sábado, junio 22, 2024

EN REDONDO: Seguridad, prioridad de Estado y sociedad

    Por: Mario Ruiz Redondo

 

En los días en que en Estados Unidos se mantiene desde el gobierno y algunos medios de comunicación, una campaña para magnificar el problema de violencia e inseguridad en los principales centros turísticos del país, incluyendo Chiapas, surge la voz del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para afirmar que la política de seguridad ha sido la de mayor prioridad durante su Administración.

 

Si bien es cierto que Cancún y Acapulco han vuelto a ser centros de actividad extrema de los grupos del crimen organizado, que han escenificado balaceras y provocado muertes en su disputa de territorios, no se puede decir lo mismo de la entidad chiapaneca, donde la paz social, es un hecho.

 

Una proyección de imagen de la inseguridad en México, que generaliza y deforma la realidad de la mayoría de los estados del país, donde las actividades productivas se compaginan con la armonía predominante como distintivo común, que da confianza a la inversión extranjera.

 

De otra manera, no sería posible que en los últimos casi cinco años, empresarios de diversas partes del mundo hayan traído sus capitales, acumulando 156 mil millones de dólares, que se ha traducido en una cifra histórica, nunca ante registrada en un sexenio.

 

Chiapas, hay que reiterarlo, es parte de los espacios privilegiados de la república mexicana, identificada por su seguridad, que le ha convertido cada vez más en el extranjero, en un destino turístico confiable, en el que se conjuga la hospitalidad de su gente y sus bellezas naturales abundantes y excepcionales, además de sus vestigios milenarios mayas y Pueblos Mágicos.

 

Los resultados quedaron registrados ampliamente en el reciente período vacacional de verano, en que más de un millón de visitantes generaron una derrama económica de cuatro mil 785 millones de pesos, lo cual significó en principio un incremento de 29 por ciento, si se compara con la misma temporada de 2016 y de 13 por ciento superior a 2015.

 

Cifras no exclusivamente del gobierno, sino de los empresarios turísticos, que junto con Mario Uvence Rojas, secretario estatal de Turismo, precisaron que la ocupación hotelera en 2017, fue de 56 por ciento, arriba en un nueve por ciento a la de 2016, y uno por ciento más favorable del registro de hace dos veranos.

 

Esfuerzo de la iniciativa privada representada por la Asociación de Hoteles y Moteles del estado, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Chiapas y la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, apoyado por  más de 32 mil efectivos de las instancias estatal, municipal y federal, que conformaron las acciones conjuntas del Plan de Seguridad vacacional Verano 2017.

 

La vida en la paz de Chiapas, que si bien no es absoluta, como en ninguna parte del mundo, no coincide con las versiones desvirtuadas que se manipulan desde la Unión Americana, donde se ignora que para garantizar una estancia agradable a los visitantes nacionales y extranjeros, se contó con la movilización en toda la geografía chiapaneca de personal desplazado en dos mil 577 vehículos  oficiales, así como con la atención de 766 unidades médicas fijas y 80 móviles, enlazados vía dos mil 908 equipos de radio comunicación.

 

Despliegue de seguridad coordinado por la Fiscalía General del Estado, bajo la responsabilidad de Raciel López Salazar, en coordinación con mandos militares (Ejército y Armada), además de corporaciones policíacas estatales y federales.

 

Satisfacción de los empresarios turísticos de Chiapas, por ubicarse actualmente la entidad, dentro de las 10 más visitadas de México, al ser considerada como una de las más seguras y sobre todo, de grandes atractivos naturales únicos.

 

Contrasta, con la problemática de inseguridad en otras partes del país, que ha obligado al Gobierno de la República, a invertir en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 70 mil millones de pesos en apoyo a estados y municipios, mediante diversos fondos y subsidios federales destinados a su combate.

 

Prioridad, que ha llevado también al suministro de seis mil 500 millones de pesos para la construcción de Centro Regionales de Fusión de Inteligencia, al servicio de los gobiernos estatales, a los que se suman la creación de Unidades contra el Secuestro.

 

Sesión 42 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, este miércoles 30 de agosto, en la que se subrayó que el fortalecimiento a las Corporaciones de Seguridad estatales y municipales, es hoy más importante de lo que era hace unos años.

 

Especial atención para que en lo local se cuente con mejores herramientas, mecanismos y estrategias para hacer frente a la compleja realidad que hoy estamos viviendo.

 

Reunión en la que estuvieron presentes, la directiva del Senado de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembros del Gabinete Federal, gobernadores, alcaldes y representantes empresariales y de la sociedad civil.

