Por: Mario Ruiz Redondo
En punto de la una de la mañana del martes 2 de abril, ingresaría por la puerta principal del Centro de Atención Migratoria “Siglo XXI”, en Tapachula, el primero de ocho autobuses contratados por la Secretaría de Gobernación, para realizar un operativo sorpresa de desplazamiento de 400 extranjeros asegurados, a la ciudad de Acayucan, Veracruz, antesala de su deportación.
Cada media hora, se abriría la puerta principal, para dar paso a las unidades. A las cinco de la mañana, todas se encontraban estacionadas en el patio principal. Se escucharía entonces la orden a los 25 agentes del Instituto Nacional de Migración, enviados desde la ciudad de México, para proceder al desalojo. Los pasajeros, todos de países africanos, que ya se encontraban aislados del resto de la población ahí concentrada, empezarían a abordar media hora después.
Lentamente, niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, acataron las instrucciones sin oponer resistencia, con la preocupación en sus rostros. Afuera, el grupo de extranjeros (600), provenientes del mismo continente negro, que el día anterior amanecieron acampando en la explanada y estacionamiento, de las instalaciones que albergan hacinados a más de mil 500 seres humanos provenientes países tan distantes como India, Bangladesh, Iraq, Afganistán, Congo, Camerún, Nigeria, y Sierra Leona, y demás cerca, Cuba, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Serían las seis y media de la mañana, cuando el último grupo, integrado por familias, se opondría a abordar las últimas dos unidades. Las mujeres empezarían a gritar y a llorar, pidiendo auxilio a sus compatriotas del exterior, mientras sus parejas forcejeaban con los elementos del INM, que sorprendidos por la respuesta hostil, llamaron a la guardia de 12 agentes del turno de 24 horas, que también sin armas, porque no usan, enfrentarían a la turba.
A las siete en punto, empezaría el lanzamiento de piedras contra las instalaciones, por parte de los africanos que habían pernoctado en las afueras del edificio del Instituto Nacional de Migración.
Imposible resultaría el intento de controlarlos, por parte de los 15 guardias de seguridad privada, que optarían por protegerse ante la lluvia de proyectiles que se estrellaban contra los vidrios de las instalaciones, haciéndolos añicos.
No habría ningún respeto para la autoridad federal migratoria, por más que ésta conminaba a los sublevados a cesar su conducta delictiva, que tendría su primera víctima en uno de los efectivos de la empresa privada de resguardo, al ser blanco de una piedra que le causaría fracturas.
Llegaría un momento en que los enardecidos extranjeros del campamento, empujarían con tal fuerza la puerta principal, que la abrirían y darían margen a que se fugaran por lo menos 25 de los africanos que se oponían al traslado, ante la impotencia del personal del INM, que veía con angustia como después de las ocho y media de la mañana, la ayuda solicitada al anunciar una “alerta roja”, ante la emergencia y el riesgo de que más africanos salieran del Centro.
La insurrección ocurría en los momentos en que se realizaba la Mesa de Seguridad Interinstitucional, en la que participaban representantes del Ejército Mexicano, la Armada, así como las Policías Federal, Gendarmería, estatales y municipal.
Tarde llegaría la llamada de los impotentes agentes migratorios federales, por lo que la XIV Zona Naval dispuso el envío inmediato de 19 unidades con personal armado, especializado en antimotines, en una operación conjunta con la XXXVI Zona Militar, la Policía Federal y Gendarmería, a las que se sumaron las de gobierno de la entidad y del municipio.
Sería hasta después de la nueve de la mañana, cuando la presencia de soldados y marinos, así como de las Corporaciones policíacas, pusieron orden, no sin antes enfrentar una resistencia de un grupo minoritario extremista que se negaba a someterse.
Una vez controlado el motín y sus promotores, sin que hubiese ningún detenido, se acataría la orden dictada por las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, de desalojar del lugar y trasladar a Veracruz, a unos 300 extranjeros del continente negro, ahora resguardados por varias patrullas de la Policía federal, y a bordo los 25 agentes del INM comisionados para tal encomienda.
Para entonces, por lo menos la mitad de los migrantes acampados en el exterior de las instalaciones habían desaparecido, abandonando en el lugar las pequeñas casas de campaña multicolores, a las cuales regresarían horas más tarde para continuar su exigencia de obtener los salvoconductos que les permitan transitar hasta la Frontera Norte de México, para de ahí cruzar ilegalmente a territorio estadounidense.
El operativo ordenado de última hora por el director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, que tendría la etiqueta de “confidencial y sorpresivo”, resultó todo lo contrario, al ser descubierta la intención del desplazamiento a Acayucan, por los involucrados y sus aliados externos.
Hasta ahora es todo un misterio el capítulo final de esta historia de deportación, por ser la primera vez en la historia migratoria del país, que se lleve a cabo una deportación masiva de ciudadanos oriundos de varios países de ese continente, por lo que es de suponer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento del caso y pudiera estar ya dándole seguimiento.
