Por: Mario Ruiz Redondo
Como hace 57 años, ante el bloqueo encabezado por Estados Unidos contra Cuba, el Gobierno de México vuelve a asumir una posición digna frente a Washington, ahora con Venezuela, al aplicar nuevamente la olvidada “Doctrina Estrada”, que sustenta desde 1930 los principios de su política exterior, de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias, y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Este miércoles 23 de enero, la coincidencia en el ámbito de la diplomacia mexicana, para hacer patente el apego de nuestro país a sus normas plasmadas en el artículo 89 de la Constitución, de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, como en la inmediatez y cercanía correspondió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, demostrar sobre la marcha en la frontera chiapaneca-mexicana con Guatemala, la disposición gubernamental solidaria de permitir el ingreso ordenado de miles de migrantes, como respuesta a la emergencia humanitaria frente a la grave problemática en Centroamérica.
Visita sorpresa de la responsable de la política interior del Gobierno federal, al principal paso formal migratorio visible sobre el puente fronterizo “Rodolfo Robles”, donde impacientemente varias centenas de transmigrantes aguardan su turno, para obtener la “Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias”, así como la de “Trabajador Fronterizo”, en principio concedidas a guatemaltecos y beliceños, la cual, anunciaría la titular de la Segob, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se amplía a favor de salvadoreños, hondureños y nicaraguenses.
Decisión, explicaría, dirigida a favorecer el ingreso regular, seguro y ordenado de quienes en calidad de migrantes sin visas, se internen a territorio mexicano con la intención de llegar hasta la frontera con la Unión Americana e internarse en ella, o para aquellos que lo hagan en plan de trabajo, en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Oaxaca.
Recorrido de la funcionaria por la Región fronteriza sur colindante, posterior al realizado el viernes 28 de diciembre último, por los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, acompañados por el jefe de la XXVI Zona Militar, con sede en Tapachula, Vicente Antonio Hernández Sánchez, en el que se manifestaría la convicción del gobierno mexicano, de que la solución de fondo para el problema migratorio proveniente del istmo latinoamericano, es generar oportunidades laborales, particularmente para los jóvenes en sus lugares de origen.
Alfonso Durazo definiría la perspectiva: “Consecuentemente, mientras eso no se dé va a ser prácticamente imposible detener los flujos migratorios, pero en la medida en que estos se den, habrá invariablemente una respuesta del gobierno mexicano”.
Resurgimiento de la solidaridad hacia Latinoamérica, como en los días de los Presidentes Lázaro Cárdenas del Río (1936-1942), y de Luis Echeverría Alvarez (1970-1976), en que México abrió, con el primero, sus puertas a miles de republicanos españoles perseguidos por la dictadura de Francisco Franco, el segundo lo haría igualmente, para brindar refugio a los chilenos perseguidos por la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, luego del derrocamiento del Presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Unos provenientes de Europa y los otros del cono sur de América, que encontrarían en suelo mexicano no solamente protección y una esperanza de vida, sino trabajo digno, como los que tuvieron la oportunidad de ser maestros fundadores en Tapachula, del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI), que sería en Tapachula el primer centro de educación superior en su historia.
Españoles y chilenos, se sumaron a los mexicanos en la tarea de lograr un mejor desarrollo y progreso para México. Por aquellos días tuve oportunidad de entrevistar para el periódico EXCELSIOR de la capital del país, a Doña Hortensia Bussi viuda de Allende, quien desde su departamento en la colonia del Valle, agradecería con lágrimas en los ojos, la gran solidaridad de México con Chile.
Presencia de Sánchez Cordero en Ciudad Hidalgo, para vivir de cerca la avalancha migratoria que no cesa, subrayando la obligación de los servidores públicos federales, de llevar a cabo el pleno respeto a los derechos humanos de los centroamericanos, a quienes expresaría que por instrucciones del Jefe del Ejecutivo Federal, tendrán oportunidad de trabajar en los programas de desarrollo de los municipios de Suchiate y Tapachula, que involucran el mejoramiento urbano, seguridad, salud y educación.
Se le informaría a la titular de la Secretaría de Gobernación, que la Tarjeta Humanitaria de visitante, ha sido otorgada a personas originarias de Brasil, (dos); Angola, (tres); Cuba, (dos); Haití, (seis); Nicaragua, (183); El Salvador, (mil 37); Guatemala, (mil 11), y seis mil 483 de Honduras, para sumar un total de ocho mil 727.
Y mientras la también ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, daba a nombre de la nación mexicana la bienvenida a los migrantes que huyen de la hoguera de sus países en América Central, en Venezuela los opositores al presidente Nicolás Maduro, atizaban desde la mañana del miércoles, el fuego de la inestabilidad política y social predominante en los últimos meses, al surgir durante un mitin multitudinario realizado en la capital Caracas, la autoproclamación del legislador Juan Guaidó, como “nuevo presidente” de la nación bolivariana, con el absoluto respaldo de Estados Unidos y el rechazo de Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, Bolivia y México.
Enésima ofensiva estadounidense en contra del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca, por medio del secretario de Estado, Mike Pompeo, califica de ilegítimo, posición a la que se suman Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador y Paraguay, al que de igual manera definen como “presidente encargado”.
