MARIO RUIZ REDONDO
En sí, este espacio lo había planeado para comentar enteramente la más reciente satisfacción personal y profesional, al haber recibido el segundo Reconocimiento (2015 y 2017) a mi Trayectoria Periodística en México, por parte del Senado de la República y de la Asociación Civil Comunicadores por la Unidad, pero lo compartiré con las denuncias que desde Estados Unidos, The New York Times hace del acoso cibernético oficial a periodistas mexicanos, del que en algún momento fui objeto en tiempos de Pablo Salazar Mendiguchía, que se tradujo en una amenaza de muerte.
Un evento realizado por décadas el 7 de junio, con motivo del tradicional Día de la Libertad de Expresión en México, que perdió su esencia de origen de ser encabezado por el Presidente de la República en la Residencia Oficial de Los Pinos, como demostración al mundo de la armonía prevaleciente entre periodistas y gobierno.
Ha sido y sigue siendo el Club de Periodistas de México quien mantiene viva esta celebración importante para un gremio siempre en estado de indefensión, que con mayor intensidad, hoy es víctima del acoso oficial y de la delincuencia organizada, que en forma hasta ahora impune no solamente intimidan, sino recurren al asesinato para acallar sus voces que evidencian el maridaje de la corrupción oficial y privada.
Más reciente, a iniciativa del veterano y prestigiado periodista Jaime Arizmendi González, dirigente de Comunicadores Por la Unidad, y con el apoyo del senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión Para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación, el Senado de la República realizó la IV Entrega de Reconocimientos al Mérito Periodístico a 116 profesionales, a quienes considera como “lo mejor del gremio periodístico, en momentos como el que se vive actualmente, con la desaparición de grandes luchadores de la libertad de expresión”.
Reunión con la presencia de representantes de las 32 entidades del país, que esta vez fue encabezada por el senador Zoé Robledo Aburto, en su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Momentos emotivos de la solemne ceremonia, en la que estuvo presente la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, sobre todo cuando se entregaron los correspondientes a los siete colegas asesinados en diferentes partes de la República, del 2 de marzo al 15 de mayo. Fuerte resonaron en el patio del antiguo legislativo en la que sobresale la estatua del prócer de la libertad de expresión, el chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, los nombres y las respuestas de ¡Presente! de todos los periodistas, de Javier Valdez, fundador del semanario Rio Doce y corresponsal del periódico La Jornada, de la ciudad de México; acribillado de 12 balazos la mañana del 15 de mayo, en Culiacán Sinaloa; así como de Miroslava Breach, también corresponsal de La Jornada, abatida de 12 tiros frente a su menor hijo, en la capital de Chihuahua, el 23 de marzo.
Gritos de indignación, de enojo, de exigencia de justicia y no más impunidad, para esclarecer también los crímenes de Cecilio Pineda, director de la Voz de Tierra Caliente y colaborador de El Universal, en Altamirano, Guerrero, ejecutado a balazos el pasado 2 de marzo; en Yanga Veracruz, Ricardo Monlui, director de El Político y columnista de El Sol de Córdoba, víctima de gatilleros, el 19 de marzo.
Recuento doloroso en el que se recordó a Maximino Rodríguez, del colectivo Pericú, víctima de disparos de arma de fuego el 15 de abril, en Baja California Sur; Filberto Álvarez, conductor de radio en Tlaquitenango, Morelos, muerto de cinco balazos el 29 de abril, y Jonathan Rodríguez Córdova, reportero de El Costeño de Autlán, en el estado de Jalisco, acribillado a balazos cuando acompañaba a su madre Sonia Córdova, subdirectora comercial del periódico, quien resultaría con heridas de gravedad.
Todos ellos forman parte de una suma total de 36 periodistas ejecutados en lo que va del sexenio, por matones que no se sabe si pertenecen al crimen organizado o al servicio de funcionarios y empresarios puestos en evidencia por sus actividades ilícitas, sin que se tenga mayor conocimiento de su esclarecimiento, más allá del discurso político de la búsqueda demagógica.
Día de festejos y de reclamos justos desde la tribuna pública en la vieja casona del Senado en el Centro Histórico de la capital de México, en la que Zoé Robledo Aburto alzaría la voz para demandar a los represores de periodistas, cambiar las balas por las palabras, para hacer de México un país más libre, más justo y más próspero tofos los días, luchando por una prensa crítica e independiente.
Manifestaría su respeto, admiración y respeto a los reporteros que resultan incómodos al poder, así como a los dueños y empresarios que arriesgan todo por alcanzar la gloria de decir la verdad y que juntos tienen el compromiso de encontrar mejores medidas para ejercer su profesión con seguridad y dignidad.
En democracia, afirmaría, se premian los espacios de confrontación honesta y crítica, y no aquellos de los medios de consigna.
Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión Para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación, denunciaría que en México se registra un elevado nivel de impunidad en el asesinato de comunicadores, debido principalmente a que la mayoría de las investigaciones se encuentran viciadas de origen e incluso alteradas intencionalmente, además de que no existe una cifra correcta de los comunicadores asesinados, pues se habla de 127 y 189, junto con la desaparición de 24.
