Por: Mario Ruiz Redondo
Los tres policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, que en los primeros minutos del miércoles 5 de septiembre, aparentemente simularon un asalto para golpear y luego secuestrar al compañero Heriberto Ortiz, reportero investigador de CUARTO PODER, pues sabían perfectamente de su identidad, la cual confirmaron al sustraer de la bolsa de su pantalón, la cartera, que aparte de dinero, contenía la credencial que lo acreditaba plenamente como periodista de esta Casa Editorial.
Hoy, dos días después, la pregunta está en el aire. ¿Quién o quiénes ordenaron la represión en contra de comunicador, dedicado a la realización de reportajes de denuncia?
La repuesta parecería muy obvia en cuanto que la autoría intelectual proviene de algún funcionario en el poder, con la piel muy sensible, por lo burdo en cuanto al atentado a Heriberto, al utilizar a agentes uniformados para cometer el atropello ocurrido momentos después de que el reportero había descendido del vehículo conducido por un líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quien había terminado de entrevistar casi a la medianoche del martes 4 de septiembre.
Lo venían siguiendo y no se percató de ello.
Con la confianza de encontrarse en una de las colonias consideradas como más seguras de la capital del estado, la Moctezuma, Ortiz se dirigió desde la avenida Central, hacia la calle de Circunvalación Tapachula, donde había dejado su vehículo estacionado. Cuando caminaba entre boulevard Comitán y 15 poniente, dos uniformados vestidos de negro, se abalanzaron sobre él por la espalda, para sujetarlo mientras lo golpeaban en la cara y otras partes del cuerpo, y pateaban.
El tercero de los “agentes de la ley”, emparejó la unidad policíaca, de la cual se bajó de inmediato para ayudar a sus compañeros a someter con extrema violencia al periodista, que para entonces se defendía sin éxito al ser superado en fuerza por los guardianes bajo las órdenes del director de la Corporación, Moisés Grajales Monterrosa, que tuvieron a bien informarle que se trataba de “una revisión de seguridad”.
Y mientras más resistencia ofrecía a sus agresores, el periodista era objeto de mayor castigo físico por parte de quienes en teoría tiene la responsabilidad de salvaguardar por los intereses de la ciudadanía.
Finalmente pudieron dominar al comunicador e inmediatamente esposarlo, para ser empujado violentamente al interior de la patrulla, sin importar los reclamos del periodista por el extremo abuso de autoridad, que para entonces había sido confirmada su identidad.
Mientras se defendía de los “defensores de la justicia”, el reportero investigador se percató que el vehículo policial únicamente traía número de identificación en la parte delantero, no así en las partes laterales o trasera de la unidad, que al ser sometido por la fuerza no alcanzó a verlos con precisión, pues todo era confusión golpes.
Después de pasearlo por calles oscuras, hurgaron y robaron sus pertenencias, mientras se burlaban de Heriberto, en cuanto a que a ellos poco les importaba que fuera periodista, lo fueron a tirar a unos matorrales, no sin antes advertirle que le iría peor si los denunciaba.
Casi a ciegas, al haber sido rociado con gas en sus ojos y como pudo, el comunicador salió a calles cercanas y pidió auxilio, siendo llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para denunciar los hechos y exigir su esclarecimiento y castigo conforme a la ley, de los responsables del atentado a su integridad física.
Al enterarse del atentado al colega, diversas asociaciones de comunicadores manifestarían su repudio a la agresión, considerándola como un atentado a la libertad de expresión, considerando que Heriberto Ortiz se ha desempeñado a lo largo de su quehacer periodístico, como un profesional de amplio reconocimiento por lo acucioso de sus trabajos, por lo que demandaban a las autoridades correspondientes llegar a fondo en las pesquisas para dar con los culpables y aplicar un castigo ejemplar.
Después del mediodía, el responsable de la seguridad en la capital del entidad, Moisés Grajales Monterrosa, convocaría a sus oficinas al reportero de CUARTO PODER, para mostrarle imágenes de miembros de la Corporación y en especial de dos, que ya habían sido identificados como responsables, versión que no confirmó el denunciante, negando que hayan sido los agresores.
El denunciante pediría al jefe policíaco, que se solicitará a los vecinos y empresas ubicadas en el lugar de la agresión y secuestro, los videos grabados por las cámaras de seguridad colocados en el exterior de los inmuebles, donde incluso tienen contratados guardias de seguridad privada que se percataron del abuso de los tres “agentes del orden”.
Este jueves 6 de septiembre, CUARTO PODER publicaría en su primera plana, la información que da cuenta del ataque sufrido por el colega reportero Heriberto Ortiz, quien recibiría las muestras de solidaridad de sus compañeros de trabajo de esta Casa Editorial que por más de 40 años ha servido a los intereses de los chiapanecos.
Lo acontecido es la enésima muestra de cómo un periodista se mantiene en absoluto estado de indefensión en Chiapas y en general en México, donde con toda la impunidad se pueden cometer todo tipo de agresiones como las que hoy se ejemplifica en la persona de Heriberto Ortiz, que para su buena fortuna no llegó a más, pues todo parece ser que se trata de una velada amenaza a su vida.
