MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional prosperarán este día en el pleno senatorial. Habrá, sin duda, consenso y unanimidad en la aprobación de esta estructura legal que entraña el objetivo de devolver la seguridad al ciudadano merced a la tarea de un cuerpo especializado que, paulatinamente, debe ser, por ley, esencialmente de carácter civil.
Llegar al consenso, tarea de Ricardo Monreal específicamente con los senadores de oposición, implicó atender a la causa de lo que entrañaba regatear votos a estas leyes secundarias de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional.
La negociación implicó aceptar la opinión y propuestas de la oposición senatorial, que enmendó algunos artículos para apagar ese prurito que causa el riesgo de militarizar formalmente al país, cuando la esencia de la reforma es integrar a un cuerpo civil responsable de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado o no, pero finalmente delincuencia que desde hace más de tres lustros mantiene secuestrada a la paz y seguridad social, con un sui generis poder de facto.
No fue fácil para Monreal convencer a los senadores de oposición, sobre todo porque, contra lo aprobado en el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador nombró al general en retiro, pero finalmente militar, Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional, cuando el ordenamiento constitucional refiere al mando civil con el acompañamiento militar. Pero así es el voluntarismo del licenciado presidente.
Lo cierto es que, con sus bemoles, en los hechos desde finales del siglo pasado se ha vuelto normal y aceptada mayoritariamente, incluso requerida por gobiernos estatales y municipales, la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas y rurales, especialmente en aquellas consideradas de alto riesgo. Esa presencia es un mentís a la negativa de que el país se ha militarizado.
Ejemplo de ello es la Ciudad de México, cuyas autoridades recurrentemente han negado la necesidad de patrullajes de militares en vehículos artillados, pero ahí están y no causa sorpresa alguna su presencia; al contrario, son factor que al ciudadano le garantiza seguridad.
En efecto, son garantía de seguridad. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador cambió totalmente su opinión de los militares? ¿Por qué después de descalificarlos e incluso denostarlos llamándolos represores y hasta genocidas? Porque hoy los requiere como garante de la enorme tarea de devolver la paz y seguridad a los mexicanos.
Y es que, mire usted, pese a las campañas de desprestigio impulsadas por el crimen organizado ya con la movilización de ciudadanos pagados para denostar a marinos, soldados y federales con marchas y mantas de repudio e incluso de franca amenaza, o pasquines conducidos por sedicentes periodistas, con información difamatoria, lo cierto es que las Fuerzas Armadas mantienen el respeto ciudadano.
Por supuesto, en las Fuerzas Armadas no hay hermanas de la caridad ni los altos mandos tienen vocación de mártires o filántropos. ¿Requieren de una vacuna contra la tentación del dólar, un brebaje contra la corrupción?
Es una apuesta y no queda de otra por la salud del país cuya descomposición social ha escalado a niveles de terror con el creciente ajuste de cuentas entre cárteles y bandas criminales que se pelean cotos, plazas en las que el ciudadano es el cliente, el sustento, la víctima inocente que está en el lugar equivocado y a la hora equivocada, en el escenario de una balacera, el ajuste de cuentas, o el objetivo al que le venden protección y derecho de piso.
Y el ciudadano que paulatinamente pierde la capacidad de asombro y no se horroriza ni persigna cuando en los expendios de periódicos y revistas observa primeras planas que escurren sangre y gritan la advertencia de que eso le puede ocurrir a cualquier ciudadano, al que viaja en el transporte público en la ruta al trabajo de salario miserable o el que transita en su vehículo de lujo o desayuna en un restaurante de Polanco y de pronto es amagado por un delincuente armado que no se tienta el corazón para disparar y matar al que se oponga, a la señora que no entrega el monedero con monedas del sustento de la prole, o el ejecutivo que se niega a dar el Rolex al nervioso cuanto maldito inhumano que asesina.
No, los senadores de oposición, como los diputados federales y los locales que aprobaron la reforma que dio génesis a la Guardia Nacional, no han regateado su voto en busca de beneficios personales o de grupo, porque hoy su postura borda precisamente en ese imperativo de no votar por leyes que pueden dar al traste con la ambiciosa posibilidad de devolver la tranquilidad a los ciudadanos que vivimos en este nuestro país.
Y no debe sustentarse la negativa a aprobar una reforma de ley por el simple hecho de que sea propuesta por el grupo gobernante, por el propio presidente López Obrador, porque la Guardia Nacional es necesaria.
Lo fundamental, estamos, estriba en el marco legal en el que habrá de operar. Se entiende la urgencia de que la Guardia asuma el control en regiones que están en poder las los cárteles, cuya disputa sangrienta por el control de plazas ha provocado éxodos de cientos de familias, pueblos fantasmas que hasta hace poco tiempo eran campos productivos convirtiéndose en asentamientos miserables.
No, no hay regateo de votos por posiciones políticas en esto de la Guardia Nacional. Hay un imperativo de vacunar al cuerpo de élite y evitar que sea cooptado por el crimen organizado, éste que se ha convertido en verdaderas empresas, holdings que sostienen economías regionales frente a la ausencia del gobierno.
En su momento se advirtió el riesgo de que los militares fueran seducidos por los billetes verdes, convirtiéndose en socios, algunos y, otros, en empleados bajo la amenaza extendida a sus familias de colaborar o morir.
Hay urgencia más no por esa prisa debe correrse el riesgo de aprobar leyes secundarias que más temprano que tarde serán cuestionadas y recriminadas a quienes las aprobaron. Por eso Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de los senadores de Morena le apostó al consenso, a que los dictámenes de las cuatro leyes a discutirse en el pleno senatorial lleven el respaldo firmado de los 128 integrantes de la Cámara alta.
–¿Cómo van?—preguntó una colega a Monreal en conferencia de prensa ayer lunes.
–Bueno, miren –respondió Ricardo Monreal–, este es un día definitivo. Estaba ahora precisamente revisando con el grupo de redacción los detalles últimos de las cuatro leyes. Les podría decir que en tres leyes, que son Ley del Registro de Detenciones, Ley de Uso de la Fuerza y la Ley del Sistema de Seguridad Pública; tenemos prácticamente completo el consenso.
“Lo que en este momento estamos ya revisando puntualmente es la redacción, la exposición de motivos y limpiar el texto de estas tres.
“(…) Entonces, estamos muy cerca. Pese a todos los pronósticos de dificultad, yo les podría decir que ha valido la pena el esfuerzo que arrancamos el día 11, 10 de abril, más de mes y medio.
“Y también, les señalo que estamos intentando terminar la Ley de Extinción de Dominio, el dictamen, que es aparte. Pudiéramos también mañana introducirlo en el Orden del Día. Hoy en la tarde se está trabajando, ahí sí ya como ustedes saben, iniciativa, turno a comisiones, dictamen”.
¿Qué buscaba Monreal? El consenso, que no haya hilos sueltos en un tema de suyo delicado.
La Guardia Nacional debe estar vacunada contra la corrupción, a salvo de la tentación de la efímera vida fácil, la de oropel cuyo destino es la tumba. ¿Usted cree que los senadores de oposición regateen el voto a las leyes secundarias en busca de favores políticos? Mal harían porque está en juego la tranquilidad social, la salud del país, sin siglas ni banderías. Y mal harán los senadores de Morena en festinar una votación de consenso, de unanimidad, porque entonces la mezquindad reptará entre sus escaños. El punto es que hoy habrá votación unánime en cuatro temas legislativos torales. Digo.
@msanchezlimon