Turno del presidente de Comunicadores por la Unidad, Jaime Arizmendi González, para exigir justicia en los homicidios y desapariciones de periodistas, dando la referencia de que en los últimos 33 años, han sido asesinados 234, situación que se ha recrudecido en 2017 en contra de quienes han osado con realizar un periodismo crítico y de investigación en siete entidades del país.
Guillermo Ochoa, periodista de muchas batallas en los medios impresos y televisivos, haría una reflexión de fondo: “Cuando el cadáver de un periodista no sus textos, no sus palabras, hacen el mensaje, mal andamos, y lo único que puedo decir a la Comisión de Seguimiento a las Agresiones del Senado, es que yo, como todos los periodistas en México esperamos resultados, pero además los esperamos pronto”.
Una problemática en torno a la grave problemática de intimidación, violencia e impunidad contra los periodistas, que esta semana que transcurre adquiere nuevos matices, al revelar este lunes 19 de junio el periódico estadounidense The New York Times, que comunicadores mexicanos y defensores de los derechos humanos han sido afectados por un programa de espionaje –Pegasus-, creado por la empresa israelí NSO Group, el cual únicamente es vendido a gobiernos bajo la condición de que este software sea utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Según el influyente periódico neoyorkino, este mecanismo cibernético se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear detalles de la vida diaria de una persona por medio de su celular, que incluye llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
Una sofisticación tal de la infiltración que lleva hasta utilizar el micrófono y la cámara del teléfono para vigilar estrechamente al usuario de la línea telefónica, que incluye a gente cercana a los investigados. La aplicación de Pegasus se hace mediante la emisión de un mensaje SMS, con un texto persuasivo de dar click a un enlace infectado, el cual se disfraza como noticia del momento o en forma de mensaje proveniente de una gente conocida por el objetivo.
Como parte de la estrategia original de los israelíes que ha comercializado su producto con el Gobierno de México, para su protección, el software no permite rastrear quién lo implantó para hackear información confidencial.
De acuerdo con el rotativo de la Ciudad de la Gran Manzana, la afectación de este avanzado programa de espionaje, incluye a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, entre ellos Carlos Loret de Mora, de Televisa; y Carmen Aristegui de la cadena norteamericana CNN, y su menor hijo Emilio.
Versión en la que se asegura que desde 2011, por lo menos tres agencias federales mexicanas han erogado 80 millones de dólares –mil 440 millones de pesos-, para la adquisición de programas de espionaje a la compañía NSO Group de Israel.
Denuncia en la que se asegura que entre los objetivos del hackeo se encuentran abogados que dan seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapa, un economista participante en la elaboración del Proyecto de Ley Anticorrupción y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por policías.
Las decenas de mensajes analizados por The New York Times y analistas forenses independientes, demuestran que el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, lo que debe considerarse como un intento sin precedente para debilitar e intimidar a la gente que intenta poner fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Una revisión encomendada por los afectados a la empresa Citizen Lab, confirmó que los teléfonos de los activistas y periodistas mexicanos, tenían rastros del software judío.
Queda claro que nadie más que un gobierno, como en el caso de México, puede ser autorizado para que el programa Pegasus sea utilizado por sus agencias gubernamentales en las que se ha instalado esta tecnología que cobra 650 mil dólares para espiar a 10 usuarios de teléfonos celulares, a la que se agrega una cuota de instalación de 500 mil dólares.
Toda una estrategia actual de espionaje cibernético, en la que se responsabiliza al Gobierno
de la República, que de inmediato, por medio de su portavoz para Medios Internacionales, Daniel Millán, hizo llegar a The New York Times, la negativa oficial, al afirmar que “no hay prueba alguna de que las agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje. Condenamos cualquier intento de de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Una historia de espionaje e intimidación, que me lleva a los tiempos del pastor evangélico de la Iglesia de El Nazareno, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, que en sus días de gobernador de Chiapas se atrevió a amenazar mi vida, por medio de sus “expertos” que hicieron llegar a mi correo el siniestro mensaje.
Por aquellos años publicaba en el periódico Excelsior mi columna “Paredón”, en la que sostenía una defensa de mi amigo y director del periódico Cuarto Poder, de Tuxtla Gutiérrez, Conrado de la Cruz Jiménez, quien en el año 2000 había denunciado en sus páginas que el entonces candidato a la gubernatura, Salazar Mendiguchía, había ejercido como abogado sin tener título, utilizando además una cédula profesional que pertenecía a una mujer egresada de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Puebla .
Recurrí al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero, quien ordenó a su Policía Cibernética investigar el origen de la amenaza. Los resultados fueron en el sentido de que el mensaje de muerte procedía de una computadora instalada en el segundo piso de un edificio del gobierno estatal, ubicado detrás de la catedral de San Marcos, en la capital chiapaneca.
Lo de hoy, es lo mismo de ayer, con la diferencia de estilos más sofisticados, que tienen el mismo fin.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
