Por: Mario Ruiz Redondo
En el México del ayer del “neoliberalismo” y del hoy de la “transformación”, el riesgo para el ejercicio del periodismo ha sido y es letal.
La impunidad es el denominador desde siempre. La mayoría de los casos de crímenes contra comunicadores han sido archivados. El 99 por ciento de las acciones criminales en su contra no se han resuelto. De entrada, la condena oficial, las nada creíbles promesas y consignas de “¡se hará justicia!”, “¡nadie por encima de la ley!”, “¡ni uno más!”.
La farsa discursiva de siempre, de gobiernos de todos los colores y siglas distintas, de “derecha”, “centro” o “izquierda”, de los que han surgido “organismos protectores”, dirigidos solamente en el papel, a quienes han hecho del uso de la libertad de expresión, la mejor forma para dar voz a los sin voz, aún cuando en ello les vaya la vida al exhibir la corrupción manifiesta en los niveles diversos de la escala social, política, económica y delictiva.
Una realidad que lastima y ofende, porque los asesinatos de periodistas en México, aumentan de manera constante, apresurada, y por lo mismo cada vez más alarmante, por su absoluto estado de indefensión ante la impunidad con que actúa la gente de las distintas esferas del poder.
Las historias de atentados a representantes de medios de comunicación impresos, de radio y cibernéticos, principalmente, se acumulan como una constante que evidencia la creciente inseguridad y violencia que continúan enraizándose peligrosamente en la amplia geografía nacional.
El turno más reciente de las víctimas de esta conducta delictiva, ha correspondido a Julio Valdivia Rodríguez, un modesto comunicador corresponsal en Tezonapa, del periódico El Mundo de Córdova, en la Región limítrofe de Veracruz con Oaxaca. Fue secuestrado, torturado y asesinado con saña, mediante decapitación, el pasado miércoles 9 de septiembre.
Su cuerpo sin vida, sería depositado por sus asesinos, sobre las vías del ferrocarril, para que fuese destrozado, sin que tal propósito se haya logrado, al ser descubierto antes del paso tren, por personas que pasaban por el lugar, quienes lo rescataron y con ello evitaran su identificación. Al lugar llegarían autoridades de la ciudad de Córdoba para trasladarlo al Servicio Médico Forense.
El crimen de Valdivia, un reportero honesto que con frecuencia completaba los gastos de la economía familiar, realizando trabajos como albañil, dadas las bajas remuneraciones que recibía por la cobertura informativa que realizaba, se suma a los de otros 16 cometidos en contra de comunicadores del país, durante los 21 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al morir a los 44 años de edad, deja en la orfandad a dos hijas que ahora serán responsabilidad total para su subsistencia de su madre, con quienes subsistía en condiciones precarias, luego de que el periódico para el que trabajaba no le había pagado completo en los últimos ocho meses, su salario de mil pesos a la semana.
Un recuento obligado de comunicadores asesinados, que establece que en lo que va de 2020, se incluye a la también veracruzana María Elena Ferral Martínez, corresponsal en Papantla, de Diario de Xalapa, el lunes 30 de marzo; Víctor Fernando Alvarez Chávez, el 2 de abril, en el estado de Guerrero, donde igualmente fue víctima por armas de fuego, Pablo Morrugares, de PM Noticias.
Ahí mismo en tierras guerrerenses sería abatido el 12 de septiembre de 2019, Erick Castillo Sánchez, del medio Discovery Latinoamérica; Nevith Condés Jaramillo, de El Observador del Sur, el 24 de agosto de ese año, en el Estado de México; 22 días antes, la víctima Jorge Celestino Ruiz, de El Gráfico de Xalapa, en Veracruz; Edgar Alberto Nava López, de La Verdad de Zihuatanejo, Guerrero, asesinado en igual fecha, el 2 de agosto.
En el estado de Morelos se sumaría el atentado mortal a Rogelio Barragán, de Guerrero, al instante el 30 de julio. Una mujer entre las víctimas de criminales, Norma Sarabia, muerta el 1 de junio, reportera del Semanario Chontalpa, Tabasco.
Francisco Romero, el 6 de mayo, en Quintana Roo, del medio Ocurrió Aquí; Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria indígena El Cafetal de San Agustín, de Estéreo 98.7 FM, el 2 de mayo, en Oaxaca; Santiago Barroso, el 15 de marzo, en Sonora, donde laboraba en Red 653/91.1 FM Río Digital; Samir Flores, de Radio Amiltzinko 100 FM, de Morelos, el 20 de febrero; en Baja California Sur, el comunicador Rafael Murúa, el 20 de enero de 2019, de Radio Kashana.
Sexenio en poder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que iniciaría el 2 y 4 de diciembre de 2018 con los crímenes de los periodistas Alejandro Márquez, de Orion Informativo, de Nayarit; y Diego García Corona, del Semanario Morelos, en el Estado de México, respectivamente.