 

Discurso del Primer Mandatario, en el que afirmaría que la construcción de un México con seguridad y tranquilidad sólo se puede lograr con la actuación corresponsable de todo el Estado mexicano. Esa, agregaría, es la razón de ser del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Reiteración Presidencial, de que tal y como lo mandata nuestra Constitución, los tres Poderes y órdenes de Gobierno, son los responsables de la seguridad pública. Para cumplir este deber, aseveró, desde el primer día de esta Administración, definimos e impulsamos un modelo de seguridad, centrado en facilitar la colaboración y la coordinación, que además incluye la participación de la sociedad civil.

 

Se trata de un modelo que promueve la prevención social de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones y privilegia el uso de sistemas de inteligencia.

 

Parte medular del mensaje, fue la aceptación de que el diseño institucional vigente de descentralización en las labores de seguridad, ha sido rebasado por los desafíos del Siglo XXI. Mientras que las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado.

 

Y la “revelación” de lo que la ciudadanía de todo el país sabe, porque lo sufre todos los días: “Las entidades federativas, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. Y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”.

 

Datos duros y relevantes que dimensionan la problemática y sus retos, al informar que únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos.

 

Se le olvidó al Jefe de la Nación, que existen muchos municipios de escasos recursos, como en Chiapas, donde los integrantes de la Policía Municipal tiene problemas para la dotación de uniformes y exageradamente bajos salarios, además de no contar con un arma para ejercer su trabajo en beneficio de la población, por lo que tanto unos como otros, se encuentran en absoluto estado de indefensión ante la delincuencia.

 

Y es aquí como es necesario cuestionar que mientras muchos pueblos del territorio nacional están a merced del hampa, por no tener ni siquiera una resortera para combatirla, se diga que “no sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados”.

 

El planteamiento y exigencia social de tener policías mejor preparados, cuando en la actualidad el 70 por ciento tiene una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración. Aproximadamente 40 por ciento de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a cuatro mil 600 pesos.

 

Referencia en la reunión encabezada por el Jefe del Ejecutivo Federal, a que la presencia de las Fuerzas Federales por sí misma genera tranquilidad en la población, en las entidades federativas. Sin embargo, también sabemos que por definición este respaldo no puede, ni debe ser permanente.

 

Planteamiento de aceptación común, en cuanto a que la solución de fondo, requiere que los gobiernos locales cumplan cabalmente con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

 

Queja generalizada en muchos municipios, de que a pesar de que en el papel se les informa de que existen recursos federales para las tareas de seguridad, las partidas presupuestales son desviadas y por lo mismo quedan sin efecto, creando con ello situaciones que perjudican a la sociedad y benefician a la delincuencia organizada.

 

Visión oficial, de que el fenómeno delictivo se está transformando, luego de que el combate al crimen organizado ha tenido importantes resultados al debilitar la estructura operativa y financiera de los grandes cárteles. Pero esto, a su vez, ha derivado en nuevos retos en el ámbito local.

 

Hoy se dice que hay una parte significativa de los homicidios que no está relacionada con el fenómeno del crimen organizado, sino con delitos del fuero común. Según datos del Gabinete de Seguridad, del total de homicidios, aquellos que están relacionados con delitos del fuero común, pasaron de tres de cada 10, en 2011, a cinco de cada 10, en 2016.

 

Cifras reveladoras en cuanto a que el  50 por ciento de los asesinatos registrados en el país, son por fenómenos delictivos locales, relacionados con el robo, el secuestro, el pandillerismo, la violencia intrafamiliar o contra la mujer.

 

Enfoque especial al combate a la violencia contra la mujer, sobre todo cuando 66 por ciento de ellas  han sufrido algún tipo de agresiones; 44 por ciento han sido violentadas por sus parejas, y lo que es aún más grave, también en algunos casos, sobre todo, de los novios en la etapa adolescente.

 

Situaciones cada vez más negativas en la vida femenina en

 

el ámbito de la violencia laboral, especialmente la que deriva del acoso sexual que se presenta en un 20 por ciento de los lugares de trabajo, a los que se añaden muchos casos que no se denuncian por temor a perder el empleo.

 

Injusticias e inseguridad, que en México tienen muchas aristas, sobre todo una en especial, la vinculada con la corrupción y la impunidad que la sociedad nacional repudia y condena, pero hasta ahí.

 

Mucho por hacer y exigir a la clase gobernante, para alcanzar mayor efectividad que la que ahora se demuestra, y que ante su ineficiencia, desde el exterior se utilice para deformar la realidad de un país como el nuestro, tan necesitado de la paz y de la armonía que sigue siendo la mayor demanda nacional para que la seguridad tenga mayor alcance como prioridad para el Estado y la sociedad.

 

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

 

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.

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