La estación migratoria de Acayucan, es de menor capacidad de alojamiento y atención que la de Tapachula, la cual está considerada como la más grande en el Sureste del país, por lo que se da como un hecho de antemano, que los migrantes reubicados antes de su expulsión del territorio nacional, enfrentan en la inmediatez, condiciones de mayor hacinamiento.
Y la pregunta que aquí se siguen haciendo los agentes del INM, es, si el Gobierno Federal tiene contabilizado el recurso multimillonario para el pago de los boletos de avión, con sus respectivas escalas en aeropuertos de Europa, incluyendo pago de hospedaje en las pernoctas de las conexiones y de alimentos, para finalmente hacerlos llegar a sus respectivos países.
No hay antecedentes, por lo que la decisión es a todas luces precipitada, al no haber de por medio la logística indispensable, que deberá incluir el contacto diplomático que corresponsabilice a las embajadas de los países correspondientes, la mayoría de ellas pertenecientes a países pobres y envueltas en conflictos bélicos, delincuencia, extrema pobreza, hambre, enfermedades contagiosas y quiebra económica.
Llama la atención la conducta extremista manifestada por el conglomerado africano, pues hasta antes del martes estaba considerado como el más prudente de todos los migrantes, conscientes de que no podían arriesgarse a ser sujetos de deportación, después de haber realizado una larga y angustiosa travesía, con destino final en Estados Unidos o Canadá.
Presunción de que sus enganchadores internacionales, fueron manipulados por los jefes de las bandas de trata de personas que guían a los cubanos, como también a los hondureños, para integrar un frente común que presione a las autoridades federales a entregarles con mayor celeridad los salvoconductos, que tanto unos como otros requieren para seguir avanzando.
Tanto cubanos como africanos han seguido el método de la entrega voluntaria a las autoridades del Centro de Atención Migratoria, apostándose primero en la explanada, para luego ser admitidos y así poder disfrutar de los beneficios del techo seguro y alimentación adecuada, mientras esperan su turno.
Lo interesante es la alternancia en la ocupación del espacio, pues en cuestión de horas es ocupado para seguir el mismo esquema, bajo asesoría de las mafias que los desplazan en forma confiable.
Pero en lo que no se sumarían y participado los africanos, había sido en la estrategia sustentada en la violencia promovida por las mafias de traficantes de seres humanos, iniciada desde el primer día del arribo de la primera caravana de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, en la tercera semana de octubre del año pasado, al tratar de ingresar violentamente a territorio mexicano, por la garita migratoria de Ciudad Hidalgo, donde apedrearon y lesionaron a decenas de agentes de la Policía Federal, que evitaron finalmente el cumplimiento de su objetivo.
Los cubanos, conocedores del manejo mediático, para el alcance de sus intenciones, recurrirían el pasado viernes 15 de marzo, a conductas radicales negativas, para forzar el otorgamiento de los permisos por parte del INM, al ingresar por la fuerza las oficinas de Regulación Migratoria, en el sur de la ciudad de Tapachula, donde se brincarán las rejas metálicas de protección y así llegar al área administrativa, donde golpearon y lesionaron a un agente desarmado de la Secretaría de Gobernación, que resultó con heridas que ameritaron su hospitalización.
Transcurrir de cinco meses de un activismo migratorio inducido principalmente desde Honduras, con ramificaciones en El Salvador y Guatemala, que han puesto contra la pared, por su tibieza, inmovilismo y complacencia, al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin importar que con esa postura mantenga en completo estado de indefensión, ya no solamente a las Corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, sino también a dos millones de habitantes de los municipios de la Frontera Sur, colindante con Centroamérica.
Los chiapanecos-mexicanos de esta apartada y distante Región del centro del poder, mantienen su inconformidad por la indiferencia en la que se mantiene el Primer mandatario, quien este miércoles 3 de marzo, volvió a echar más leña al fuego al reiterar su ofrecimiento “a los hermanos centroamericanos”, de que vengan a México, porque aquí tendrán empleo en todo el país y especialmente en Chiapas, donde les otorgará 80 mil plazas laborales.
Malestar y repudio a tal decisión en Tapachula, donde los sectores productivos han levantado
la voz, para demandar al jefe del Ejecutivo federal, que cese en su propósito de ofrecer lo que no se tiene y que mejor se dedique con alto sentido de responsabilidad y seriedad, a pensar cómo va a resolver el problema de la inexistencia de nuevas fuentes de trabajo en la entidad y el agobio en las zonas rurales, que hoy son motivo de la migración de los jóvenes de la Costa y de toda la geografía estatal, hacia otros estados del país y Estados Unidos, para buscar el sustento de sus familias.
Con sus buenos deseos de “Amor y paz”, Chiapas, estimado cuasi paisano Presidente, los chiapanecos saben que no encuentran las soluciones que de usted demandan para frenar la violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, prostitución, narcomenudeo, pobreza y hambre, que agobian a la Frontera Sur, agravadas por la avalancha imparable de la migración internacional sin ningún tipo de control.
Como decimos los costeños, “es hora de que agarre Juicio Andrés Manuel”, por el bien de Chiapas y México.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.