Lilia Arellano
“El que no dice la verdad se hace cómplice de
los mentirosos y falsificadores: Charles Péguy
Pleito con César de Castro exhibiría pactos con el crimen organizado
Siguen vivas en la OEA, denuncias y pruebas de acuerdos con cárteles
Llegan a la SCJN 79 recursos contra el “Plan B” de López Obrador
Monreal se lanzó de lleno; Ebrard y un ridículo rap estilo carnavalesco
Ciudad de México, 20 de febrero de 2023.- Acostumbrado a arremeter contra todo aquel cuyo atrevimiento sea cuestionar su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con demandar al abogado de Genaro García Luna, Cesar de Castro, en Estados Unidos, por daño moral luego de asegurar en el juicio del ex funcionario, Jesús “El Rey” Zambada le dio 7 millones de dólares para una campaña. Tal vez deberían pensarlo más detenidamente en Palacio Nacional pues correrían el riesgo de exhibir al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) como un gobierno aliado con organizaciones criminales, de las cuales obtiene “cash” y apoyo electoral ilegal a cambio de impunidad para sus integrantes, como se mostró en los pasados comicios federales.
Esa alianza le permitió a Morena ganar en la pasada elección federal varias gubernaturas ubicadas en la ruta del narco hacia Estados Unidos, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, entre otras. La exhibición nuevamente de esta modalidad del operativo del “cash” a Morena no beneficiará en nada al gobierno de López Obrador. Además, deben analizar el futuro inmediato de la relación con Estados Unidos, pues mientras el canciller y “corcholata” presidencial, Marcelo Ebrard, se muestra dispuesto a seguir negociando con el gobierno de ese país para reforzar el combate al tráfico de drogas hacia EU y del tráfico de armas hacia México, el posicionamiento del gobierno de AMLO y sus políticas han deteriorado esa posibilidad.
Durante el contrainterrogatorio a “El Rey” Zambada, el abogado Cesar de Castro fue insistente en cuestionarlo sobre si el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada recordaba haber dado un soborno para una campaña de López Obrador. El narcotraficante lo negó y aclaró entregó dinero a Gabriel Regino cuando era subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y éste aseguró sería para una campaña, pero no supo cuál. Ante ello, el presidente giró instrucciones a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para consultar con abogados sobre cómo pueden proceder, al no poder permitir se ponga en duda su “honestidad”, la cual, sea dicho de paso, desde hace mucho ha quedado cuestionada, no sólo por los actos corruptos de sus familiares y colaboradores cercanos, sino por su pactos con organizaciones criminales en periodos electorales.
A López Obrador, empeñado en difundir por todos los medios el juicio contra García Luna, en Nueva York, en espera de implicar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le salió el tiro por la culata. El abogado de García Luna, en su interrogatorio al testigo protegido “El Rey” Zambada, lo embarró en los sobornos de narcotraficantes junto con funcionarios de su administración al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Furioso, el macuspano insultó al litigante y amenazó con demandarlo penalmente. Así lo justificó: “no acepto que se ponga en duda mi honestidad, además, está de por medio que soy presidente de México (…) y no puede ser presidente de México quien se convierte en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”.
El inquilino de Palacio Nacional debería serenarse y tomarse las cosas con calma. No le conviene, desde ningún ángulo, confrontarse con el abogado de García Luna en una disputa judicial pues sin duda quedaría exhibido su régimen de la 4T y la “honestidad valiente” y sería derrotado en toda la línea. El litigante no tiene nada que perder, López Obrador si, y también México, pues quedaría nuevamente expuesto como un narco-estado. Todo mundo sabe en México de la vinculación del gobierno federal desde el año 2000 con bandas criminales, de las quienes se ha recibido financiamiento para actividades político-electorales.
Estados Unidos, se menciona insistentemente, tiene evidencias suficientes sobre las complicidades con cárteles del crimen como los de “Sinaloa” y Cártel Jalisco Nueva Generación. La propia directora de la DEA (agencia de EU contra las drogas), Anne Milgram, exigió recientemente en el Senado de ese país mejor colaboración en la lucha contra el tráfico de fentanilo y un mayor compromiso para combatir a ambos cárteles, los cuales, reiteró, dominan la cadena de suministro de fentanilo. Inclusive el gobierno de Biden y el congreso estadounidense tienen documentada la alianza del Morena, el con esos grupos criminales.
La denuncia entregada por los partidos de oposición en México a la Organización de Estados Americanos (OEA) destaca estuvieron las manos del crimen organizado metidas en gran parte del proceso electoral intermedio del 2021 en México. El expediente, también presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló hubo secuestros no extorsivos el día de la elección, llenado de urnas para asegurar triunfos en al menos 7 estados e inmovilización de equipos completos de campaña por grupos armados.
Estos grupos delincuenciales “se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”, señaló el prontuario en el cual se hace un recuento de las anomalías surgidas durante las competidas y accidentadas campañas, en las cuales hubo 27 candidatos asesinados. “Las amenazas se hicieron extensivas a la postelección, mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido”, indicó la querella de los partidos PRI, PAN y PRD.
