Moisés Sánchez Limón
Mi solidaridad con Gerardo Sosa Castelán y Adriana Cravioto
Dicen que quien con leche se quema hasta al jocoque le sopla. ¿En esa conseja popular estarían escudándose los justicieros de la 4T? Porque, sin miramiento alguno y en eco de la decisión presidencial, por supuestos actos de corrupción retiraron recursos a las estancias infantiles y recortaron fondos públicos a programas como el de salud materno-infantil y el de apoyo a mujeres maltratadas.
Indudablemente hay un grave problema histórico de corrupción en México, un mal que quienes han pretendido combatirlo han corrido en alguna de dos vías: combatiéndolo sin posibilidades de éxito y sí bajo riesgo de la seguridad personal y familiar, o encubriéndolo y convirtiéndose en cómplice por omisión o participación.
¿De qué tamaño son y han sido los intereses involucrados en delitos de cuello blanco realizados con multimillonarios fondos públicos? Enormes e intocables al grado de haberse puesto a salvo en complicidad con legisladores federales que, en su momento, tuvieron bajo control la Contaduría Mayor de Hacienda que supuestamente era el órgano fiscalizador del gasto de los recursos públicos desde la Cámara de Diputados.
Y es evidente que la Auditoría Superior de la Federación, desde su creación hace 19 años no ha contado con los elementos legales para combatir a esta insultante corrupción en la administración pública. Hoy se busca hacer efectiva la promesa de campaña, pero sin estrategia y sí con graves perjuicios y un creciente descontento de un sector de la sociedad más necesitada y golpeada por las recurrentes crisis económicas.
¿Fue más o menos corrupto el gobierno de Enrique Peña Nieto, con las manos libres de sus amigos y compadres, que el de Felipe Calderón o el de Vicente Fox y, vayamos más atrás, el de José López Portillo en la época de las vacas gordas-gordas? No, no hay medianías, se es corrupto y punto.
Mire usted. Cuando la carrera por la Presidencia de la República trotaba en precampañas, un alto funcionario amigo del entonces presidente Enrique Peña Nieto me preguntó qué se decía en la calle, cuál era el tema de las precampañas.
La corrupción, le dije. Corrupción e impunidad, proseguí, los colaboradores del presidente Peña son indefendibles y serán factor de la derrota del PRI en la elección presidencial, de no hacer un movimiento firme, el compromiso creíble de que el próximo Presidente combatirá a la corrupción y, ahora sí, meter al bote a los corruptos, del tamaño que sean. Por supuesto, no descubría el hilo negro y perdió el PRI.
Desde siempre, valga el simplismo, el de la corrupción ha sido el tema recurrente de la vox populi. El factor de enojo y lo que le sigue contra funcionarios de todos los niveles, incluso desde los de ventanilla, fue el caldo de cultivo que devino en el voto que favoreció abultadamente a Andrés Manuel López Obrador, pero no aval para que sus amigos, compadres, cuates, asesores y personeros con los que pagó facturas de campaña, entiendan como una orden draconiana el pensamiento en voz alta del ciudadano presidente.
Por ello, los asesores debieran recomendar a López Obrador, junto con su muy personal estado de ánimo y rencores, que antes de emprender la estigmatización nuestra de cada día, la descalificación y el reproche cuando no la acusación contra alguno o algunos de sus contrincantes y discrepantes cuanto más críticos, se documente y no cometa despropósitos que desnudan su tendencia a las filias y fobias de suyo radicales.
En este escenario, vale preguntar al licenciado López Obrador cuánto confía en sus colaboradores que andan por ahí con la espada desenvainada para cortar recursos a madres solteras y dejar en desamparo a mujeres golpeadas y niños que no votan, porque en estos temas han incurrido en esa práctica de novato, político inexperto y con ánimo de llanero solitario que se crea los problemas y después busca las soluciones.
No, no es tarea fácil o un día de campo esto de combatir a la corrupción, porque las amistades y los intereses creados suelen alzarse como mantos de opacidad frente a escandalosos actos de corrupción de los que, el último en querer enterarse es el Presidente de la república.
Son intereses de elevado calibre, estos de las grandes ligas que se suman colaboracionistas con el candidato triunfador y así se inoculan impunidad y reaccionan violentos y gangsteriles contra quienes tienen la encomienda de investigarlos y aplicarles la ley.
¿Habrán pulsado estos escenarios los altos mandos de la Secretaría de Bienestar, de Hacienda y de Salud, por ejemplo? Porque seguramente don Carlos Urzúa no conoce el tamaño del riesgo que corre el auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, una vez conocido el monto superior a los 100 mil millones de pesos en observaciones, que implica desviaciones y mal uso de recursos públicos, de la Cuenta Pública de 2016.
Recordemos. En julio de 2003, Arturo González de Aragón había cumplido año y medio al frente de la Auditoría Superior de la Federación y era perseguido y presionado por aquellos a quienes sus observaciones relacionadas con el Fobaproa, en especial por irregularidades en pagos a Bital, Bancomer, Banorte y Banamex, requiriéndoles devoluciones por más de 40 mil millones de pesos.
En algún momento González de Aragón declaró que en ese tema se había avanzado y los bancos habían pagado. En esos días le pregunté por lo menos en tres ocasiones por los testigos de esos pagos, porque de alguna forma debían ser públicos los documentos depositados en la Tesorería de la Federación. El auditor prometió presentar esa prueba documental. Sólo prometió.
Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano dependiente del Poder Legislativo (la Cámara de Diputados) que suplió a la Contaduría Mayo de Hacienda una vez que en el año 2000 fue aprobada a Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
El caso es que González de Aragón fue perseguido ni más ni menos que por la autoridad hacendaria federal que practicó recurrentes auditorías a sus empresas.
En noviembre de 2017, la colega Jesusa Cervantes publicó en Proceso un reportaje especial en el que levantó declaraciones de González de Aragón, el primer auditor de los recursos públicos ejercidos por el aparato oficial. Rescato un párrafo aleccionador de la realidad nacional que refiere el auditor:
“Los “cuates y las cuotas” son lo que han hundido la credibilidad de la mayoría de las instituciones del país, y sólo se salvan, por ahora, la Auditoría Superior de la Federación y el Banco de México (…) México se ha convertido en la república de la impunidad porque no somos capaces de castigar a nadie (…) La corrupción, el cinismo y la desvergüenza de muchos miembros de la clase política son distintivos de nuestro tiempo”.
¿Algo ha cambiado en casi tres meses del nuevo gobierno comprometido en combatir a la corrupción? Inexpertos le soplan al jocoque y fastidian a cientos de miles de niños y de madres solteras y trabajadoras. ¿Se vale jugarle al justiciero? Digo
MARTES. Todo indica que en la intensa agenda del Senado, se continuará con la práctica del Parlamento Abierto, que resultó en un ejercicio útil y democrático, en torno a la aprobación del Dictamen de la Guardia Nacional. Ese esfuerzo, en el que contribuyeron los liderazgos del Senado, expertos y la sociedad civil, resaltando el senador Ricardo Monreal, generó tranquilidad y satisfacción en muchos sectores. No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política no asume una actitud triunfalista, al contrario, indicó que se trató de un compromiso de todos los grupos: “porque creemos que el país está en emergencia nacional en materia de seguridad pública”. Conste.
@msanchezlimon
