El documento justifica que, tras la desaparición de las Salas, el Pleno se convirtió en el único órgano para atender todos los casos, lo que hace necesario fijar reglas que permitan sesiones más ágiles, efectivas y transparentes. Las discusiones se clasifican en públicas —ordinarias, extraordinarias y solemnes— y privadas, con la posibilidad de celebrarlas también en comunidades del país.