Lo preocupante es que hasta ahora todos los asesinatos se mantengan impunes, confirmando la versión de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, de que México es en el mundo el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, después de Afganistán y Siria, ubicándolo además en el 144 de 180 países en la Clasificación de la Libertad de Prensa durante 2019. Una situación que ha empeorado en 2020.
De acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de Veracruz, la Región donde de manera permanente trabajaba y vivía Valdivia (Tezonapa-Motzorongo), es de extrema violencia, al estar enfrentados cotidianamente por el control del territorio, diversos cárteles de las drogas, entre ellos el denominado Jalisco Nueva Generación, donde Julio sería el tercer comunicador asesinado en los últimos cinco años.
El organismo gubernamental “protector” de periodistas, define a la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca, como de “descomposición, como otras Regiones del estado silenciadas o donde existen vacíos del Estado de Derecho de facto, que hacen que los periodistas recurran a la autocensura como medio de protección”.
Una radiografía de la administración de la entidad que preside el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, que no deja de llamar la atención por la forma en que las Corporaciones Policíacas, estatales, Policía Federal, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), permiten sin ningún freno las actividades de los grupos del crimen organizado que están involucrados en robo de combustible “huachicoleo”, producción de drogas, extorsión, secuestros y robo de mercancías de camiones.
De nuevo las condenas por el atentado que costó la vida al corresponsal Julio Valdivia Rodríguez. Mayor trascendencia de los elevados índices de criminalidad en México, que llevan al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a demandar al gobierno mexicano, a investigarlo a fondo y de conformidad con los estándares de la debida diligencia.
Posición a la que se suman la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), además de la oficina en México de la alta comisionada por los Derechos Humanos del organismo internacional, Michele Bachelet, con sede en Nueva York.
Subrayan en su mensaje que “todos los periodistas deberían poder hacer su trabajo libremente y con seguridad, sin miedo de ser asesinados o heridos. Es imperativo que el crimen no permanezca impune. Se debe hacer cumplir la justicia para evitar que un brutal derramamiento de sangre restrinja las libertades que todos deben disfrutar: la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a acceder a la información”.
Las reacciones de repudio por el crimen contra su colega, se desbordaron por las calles más céntricas de Córdoba, Orizaba y la capital veracruzana de Xalapa. Reporteros de todos los medios de comunicación elevaron su voz de indignación ante las autoridades estatales, municipales y federales, para el esclarecimiento y castigo de los culpables del asesinato del conocido y respetado comunicador.
Exigencia común a gritos y en pancartas durante las movilizaciones masivas en las que se sumaron estudiantes de comunicación y gente del pueblo: “¡Ni uno más!” y “¡Basta de agresiones contra Periodistas!”.
Gremio unido por la causa común de exigir justicia a quien calificaron de indiferente e inepto, el gobernador de Morena, Cuitláhuac García Jiménez. Marcha en la ciudad de Córdoba, del parque Cordobés 21 de Mayo hasta las instalaciones de la Fiscalía de Justicia, en la calle Nueve, sin ser atendidos por autoridad alguna.
Ahí se denunciaría que de 2010 a 2020 un total de 24 comunicadores han sido asesinados, mientras que otros 10 se encuentran en calidad de desaparecidos, por lo que ya se les da como muertos en el estado de Veracruz.
Frente común de jefes de Información, de Redacción, reporteros y fotógrafos, que coincidieron en afirmar que el periodismo que se ejerce en las distintas regiones de Veracruz, es de alto riesgo, especialmente en la zona de Tezonapa, donde laboraba como corresponsal Julio Valdivia Rodríguez.
“Los reporteros hoy nos estamos inconformando, nos manifestamos. Ya basta, no queremos que el periodismo en Veracruz se siga escribiendo con sangre de los reporteros. También nosotros somos padres y madres de familia, tenemos en nuestros hogares a personas que nos esperan y nosotros salimos en espera de llegar con bien a nuestros hogares; lamentablemente nuestro compañero no pudo hacerlo”, expresarían.
Con fotografías de Julio Valdivia Rodríguez y pancartas, los periodistas de Xalapa realizaron un plantón en la plaza Lerdo, donde a gritos que seguramente escuchó desde su cómodo despacho, pero sin dar la cara, el gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional, en los que le recordaban que el excorresponsal de El Mundo de Córdoba, es el segundo periodista asesinado en lo que va de 2020 y el tercero durante su administración.
Posteriormente, sin bajar sus banderas de protesta contra la impunidad que prevalece en los atentados a comunicadores del estado, los inconformes
bloquearon la circulación vehicular de la importante calle de Enríquez, que bordea el edificio del Palacio de Gobierno.
Actividad en tierras veracruzanas de una delincuencia organizada que impone su ley, por encima de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con quienes mantiene complicidad.
Un imperio del mal, protegido por los gobernadores en turno, desde tiempos muy atrás, con grado de sobresaliente en los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, que parece replicar el actual Cuitláhuac García Jiménez, en detrimento de la paz social y la armonía de la sociedad de Veracruz.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