Por lo mismo, ya no se trata de un asunto que solamente incumba al secretario Moisés Grajales Monterrosa, sino a la misma Fiscalía General del Estado de Chiapas, sino también a la Procuraduría General de la República, al tratarse de un distinguido representante de la prensa chiapaneca que forma parte del equipo de comunicadores del periódico que más ha sido objeto de la represión en la entidad, en tiempos del gobernador Pablo Abner Salazar Mendiguchía y su “Ley Mordaza”, totalmente inconstitucional.
Abierto abuso de poder de quienes lo detentan y ejercen en las calles, como instrumento de quienes desde la oscuridad vuelven a operar el garrote vil en contra de un periodista.
Nunca como en el sexenio 2000-2006, la persecución de un gobernante hacia las voces disidentes y aun medio impreso de comunicación, como lo sería CUARTO PODER, al que no obstante acometer con todo los medios legaloides, de intimidación, persecución y represión, no pudo vencer y se mantiene hoy en el liderazgo estatal.
Contribución muy importante de Salazar Mendiguchía a la imagen de extrema inseguridad que tiene desde entonces el mundo, del ejercicio periodístico en México.
La información oficial de este grave problema proporcionada oficialmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revela que del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2018, un total de 133 periodistas fueron asesinados en nuestro país, de los cuales 14 son mujeres, en tanto que de 2005 a la fecha, 21 comunicadores permanecen en calidad de desparecidos, de ellos dos son mujeres.
Datos que lamentablemente han dejado de impactar a la sociedad nacional, cuando la CNDH precisa que en los últimos 12 años, se han registrado 52 atentados contra medios de comunicación.
La organización gremial internacional Reporteros Sin Fronteras, asegura en consecuencia, que Méxicofue el segundo país más mortífero del mundo para los periodistas en 2017. “Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades, sobre todo de gobiernos locales o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones y pueden ser asesinados a sangre fría”.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce que “existe un índice de impunidad de 90 por ciento en delitos cometidos contra periodistas”.
Ello queda de manifiesto en el hecho de que ninguno de los agresores de periodistas detenidos de 2010 hasta ahora, por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ha sido sentenciado por un juez, ya que todos los casos continúan en proceso.
Grave situación en un país convulsionado por la delincuencia organizada, que políticos y gobernantes aprovechan para cobrar venganzas, luego de ser exhibidos por sus cínicos actos de corrupción e impunidad.
Cifras oficiales revelan que el estado con mayor incidencia en homicidios de comunicadores, es Veracruz, con 21, seguido de Oaxaca, 15; Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua, 14, y Sinaloa con 7.
Acciones incompletas, en medio de la severa crisis de credibilidad en las instituciones de justicia, como la FEADLE, que afirma que entre 2017 y 2018, incrementó el número de órdenes de aprehensión contra los presuntos agresores de comunicadores, haciendo efectivas 16 de las 23 acciones contra probables homicidas de reporteros.
La PGR señala como sobresalientes la detención de un aparente implicado en el asesinato de la chihuahuense Miroslava Brech, otro por el crimen del sinaloense Javier Valdez Cárdenas, así como seis del homicidio de Carlos Domínguez, de Nuevo Laredo, y cinco por el de Baja California Sur, Max Rodríguez Palacios.
Y como para no dejar, la Procuraduría General de la República, reactivó en 2018, aproximadamente 110 expedientes abiertos desde 2010, sin que a la fecha haya detenido alguno, volviendo en automático a la “congeladora” con fin inminente en el olvido.
Reporteros Sin Fronteras advierte que en México, “la impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles record y alimenta el círculo vicioso de la violencia”.
Como parte del seguimiento que la FEADLE brinda a los periodistas mexicanos, se establece que entre 45 y 50 por ciento de las 350 denuncias que los periodistas presentan cada año ante esta instancia de la PGR, son por amenazas, abuso de autoridad, lesiones y daño en propiedad ajena.
El colega Heriberto
Ortiz, lamentablemente, ha pasado a formar parte de estas estadísticas de atentados, que se ha hecho costumbre que la Procuraduría General de la República “atraiga para su investigación”.
Lo acontecido en Tuxtla Gutiérrez en contra del reportero investigador de CUARTO PODER, seguramente que es ya tema de investigación prioritario para la Fiscalía General a cargo de Raciel López Salazar, que hasta ahora ha demostrado ser garante de la seguridad en Chiapas.
Una agresión que no debe de quedar impune y por lo mismo con el castigo acorde a Derecho, en la que mucho tendrá que aportar Moisés Grajales Monterrosa, que tiene la responsabilidad de salvaguardar los intereses de la sociedad tuxtleca.
Seguramente que pronto habrá resultados positivos, que seguramente contribuirán a devolver la confianza a la ciudadanía, que por lo mismo se abstiene de realizar las denuncias en contra de malos policías, por temor a represalias mayores.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad.
