Por: Mario Ruiz Redondo
Cada seis años, el mexicano renueva su esperanza de encontrar en las decisiones del gobierno y los políticos indistintos, la solución a sus problemas de sobrevivencia. Pero al final de cada sexenio o trienio, contrario a lo que esperaba, su poder adquisitivo y aspiraciones de una vida mejor, chocan con una realidad diferente a la prometida por quienes en campaña ofrecieron todo y cumplieron poco o nada en la práctica.
Llega 2018 con una decepción generalizada frente a la repetición de más de lo mismo para el pueblo, no así para la macroeconomía que no solamente se mantiene sana, sino boyante, en contraste con más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, empobrecidos por una política económica gubernamental dirigida a favorecer con todas las canonjías, al gran capital de extranjeros y nacionales que sólo reparten migajas de sus ganancias.
Estamos en el umbral de la elección Presidencial del 1 de julio, que trascenderá todavía más negativamente al mundo, por la guerra sucia de extremos, en la que todos los partidos políticos y candidatos medirán fuerzas, no por sus ideas o sus propuestas al electorado, sino por el lodo que cada uno se lanzará en la arena proselitista.
Descomposición y denigración sin precedentes de la actividad política mexicana, que ha comenzado y en la que el tema del financiamiento de las campañas de 2012, se actualiza y se vuelve toral, así como de las intermedias del 2015, en las que la desviación de multimillonarios recursos presupuestales de los gobiernos estatales en manos de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, se convierten en temas de denuncias que solamente servirán para el escándalo y morbo, que difícilmente serán investigadas superficialmente por la autoridad federal correspondiente.
Volverán a la mesa del debate, la inclusión de las aportaciones del crimen organizado, que utilizado a funcionarios municipales y estatales, de los que la propia sociedad civil y tiene conocimiento, y que los medios de comunicación han difundido, como el caso archivado del dueño del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y candidato presidencial solitario e indivisible, Andrés Manuel López Obrador, padrino y amigo del ex alcalde de Iguala, Guerrero, el perredista José Luis Abarca Velázquez, preso junto con su esposa María de los Angeles Pineda, y sujetos a proceso por la autoría intelectual del asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y sus estrechos vínculos con el cártel de “Guerreros Unidos”.
Otra vez el golpeteo mayormente antipriista en la televisión abierta o de paga, donde las series más populares son aquellas producidas en Estados Unidos, que refieren los vínculos estrechos entre las mafias del narcotráfico y el poder establecido, que incluye la participación de militares, ahora tan de moda con la “Ley de Seguridad Interna” en suspenso, al ser analizada su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, y que de recibir la luz verde, les dará justificación legal para llevar a cabo las acciones que de acuerdo con la Carta Magna, corresponden estrictamente realizar a las autoridades civiles en tiempos de paz.
Repetición cíclica de aquellas historias cinematográficas de corrupción como La Ley de Herodes, en 1999, en el preámbulo de la “derrota” del tricolor, o El Infierno, en 2010, que sin duda afectaron la imagen de los gobiernos priista y panista, que finalmente repercutieron negativamente en el sistema de poder imperante, en el que no habría diferencias, sino simples maquillajes de forma que nunca cambiaron el fondo.
Una situación de cinismo e impunidad sin distingo de siglas o colores en quienes ejercen el poder, de la cual hay pruebas fehacientes no únicamente entre los políticos y gobernantes del PRI, PAN, PRD, sino igualmente de Morena, el juguetito regalado a Andrés Manuel López Obrador, para calmar sus ansias enjundiosas, con nombre y registro de instituto político.
Antes de llegar a esta etapa de su vida política, ésta tuvo su origen en el priismo tabasqueño, del cual fue líder estatal en 1983 por disposición del entonces gobernador Enrique González Pedrero, para después convertirse en opositor, hasta llegar al liderazgo del Partido de la Revolución Democrática, que lo convierte en jefe de Gobierno del Distrito Federal y desde donde hace alarde de sus dotes de ser uno más, de lo que él llama “la mafia del poder”, al realizar las mismas prácticas, como la de clasificar por 12 años con carácter de “confidenciales y por motivos de seguridad nacional”, toda la información relativa a los contratos por miles de millones de pesos, que asignó para la construcción del distribuidor vial de San Antonio y los segundos pisos de Periférico.
¿Qué pretendió ocultar en los egresos también cuantiosos en las adquisiciones de insumos para su Administración, que diera comienzo el de diciembre de 2000 y culminará el 29 de julio de 2005, cuando deja el cargo para postularse por segunda vez como aspirante a la Presidencia de la República?
Bien sabido es, que el mínimo que se concede a quien autoriza las obras es una comisión mínima del 10 por ciento, que este caso superaron los cinco mil millones de pesos.
Una secrecía que se mantiene y que seguramente será un asunto recurrente, en la contienda electoral utilizada por sus adversarios, para sacar los trapos al sol del candidato de una “honestidad valiente” demasiado dudosa, en la que tampoco se olvida el involucramiento de colaboradores de toda su confianza en el cobro de “moches” a empresarios constructores, como el argentino Carlos Ahumada, que fue grabada y difundida por la televisión nacional, en los momentos en que entrega gruesos fajos de billetes de dólares, a René Bejarano, ex secretario particular y en ese momento dirigente de la Asamblea Legislativa capitalina.
