Por: Mario Ruiz Redondo
El racismo, discriminación y atropello de los derechos contra los más de 26 millones de indígenas, pertenecientes a 68 grupos étnicos, que en su mayoría sobreviven en México, en condiciones deplorables de salud, abandono, explotación, hambre y miseria, que se mantiene inquebrantable, mientras en el discurso de los políticos y funcionarios de todos los partidos, se afirma lo contrario.
Desde siempre no hay respeto hacia ellos, a pesar de ser esencia fundamental de nuestro origen como nación, donde los pueblos indígenas han tenido una participación fundamental en la evolución del país. Aún así, tenemos el contrapeso histórico de pueblo conquistado que resulta determinante en la discriminación de las etnias, consideradas como gente inferior y por eso no se les respeta.
Algo así como el mexicano contra el propio mexicano. El rico y sofisticado de Las Lomas de Chapultepec, Pedregal de San Angel o Inter Lomas, en la capital del país, contra la prole de los Altos de Chiapas o la Tarahumara, en Chihuahua, así como de Iztapalapa, Milpa Alta y Tlahuac.
Menosprecio en México a los connacionales de “color café” como los define el racista presidente Donald Trump, allá en Estados Unidos, que no obstante aquí su creciente demografía y trascendencia, sólo 17 de los 500 integrantes de la Cámara de diputados federal, pertenece a las etnias, mientras que en el Senado, ninguno.
El más reciente de los casos de discriminación e irrespeto absoluto e insensibilidad hacia los grupos indígenas mexicanos, ocurriría en la ciudad de Chihuahua, el pasado 6 de febrero, cuando un grupo de cuatro integrantes de la etnia rarámuris, fue citado a las nueve de la mañana, por los diputados de los nueve partidos políticos ahí representados.
Puntuales, los indígenas acudieron al salón de audiencias de la Junta de Coordinación Política del Congreso, donde normalmente aprovechan los legisladores para desayunar con los invitados, pero en esta ocasión no juzgaron necesario convidarles los alimentos y solamente los colocaron sentados al frente, para escucharlos, mientras ellos disfrutaban de los exquisitos platillos matutinos.
Acostumbrados a los desaires de ese tipo por todo tipo de gente involucrada en la política, los tarahumaras pasaron por alto la desatención y mientras los “políticos” desayunaban, ellos se dedicaron a denunciar los abusos que desde el poder se comete en contra de sus comunidades de la sierra, así como en asentamientos humanos en la capital estatal.
Poder Legislativo chihuahuense conformado por 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional –pluris-, como concesión a los Partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA 2); Verde Ecologista de México (PVEM 2); del Trabajo (PT 2); Nueva Alianza (PANAL 2); DE LA Revolución Democrática (PRD 1); Encuentro Social (PES 1), y Movimiento Ciudadano (PMC 1).
Ninguno de los presentes, incluyendo a los del PRI y del PAN, cedió su plato o por lo menos por cortesía invitó a los rarámuris a degustar el exquisito desayuno, digno de un representante popular.
Fiel al estilo “denuncia”, para que quedara constancia de lo ocurrido, el diputado de MORENA, Pedro Torres Estrada, grabó y subió en “vivo” a las redes de internet, “la injusticia” cometida contra los indígenas, pero que se abstiene de decir que también participó en la humillación, porque tampoco hizo algo a favor de los cuatro rarámuris.
Pero lo que no tuvo nombre, fue la burla racista que el junior presidente del Instituto Nacional de Elecciones (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hiciera a otro grupo de indígenas del estado de Guanajuato, que en mayor de 2015 acudieron a su oficina a solicitar la creación de la Circunscripción Sexta, para postular candidatos de sus comunidades.
Sus expresiones de mofa y discriminación, fueron reveladas mediante una grabación telefónica filtrada a los medios de comunicación, que hicieran del titular del INE, cuando de manera cruel describiera la forma de hablar de los representantes de la etnia chichimeca.
En la conversación efectuada con Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Instituto, Córdova Vianello, en tono pleno de racismo y sin ningún respeto se refiere a Hipólito Arriaga Pote, jefe del grupo solicitante:
“Había uno, no mames, no te voy a mentir. Te voy a decir como hablaba este cabrón: Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, imita con voz grave y sarcástica, para carcajearse al final.
El responsable de la organización, desarrollo, capacitación y calificación de los procesos electorales de México, seguiría la burla con todo tipo de carcajadas y calificativos peyorativos:
“No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”: O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames. Sólo le faltó decir, yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca. No mames, no mames, está de pánico cabrón”.
Compararía los talleres que el INE otorga para su orientación y capacitación a los indígenas del país, que según sus propias palabras “resultan más dramáticos que los encuentros que he tenido con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Habría que escribir las crónicas marcianas del INE”.
