Por: Mario Ruiz Redondo
La cercanía geográfica y la afinidad histórica con México, obliga a seguir de cerca los acontecimientos cada vez más violentos en la Nicaragua, separada solamente por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde han resurgido los escuadrones de la muerte gubernamentales, que diezman severamente a la población civil.
Un problema que ha trascendido al mundo, por la barbarie que el gobierno del ex comandante guerrillero y presidente, Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta, cometen impunemente contra todo un pueblo insurrecto.
Rupert Colville, vocero oficial de la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), definiría en Ginebra, este viernes 13 de julio los acontecimientos actuales que vive esta nación del istmo latinoamericano, de manera breve y contundente: “Los asesinatos ocurren a diario en Nicaragua y la situación está degenerando en una peligrosa espiral de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y de impunidad rampante”.
Después de tres meses de persecución oficial a quienes se han atrevido en todo el país, a criticar la dictadura que ha constituido la “pareja presidencial”, la represión social no solamente continúa, sino que se ha perfeccionado en los días recientes al incorporar a soldados del Ejército Sandinista, vestidos de civil y encapuchados o cubiertos sus rostros con pañuelos, para sustituir a elementos de la Policía Nacional Sandinista, que de manera clandestina e impune atacaban a niños, jóvenes y adultos, que han salido a las calles para exigir la salida del poder a Ortega Saavedra y a Murillo.
Quedan atrás los grupos parapoliciales, para dar paso a los paramilitares, mejor preparados y pertrechados con armamentos de uso exclusivo del Ejército, que a las tres de la tarde de este viernes, dispararon sus armas en contra de numerosos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que desde el pasado 7 de mayo se mantienen atrincherados en la Máxima Casa de Estudios.
Desde una camioneta sin placas, los sicarios del gobierno de Ortega Saavedra, accionaros sus armas de grueso calibre contra un grupo de jóvenes universitarios que permanecían detrás de barricadas, hiriendo a varios de ellos, por lo que fueron trasladados por la Cruz Roja a sus instalaciones para ser atendidos.
Siempre detrás, como ha sido observado en distintas partes del territorio nicaragüense donde estos grupos han agredido a la población indefensa, permanecieron al acecho elementos de la Policía Nacional, como mecanismo de protección de los paramilitares que se identifican por la portación de un pañuelo blanco atado a la mano o brazo izquierdos.
La ONU advierte que “la polarización en Nicaragua ha llegado a tal extremo, que las represalias contra los opositores y críticos del gobierno, se están intensificando”, por lo que haría un llamado a las autoridades nicaragüenses a frenarlas para evitar mayor derramamiento de sangre inocente.
Demanda a Daniel Ortega Saavedra de que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, mediante la adopción de medidas para proteger a la población, controlando a los elementos y grupos armados favorables a su gobierno.
La posición del organismo de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, fue dada a conocer, luego del retorno de un grupo de expertos internacionales enviados desde Suiza a Nicaragua, para evaluar dentro del país la situación de violencia que lastima al país, los cuales concluyeron que los abusos de los últimos meses son la consecuencia de la erosión de largo plazo de las libertades ciudadanas y de un estado de derecho frágil.
Un reporte que por supuesto no fue del agrado de Ortega Saavedra ni de su esposa Rosario Murillo, toda vez que su presencia obedeció a una invitación que hicieran al organismo de la ONU para visitar la nación nicaragüense y menos aún, que ahora soliciten el desmantelamiento de las milicias progubernamentales responsables de más de 350 muertes y varios miles de heridos, así como cientos de detenidos y desaparecidos.
Insurrección popular, luego de que Daniel Ortega Saavedra ha decidido eternizarse en el poder, acompañado de su esposa Rosario, en el que suma más de dos décadas en distintos períodos, luego del derrocamiento el 19 de julio de 1979, del dictador Anastasio Somoza Debayle, el último eslabón de la Dinastía familiar que gobernó Nicaragua por cuatro décadas.
A la sombra de una Revolución, la Sandinista, que lo mismo fue apoyada por todo el pueblo nicaragüense y la Iglesia Católica, Daniel ha dejado de representar los ideales de democracia, libertad, justicia social y honestidad, que juró hacer realidad al asumir el poder, junto con otros ocho comandantes que integraron la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), apoyado por el Grupo de los 12, considerado en su momento como el brazo político que por aquellos días fue fundamental para lograr el apoyo político y financiero internacional para la victoria del último movimiento guerrillero del mundo.
Ahí estuve como relator de la historia centroamericana, enviado por el periódico EXCELSIOR, en contacto siempre con mi amigo nica, el doctor Carlos Gutiérrez Sotelo, vital en el respaldo del Presidente José López Portillo a la guerrilla sandinista, lo mismo que de España y otros gobiernos europeos y árabes, quien al derrocamiento de Somoza Debayle, sería el primer embajador de Nicaragua en México.