Ahí también estaría Carlos Imáz, su delegado en Álvaro Obregón, ayudando a retacar el maletín y rellenándose los bolsillos y los sacos, además de otras bolsas, ante la cantidad cuantiosa concedida por el sudamericano, para ser entregada a López Obrador, quien su momento negaría todo, argumentando que lo ocurrido, “era una trampa de la mafia del poder en su contra”, no obstante las pruebas contundentes.
Bejarano se declararía culpable del ilícito cometido en 2004 e iría a la cárcel. Al salir, en mayo de 2013 daría una entrevista publicada en el portal de Sinembargo.mx, en la que revelaría:
“Por AMLO (Andrés Manuel López Obrador), me la comí todita. No lo hice para mi beneficio personal, sino para ayudar a muchos y pagué por ellos. Soy leal y no traicioné”.
Y qué de las promesas de honestidad y transparencia, como candidatos y ya convertidos en gobierno se han olvidado los mismos representantes de los gobiernos en turno.
Compromiso, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto de crear prontamente un Sistema Nacional Anti Corrupción, que sigue como un pendiente imposible, a 11 meses de que concluya su sexenio. El engaño de los políticos y gobernantes, sin distingo, como forma de ser y hacer que los convierte en verdaderos mitómanos.
Manifestación de una certeza de fortalecer la economía familiar con gasolinas baratas y gas doméstico de bajo costo, al aprobarse una Reforma Energética que tampoco haría realidad su decir, que se transformaría en más beneficios para las siempre poderosas compañías transnacionales petroleras de Estados Unidos, que gradualmente se han ido apoderando de los recursos naturales del subsuelo y del control dela aún paraestatal Petróleos Mexicanos.
Tampoco el cumplimiento de tarifas eléctricas más baratas, que hoy agobian a todos por lo impagables, una vez que la Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en una gerencia de distribución de la producción del fluido que produce la española Iberdrola, que prácticamente genera la mitad del consumo nacional, que vende a CFE a precios elevados y de ahí las elevadas cuotas aplicadas impunemente al usuario del servicio en todo el país.
Reforma laboral aprobada por legisladores que da marcha atrás a los postulados de la Revolución Mexicana y de la misma Constitución de 1917, para favorecer a una clase trabajadora que hoy subsiste con 88 pesos diarios por ocho horas de jornada diaria (vigente desde el 1 de diciembre último), mientras en los Estados Unidos, por ese mismo período de tiempo, un empleado gana dos mil 400 pesos (15 dólares la hora).
Reafirmación del golpe al sindicalismo mexicano, factor relevante en la lucha social de 1910, con la proliferación de empresas Outsourcing, a las que se subcontratan para deslindar de cualquier responsabilidad con el cumplimiento de la ley, evitando así la posibilidad de movimientos de orden laboral al interior de las compañías en las que el derecho a huelga es parte solamente de una historia inexistente, aunque lo establezca la Constitución General del país.
Un Poder Legislativo que en su mayoría ha votado a favor de nuevas leyes que marcan un grave retroceso para el interés y patrimonio de los mexicanos. Situaciones adversas para el bolsillo de las familias que no se corrigen ante el acatamiento de consignas de quien manda y de jugosas compensaciones a cambio de un voto retrograda, lo cual ocurre lo mismo en los ámbitos federal, como estatales.
Deshonestidad e impunidad en el ejercicio del poder, en el que el Presidente de la República es intocable, así cometa traición a la patria, como los mismos legisladores. Más vulnerables, los gobernadores que han competido y lo siguen haciendo, para demostrar sus habilidades en el enriquecimiento explicable por la voracidad insaciable que manifiestan en cada uno de sus actos en la administración pública.
Casos por demás escandalosos y cínicos, en los que los militantes del PRI, como el más reciente protagonizado por el ex mandamás de Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa, llevan la delantera a sus colegas de otros partidos como el PAN o el PRD.
El panista Guillermo Padrés, gobernador de Sonora (2009-2015), fue detenido y encarcelado el 11 de noviembre de 2016, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el perredista mandatario de Baja California Sur, Narciso Agúndez (2005-2011), sería puesto tras las rejas el 23 de mayo de 2012 y liberado el 15 de diciembre de ese mismo año por la justicia federal, tras pagar fianza.
Otro exgobernante, perteneciente a las siglas del PAN-PRD-PVEM y PT, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, sería privado de su libertad por su sucesor Juan Sabines Gutiérrez, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa, pero que negoció por encima de la ley su puesta en libertad, bajo chantaje a quien por cierto dejó un mal precedente en su administración al no transparentar un endeudamiento por más de 20 mil millones de pesos con la banca.
El común de los ilícitos de los ex mandatarios, está relacionado con delitos de lavado de dinero, contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal, enriquecimiento fraudulento, peculado, desvío de recursos, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros.
Ese es el México del que ya no se quiere saber y que cambiar, pero el problema es que no hay con qué, pues ni el mismo Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, es también garantía de más de lo mismo.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013, Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