Lorenzo Córdoba Vianello, un personaje con mucha suerte que en repetidas ocasiones desde que asumió el cargo, ha incurrido en situaciones por demás ofensivas contra sus semejantes, especialmente contra los indígenas, grupo al que no pertenece porque es blanco, remataría su conversación telefónica:
“Está de pánico, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón”.
Se trata de un funcionario, que junto con el grupo de magistrados del Instituto Nacional Electoral, tiene salarios mensuales superiores a los que gana el Presidente del República en nómina.
La soberbia que siempre le ha caracterizado, acentuada desde que es titular del INE, afloró no solamente autentificar el diálogo, sino también para anunciar que se había realizado una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por el delito de “intervención ilegal de conversaciones telefónicas privadas”.
Prepotencia total de Córdova Vianello, que en ningún momento se disculparía por los agravios cometidos contra la etnia chichimeca y su líder, pero en cambio para manifestar su indignación por estas prácticas, exigiendo a las autoridades competentes, la más exhaustiva investigación, porque la difusión de la grabación se daba en un contexto complicado que no beneficiaba a las instituciones electorales.
Han transcurrido casi tres años de tan condenable conducta del presidente del INE, que no solamente no recibiría la mínima amonestación de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que se mantiene firme y respaldado en el cargo, jactándose de que sus comentarios racistas, demuestran que en México a nadie importan los jodidos indígenas.
Los calificativos del presidente del Instituto Nacional de Elecciones, han puesto en evidencia la reforma constitucional de junio de 2011, que en el papel promueve el respeto y garantiza la defensa y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
Nueva versión, en la que el artículo segundo constitucional, reconoce la composición pluricultural de la nación y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, lo cual casi siete años después, sigue siendo letra muerta en el país.
La información documentada de la Encuesta Intercensal de 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisa que 25.7 millones de personas en México se auto reconocen como indígenas, de tal forma que es uno de los países con mayor diversidad lingüística, al contar con 364 variantes de lenguas nacionales, correspondientes a 68 grupos étnicos.
La mayoría de la población urbana, considera que los derechos de las personas indígenas se respetan poco o nada, y que el principal problema que perciben las minorías étnicas son la discriminación, pobreza y desempleo, además de que idioma representa uno de sus principales problemas.
Pero para el visitante extranjero, los indígenas mexicanos representan un atractivo muy importante en sus recorridos por los distintos centros arqueológicos del país que se combinan con sus bellezas naturales, como se constata en la zona de influencia de Palenque, que tiene a las cascadas de Agua Azul y otras como complemento.
Las ancestrales diferencias postergadas en su solución por las autoridades, debido a la desigualdad en la distribución de la tierra, la explotación de sus bosques y selvas entre las comunidades chiapanecas de la zona de Ocosingo y la Región de Los Altos, se han convertido en un riesgo para el turismo local, nacional y foráneo, lo cual constantemente pone en riesgo esta importante fuente de ingresos para los propios indígenas y en general para la industria del ramo convertida en la mayor generadora de ingresos ante la inexistencia de otras actividades empresariales importantes.
Indígenas chiapanecos que se enfrentan no únicamente a conflictos de hermanos de sangre, sino a la agresión de que son objeto por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, que personificaron en junio de 2016, la enésima discriminación étnica en México, al pretender expulsar a tres de ellos a Guatemala, a pesar de acreditar su nacionalidad mexicana-chiapaneca, oriundos de San Juan Chamula.
Los indígenas tzeltales, fueron privados de su libertad en un puesto migratorio del estado de Querétaro, cuando se dirigían a bordo de un autobús, trabajar en la cosecha de calabaza, en una plantación de Sonora.
A pesar de mostrar sus documentos oficiales que los acreditaban como mexicanos, los “cumplidos
agentes” de la Secretaría de Gobernación, negaron su validez, por lo que fueron encerrados durante nueve días, en espera de ser deportados al país vecinos del sur, con el apoyo de la embajada de Guatemala en México.
Una denuncia anónima a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haría posible la llegada de dos visitadores para brindar asistencia a los tres hermanos indígenas chiapanecos, dos de los cuales apenas si hablaban español, mientras que la menor servía de traductora.
Por orden de la CNDH, el 10 de junio acabaría el martirio para estos indígenas, que denunciaron haber sido víctimas de amenazas, golpes y toques eléctricos para declararse guatemaltecos y ser “repatriados”.
Se “abriría una investigación profunda”, tanto que sigue durmiendo el sueño de los justos en los archivos olvidados del Instituto Nacional de Migración.
Un atropello de lo más absurdo, que ha quedado registrado en la historia de agravios interminables de racismo, discriminación, explotación e impunidad, en contra de seres humanos demasiado inteligentes, que han logrado sobrevivir, pese a los mexicanos, más de cinco siglos después de la conquista española.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
