugar en Latinoamérica, además: “México ocupa el primer puesto en América tanto en trata como en tráfico de seres humanos. Es un enlace crucial de Guatemala, El Salvador y Honduras”. El reporte alertó de un crecimiento “asombroso” del crimen organizado derivado de la desigualdad económica y social, la inestabilidad política y los conflictos de los dos últimos años. De acuerdo con el documento, a partir de la pandemia por Covid-19, los grupos criminales migraron hacia otras actividades, como la extorsión, el cibercrimen y el mercado negro de bienes, ante la reducción de sus ingresos de la venta de drogas. Por la actual situación en materia de seguridad, la Cámara de Representantes de EU frenó ayuda a México por 60 millones de dólares, y repitió afirmando el gobierno de AMLO no combate la producción y tráfico de fentanilo, considerado como “el asesino número uno” de los estadounidenses entre 18 y 45 años. El mandatario mexicano, a quien le beneficia esta acción pues esos recursos van hacia organizaciones que critican su administración, minimizó el asunto y llamó ridículos a los congresistas estadounidenses.
DE LOS PASILLOS
Morena nuevamente se adelanta a los tiempos marcados por las leyes electorales y difunde su lista de aspirantes a los gobiernos de ocho estados y la capital de la República, sin ningún programa de gobierno ni proyecto político y con un ejercicio sólo de popularidad seleccionó a cuatro posibles candidatos en cada entidad. La lista definitiva de candidatos de Morena se definirá hasta el próximo 30 de octubre. Para la Ciudad de México están: Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell –sí, aunque parezca una broma macabra- y Mariana Boy (relleno del PVEM); en Chiapas: José Manuel Cruz Castellanos, titular de Salud estatal, José Antonio Aguilar Castillejos, encargado de programas sociales, la senadora Sasil de León y Rosy Urbina, alcalde de Tapachula; en Morelos, Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores del gobernador, Sandra Anaya Villegas, secretaría de Administración, el ex senador Rabindranath Salazar y Margarita González Saravia, ex directora de Lotería Nacional; en Guanajuato, Ricardo Sheffield, procurador federal del Consumidor, Ernesto Prieto, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la diputada local Alma Alcaraz, y la senadora Antarez Vázquez; en Veracruz, Rocío Nahle, titular de Sener, la senadora Claudia Tello, el titular de Educación estatal, Zenyanzen Roberto Escobar, y Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno estatal; en Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, delegado de los programas de Bienestar estatal, la senadora Verónica Camino Farjat, la diputada federal Rocío Natali Barrera Pac, y la diputada local Jazmín Villanueva Moo; en Tabasco, Javier May, ex titular de Fonatur, la senadora Mónica Fernández Balboa, alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, y el empresario Raúl Ojeda; en Jalisco, Clara Cárdenas, ex directora de Programas Sociales a nivel distrital, Carlos Lomelí, presidente del Consejo de Morena en la entidad, José María Martínez, coordinador de Morena en el Congreso local, y Flor Elizabeth Miche, hija del presidente municipal de Puerto Vallarta; el último estado en definir sus candidatos fue Puebla, con el diputado federal Ignacio Mier Velazco, el secretario de Gobierno estatal, Julio Huerta, así como las ex secretarias de Bienestar y Economía del estado, Lizeth Sánchez García y Olivia Salomón Vivaldo. El senador Alejando Armenta Mier quedó fuera, pero Mario Delgado garantizó su inclusión…¿Repetirán el numerito de los “H” del Estado de México en la tierra del camote?…
Instrucciones para los legisladores morenistas han sido dictadas desde Palacio Nacional y quienes sustituyen los cargos ejecutados durante cinco años o los últimos dos por titulares, tienen frente a sí todo un reto. Los cambios en el Senado llegaron a la titularidad de Comunicación. De la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación sacaron al licenciado en ciencias políticas Carlos Cruz Arzate…
La UNAM en voz del rector dio a conocer la determinación sobre el caso de la ministra de la SCJN Yazmin Esquivel: si hubo plagio. El médico oftalmólogo quien ya fue reelecto en la máxima casa de estudios se mostró apenado por este hecho al afectar a la buena fama de la institución, a los alumnos, a los catedráticos y rechazó hubiese sufrido presiones. Ahora falta dejar claro lo de las tesis de las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con sus maestrías y doctorados.
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