Por Armando Rojas Arévalo
ROSAURA: El espionaje telefónico en México no es nuevo; ha sido una constante a través de la historia contemporánea. Ocurre en casi todos los países por cuestiones de seguridad nacional. A políticos, periodistas y activistas los han espiado siempre, nada más que ahora, en lugar de aplicar la técnica a los verdaderos enemigos de la sociedad que son los narcotraficantes y demás delincuentes, lo hacen con los comunicadores por considerarlos “peligrosos”.
El espionaje es una arma de los gobiernos, en el caso de los periodistas y activistas de los derechos humanos es atentar contra las libertades individuales. Se trata de meterse en la vida privada de ellos y aprovechar esa información privilegiada con fines censura, persecución y linchamiento.
El New York Times reveló la operación de espionaje a través del malware “Pegasus” que el gobierno presuntamente compró a una empresa judía y que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas CARMEN ARISTEGUI y CARLOS LORET DE MOLA, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales.
Por supuesto, el gobierno, raudo y veloz, desmintió la especie. Como siempre, y era de esperar. Pero el gobierno a nadie convence, porque a través del CISEN y otros organismos de inteligencia, tiene a todos “alambreados”. La neta.
A estas alturas cualquiera puede espiar fácilmente y a bajo costo a otras personas. Sólo depende de qué personas se trata, el medio que se desee utilizar y el tiempo que se dedique a esa tarea. Si lo que se quiere es interceptar un teléfono fijo deben adquirirse los micrófonos que parezcan más adecuados; puede ser desde el que simula ser una cajita desde donde sale el cable telefónico, o un prolongador de cable telefónico, o el tipo “T” que normalmente permite conectar, en una misma caja, dos cables para el teléfono. Todos ellos tienen un micrófono integrado, diminuto y que permite escuchar las conversaciones a una distancia de entre 100 a 300 metros. Si no se puede ingresar al domicilio, hay que comprar un micro “lagarto” telefónico que permite conectar los cables de la línea a un micrófono y permite escuchar a una distancia de 100 a 200 metros.
Que el gobierno no se tome la molestia de negar el espionaje y las “filtraciones”. Para no ir lejos en la reseña histórica, vamos a lo más o menos reciente: El diario Reforma dio a conocer en mayo de 1995 varias conversaciones telefónicas entre JOSÉ CÓRDOBA MONTOYA, ex consejero del ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994), y MARCELA ROSAURA BODENSTED, ex agente de la entonces Policía Judicial Federal y a quien se ligó con el narcotráfico. Las conversaciones de mayo, junio y julio de 1992, sugerían una relación íntima entre ambos personajes, además de otras pláticas con agentes judiciales sobre el tema del narcotráfico y presuntos enlaces con el cártel de Colombia.
En 2001, la PGR anunció la desarticulación de una red de espionaje ilegal en el Estado de México —que operaba desde 1994 e involucraba al entonces gobernador ARTURO MONTIEL. Ocho años después, un juez federal los absolvió del delito de intervención de comunicaciones privadas y con ello se dio por terminado el caso de la red de espionaje a cargo de MONTIEL ROJAS.
El periódico La Jornada dio a conocer en 2006 un par de grabaciones del gobernador de Puebla, MARIO MARÍN con el empresario KAMEL NACIF, en el que ambos hablan sobre un escarmiento contra la periodista LYDIA CACHO, quien en 2005 publicó el libro “Los demonios del Edén”, en el desenmascara el poder que protege a la pornografía infantil, y ponía al descubierto la protección que MARIO MARÍN recibía de políticos y empresarios, como CAMEL NACIF y JEAN SUCCAR KURI, hoy preso. En estas grabaciones el ex gobernador afirmó que ya le había puesto un “pinchi coscorrón” a CACHO “porque en Puebla se respeta la ley”.
El periódico El Universal publicó el 26 de mayo de 2008 que el Cisen había contratado a la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas “para acceder en línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa”.
La administración de FELIPE CALDERÓN obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos. El dispositivo fue financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los Angeles Times reveló en su momento el acuerdo entre el gobierno de CALDERÓN y de los Estados Unidos, calificándolo como una muestra de la manera en que “el gobierno conservador de México” está “crecientemente dispuesto” a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.
EN MARZO de 2012, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA se escandalizaba por la filtración de una llamada entre ella y un colaborador suyo, en la que acusaba a GENARO GARCÍA LUNA, titular de la SSP federal, y ALEJANDRA SOTA, vocera de la Presidencia de escuchar sus llamadas.
PURIFICACIÓN CARPINTEYRO enfrentó un juicio por el delito de revelación de secretos, luego que la PGR la acusara de divulgar unas llamadas telefónicas intervenidas de manera ilegal a LUIS TÉLLEZ, entonces secretario de Comunicaciones y hoy director de la Casa de Bolsa. Una de las llamadas más famosas es aquella en la que TÉLLEZ, hablando con una mujer desconocida, dijo que CARLOS SALINAS DE GORTARI se había quedado con una parte “de la cuenta secreta”.
En fin, como dije desde el principio, nada nuevo hay bajo el sol. Y si no me tienen intervenido me voy a enojar y voy a demandar al CISEN. Que no la amuelen, que no discriminen. O todos coludos o todos rabones. Eso que ni qué.
#alambreenmeoseangachos.