La violencia política y los asesinatos de aspirantes ocurrieron en prácticamente todo el país, pero los casos más notables tuvieron lugar en algunos de los estados teñidos de rojo tras la ola de criminalidad desatada en 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su “guerra al narco” con apoyo de los militares. Desde entonces, se contabilizan al menos 335 mil muertos –en esta administración de AMLO ya superan los 140 mil los homicidios dolosos- y unos 130 mil desaparecidos, así como más de 400 mil desplazamientos internos.
El informe ante la OEA describe casos notables como el de una legisladora representante de un distrito de Culiacán, Sinaloa, quien fue secuestrada y llevada ante el supuesto jefe de una organización delincuencial. Otros 20 “operadores” del PRI también fueron raptados en la víspera de las elecciones y amenazados si no llenaban papeletas a favor del Morena. El expediente también incluye numerosas evidencias documentadas, pero sobre todo testimonios de cientos de militantes y denuncias oficiales. Destaca un episodio macabro, en el cual fueron lanzadas cabezas humanas en una mesa electoral en Tijuana, Baja California.
Otro caso, en Taxco, Guerrero. En los primeros días de junio, líderes de organizaciones y comisarios ejidales de ese municipio fueron “levantados” por un grupo de la delincuencia organizada. Atados, los llevaron al municipio de Tetipac. Ahí, un jefe criminal les dijo que en 72 horas antes de las elecciones del 6 de junio les harían saber por cual candidato deberían votar los pobladores de sus comunidades y los agremiados de sus organizaciones, para el cargo de presidente municipal de Taxco. Hombres armados les advirtieron estarían apostados en las casillas y para “verificar” se cumplieran estas indicaciones, deberían mostrar las boletas antes de ingresar a las urnas. El cártel favoreció al candidato Mario Figueroa, del partido Fuerza por México, quien iba “palomeado” por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Sinaloa, el cártel de “Los Chapitos” operó para inmovilizar a la estructura electoral del PRI; en el Estado de México, la Familia Michoacana operó para desactivar candidatos incómodos, como lo hicieron con Zudikey Rodríguez; en Guerrero y Michoacán el CJNG operó abiertamente en favor de Morena. Como ocurrió en Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz, regiones y franjas enteras del país “quedaron bajo control del crimen organizado”, en un proceso “teñido de sangre” y “de violencia”.
Al presidente AMLO se le reprocha haber señalado el día siguiente de las elecciones del 6 de julio, en donde estuvieron en disputa 15 gubernaturas y 21 mil puestos de representación, entre alcaldías, curules legislativas y otros cargos: “la gente se portó muy bien”, sobre todo “los que pertenecen al crimen organizado”.
Fue en agosto pasado cuando los dirigentes de oposición acudieron a Washington a presentar su denuncia, pero hasta este año se hizo pública y fue difundida por las agencias de información internacional. Marko Cortés, dirigente del PAN, junto con Alejandro “Alito” Moreno del PRI y Jesús Zambrano, del PRD, denunciaron: “la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral del 6 de junio” del 2021 estuvo dirigida “sin lugar a dudas a favorecer a los candidatos de Morena”. Subrayaron “es momento de levantar la voz y defender a México”.
“Nuestro país tiene que seguir siendo una democracia en donde tu voz, mi voz y la de todos los mexicanos sea escuchada y tomada en cuenta. Es por eso que estamos aquí en la OEA para defender el interés superior de todas y todos los mexicanos”, expresó el líder panista. A su vez, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, señaló: “No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo”. Por su parte, Jesús Zambrano, del PRD, confió en que la OEA y la CIDH emitan “medidas de carácter precautorio para el gobierno mexicano”.
A Morena y sus aliados dentro de los cárteles les conviene quitarse de encima un engorroso INE, asi la fuerza, el control, el mando queda en su poder, con respaldos uniformados.
DE LOS PASILLOS
Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias presentados por diputados y senadores, partidos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) y municipios que consideran estas reformas debilitan y violan la autonomía de la autoridad electoral, fueron turnados para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si admite, desecha o previene los recursos….La entrada ya está, lo demás será el dictámen con el cual sabremos si todavía contamos por un Poder Judicial desde donde, a la larga, se entregue un auténtico Estado de Derecho…
En Zacatecas, Ricardo Monreal, cobijado por sus paisanos se lanzo de lleno y aseguró va por la candidatura y por la presidencia, subrayando nunca antes los zacatecanos se habían encontrado a un paso del máximo poder del país… Empezó la promoción musical del “carnal” Marcelo, un rap en el cual buscaron utilizar las cuatro últimas letras de cualquier palabra para darle “tono”, creando una ridícula pieza emulando al rap. Pero así es el grado de mediocridad de quien fue, en algún momento, considerado como el “más preparado”… Oaxaca ya no parece ser la entidad consentida por el tabasqueño, ahora se trata de Sonora y, por razones eminentemente personales va a Quintana Roo o la gobernadora visita Palacio Nacional. ¿Es el Tren la obsesión?
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