Pronta respuesta de la Unión Europea, que ofrece su total apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, integrada por una mayoría opositora, a la que definen como una instancia legislativa elegida de manera democrática.
Suma del incondicional de Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, quien incluso desde el pasado 11 de enero había reconocido a Guaidó como “presidente interino”.
En la contraparte, la posición de Rusia, Irán Turquía, Bolivia, Nicaragua y México, de mantener su reconocimiento a Nicolás Maduro, como presidente constitucional de los venezolanos.
Intervencionismo declarativo de Donald Trump, al inducir el mensaje de secretario de Estado Pompeo, durante la sesión urgente convocada por el Consejo Permanente de la OEA, en el sentido de que los Estados Unidos están listos para restablecer la democracia en Venezuela, mientras convocaba a los 34 países miembros, a reconocer a Juan Guaidó como nuevo líder, en sustitución de Maduro.
Informaría que la Unión Americana está lista para proporcionar más de 20 millones de dólares, para enfrentar la escasez de alimentos y medicinas, argumentando que “como amigos de Venezuela, estamos listos para ayudarlos a reconstruir el país tras su destrucción por el régimen de Maduro”.
Y como en los viejos tiempos de la llamada “guerra fría”, en la que como bloque, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), se contraponía a los poderosos intereses del mundo occidental liderado por Washington, el presidente ruso Vladimir Putin, ratificaría su apoyo a Maduro y Venezuela, y advertiría a la Casa Blanca no intervenir en los asuntos internos de la nación sudamericana, ya que de hacerlo “tendría consecuencias”.
Llamada telefónica desde Moscú a Caracas, del dirigente socialista, para expresar el respaldo de Rusia al gobierno legítimo de Venezuela, “en el marco del agravamiento de la crisis política provocada desde el exterior”.
Acusación desde el Kremlin al gobierno de Donald Trump, de estar detrás de las protestas callejeras con la intención de minar al presidente Nicolás Maduro, “en un intento por usurpar la autoridad soberana de Venezuela, que contradice y viola la base y principios de la ley internacional”.
Conversación en la que el líder venezolano agradeció a su homologo ruso, su postura congruente frente al peligroso desarrollo de los acontecimientos en el país, en los últimos días. En su visita a Moscú en diciembre pasado, Maduro anunciaría el apoyo ruso a su administración, consistente en acuerdos de ayuda financiera con valor de seis mil millones de dólares.
Golpeteo en otra parte del discurso del secretario de Estado Mike Pompeo, dirigido a Cuba, al afirmar que ningún régimen ha apoyado más la tiranía de Cuba, que el gobierno de Cuba, el cual, acusaría, ha asesorado a las fuerzas de seguridad venezolanas, para torturar a los opositores.
Llamado del responsable de la política exterior estadounidense, a los países miembros de la OEA, a “alinearse a Estados Unidos en la decisión de apoyar a Guaidó”.
El gobierno de Cuba ha respondido, en voz de su presidente Miguel Díaz Canel, a los señalamientos del representante de Washington, primero, reiterando los lazos de amistad y alianza con Venezuela y segundo, para denunciar que el objetivo principal de la crisis que manipula la Casa Blanca, es para apoderarse de los inmensos recursos petroleros de la nación sudamericana.
Enérgica condena de La Habana, “al intento de imponer mediante un golpe de Estado, un gobierno títere al servicio de los Estados Unidos, en Venezuela, y destruir el valor del ejemplo de Maduro, como forjador de un proceso emancipador y de defensa de la dignidad e independencia de América”.
Y sin hacer alusión a las represalias orquestadas por Washington desde la OEA, al triunfo de la Revolución cubana en 1959, el mandatario calificaría de vergonzoso el papel de la Organización de Estados Americanos, al constituir un nuevo y desesperado intento por aplicar una fracasada política de cambio de régimen.
En apego estricto al Derecho Internacional, se puede observar que al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guidó, como el nuevo presidente de Venezuela, que viola la normatividad legal de la OEA, Estados Unidos no oculta su evidente interés por intensificar la ya prolongada crisis política venezolana, auspiciada desde la Unión Americana.
Intención que lleva como objetivo estratégico, dividir a las cúpulas militares, pero sobre todo enfrentar todavía más a la población, por lo que el reconocimiento de Guaidó, inducido por Estados Unidos y sus aliados incondicionales del continente, como nuevo “gobernante legítimo”, únicamente empeorará las condiciones generales del país, al repuntar, como ha empezado a ocurrir la violencia y la inestabilidad social.
Indicios de fraguar un golpe de Estado para quitar de en medio a Nicolás Maduro y apoderarse de la riqueza petrolera, como lo hicieron en Kuwait y posteriormente en Iraq, con la invasión a sangre y fuego y el despiadado asesinato de Saddam Hussein o de Libia, donde eliminaron al líder Muamar Kadafi, además de muchos otros en Latinoamérica.
Hoy, de nuevo la posición digna del Gobierno de la República, al retornar a los orígenes de país solidario, soberano e independiente en su toma de decisiones, que impide hacer el juego sucio a Estados Unidos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