Por ello, me atrevo a afirmar que lo que ocurre actualmente en suelo nicaragüense, tiene muchos tintes de semejanza en cuanto al surgimiento del malestar de toda una nación cansada de las promesas olvidadas de quienes como guerrilleros prometieron acabar con la pobreza y la marginación a que la dictadura protegida por Estados Unidos, la había sometido sin misericordia.
A diferencia de aquél entonces en que se vivió una guerra entre gobiernos y sandinistas con respaldo social, hoy la ofensiva violenta y armada proviene de la oficialidad, de la Policía y Ejércitos sandinistas que utilizan grupos clandestinos para llevar a cabo una política de exterminio, como forma de intimidación.
Hasta ahora, la pareja Ortega-Murillo ha pasado por alto y desechado finalmente la mediación del alto clero católico, encabezado por la representación del Papa Francisco, la Nunciatura Apostólica en Managua, para mediar entre las partes en conflicto, dando prioridad a las propuestas populares de solución pacífica, lo cual ha molestado al gobierno, al grado de extender su represión hasta los mismos jerarcas eclesiásticos.
Menosprecio a los llamados de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este mismo viernes 13 de julio, en voz de su secretario general, Luis Almagro, exigiría durante la sesión de su Consejo Permanente, el cese de los ataques y el tiroteo a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de condenar los abusos a los derechos humanos.
Preocupación e interés de los países del Continente por el conflicto nicaragüense, que no incluye a México, que por segunda vez en la semana que termina, se reunirían en Washington para evaluar un conflicto que adquiere niveles de violencia gubernamental intolerables.
Mientras el canciller Luis Videgaray Caso y el Senado mexicano que coordina la política exterior mexicana, se mantienen indiferentes, los embajadores de Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Canada, solicitarían con carácter de urgente la realización de las dos sesiones extraordinarias.
En la segunda, Denis Moncada, el canciller de Daniel Ortega Saavedra, expresaría el desacuerdo de su país “por las acciones internacionales emprendidas en su contra”, argumentando en su defensa que “Nicaragua, como país independiente, libre y soberano, tiene la autonomía y soberanía para analizar y resolver sus problemas internamente. La Carta de la OEA, como la de la ONU; son claras en cuento a las relaciones internacionales de los Estados, sin intervenir en sus asuntos internos”.
Intervención de Moncada, en la que se referiría, sin identificarlos, a “la actividad terrorista de grupos internos, vinculados con externos, interesados en llevar a cabo un golpe de Estado para lograr un cambio de gobierno de manera inmediata”.
Con la consigna de desacreditar el movimiento popular que exige el fin de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua, el diplomático centroamericano desaprobaría al Consejo Permanente del organismo regional:
“No nos parece procedente que se esté analizando la situación de Nicaragua sin la aprobación del gobierno de nuestro país. En este concierto, esperamos que la OEA denuncie y condene los actos terroristas que se cometen en nuestro país, denuncien a los grupos terroristas que ponen en peligro la estabilidad del país, secuestros, torturas, asesinatos, actos inhumanos a los que ha estado sometida la población de Nicaragua, desde el 18 de abril”.
Posición del canciller que sería puesta en duda por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al afirmar que “los acontecimientos en Nicaragua han aumentado mi preocupación sobre la situación del país: Nuestra prioridad debe ser el dolor de las familias. No podemos convivir con episodios violentos como los ocurridos en Nicaragua. Se necesitan pasos que conduzcan a una negociación sobre los temas expresados por la ciudadanía en torno a la democracia, derechos humanos y elecciones”.
La línea que separa el poder de la arbitrariedad, es la moral de quienes gobiernan. Hay responsabilidad del Estado por la muerte de civiles, policías y para militares. Esta para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. Lo peor que le puede pasar a Nicaragua, es seguir muriendo. Nuestra propuesta de elecciones sigue siendo el camino a la paz”, advertiría.
Y mientras los enjuiciamientos al régimen surgen por todas partes
del mundo, en el país centroamericano la insurrección popular crece en forma de protestas cívicas que este viernes 13 de julio se desarrollaron por todos los rumbos de la geografía nicaragüense, al realizarse el segundo día de paro nacional de tres consecutivos, de protestas ciudadanas contra el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.
Este sábado concluirán, en el marco de un panorama de temor a una nueva represión, que ya se manifiesta de manera intensiva al iniciar las fuerzas gubernamentales una “cacería” de dirigentes populares que han sido detenidos en forma violenta y trasladados a destinos desconocidos hasta ahora por sus familiares.
Hoy, el gobierno de Ortega-Murillo, repite la historia de la dictadura somocista, que junto con Washington calificaban de “terroristas” a los revolucionarios sandinistas, que junto con el pueblo la combatían y que finalmente derrocaron.
Un conflicto, en donde las ideas de cambio, pretenden ser acalladas con las balas y la violencia impune.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
