Por: Mario Ruiz Redondo
No quisiera imaginarme lo que hubiera pasado si el padre o la madre que por la mañana de este viernes 15 de marzo, fueron atacados en Tuxtla Gutiérrez, cuando viajaban a bordo de sus automóviles, por vándalos del denominado “Movimiento Campesino Regional Independiente” (Mocri), en los momentos en que llevaban a sus hijos a la escuela, y hubiesen llevado un arma de fuego en sus manos.
Aunque afortunadamente todavía no se ha llegado a los extremos de una respuesta ciudadana violenta, queda la duda debilitada y a punto del desbordamiento, ante la indefensión que en general miles de chiapanecos viven a diario en el territorio estatal, agredidos, despojados de sus patrimonios y hasta asesinados impunemente, por delincuentes del crimen organizado o aquellos escudados en “luchas sociales”, que tal vez lo sean, pero que se desvirtúan con su lenguaje sustentado en el quebranto del orden jurídico que rige a todos.
Muchas fueron las víctimas de la violencia callejera y de quebranto de las leyes vigentes, que duraría varias horas en forma de apedreo y agresiones con varillas y garrotes, para romper vidrios y focos de los vehículos, en el momento de su desplazamiento por las avenidas en donde transitaban los grupos de extremistas beligerantes, hacia la “Plaza del Sol”, después de haber sido desalojados de un predio que habían invadido en las inmediaciones del lugar conocido como “Los Amorosos”, en honor del Poeta Mayor Juan Sabines, ubicado en el Libramiento Norte.
Los más de un millón de habitantes de la capital chiapaneca enfrentarían horas de angustia y zozobra, cual protagonistas de una zona de guerra, al ver surcar por su cielo helicópteros de la policía, secundados por el ulular y desplazamiento a toda velocidad de patrullas de las Corporaciones policíacas estatales y municipal, hacia las zonas de disturbios provocados por los agrupamientos de células activistas del Mocri, que lo mismo atacaban y saqueaban los negocios del importante Centro Comercial Plaza del Sol o de las Américas, que obstruían con trailers de doble remolque o camiones, las principales avenidas de la capital chiapaneca.
Caos organizado con precisión, bajos esquemas que se han aplicado con éxito en otras entidades del país, bajo la batuta de profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Oaxaca, Guerrero y Michoacán o por la delincuencia organizada en Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa.
La imagen de la violencia extrema en Chiapas, al mundo, que golpea de nuevo a una industria turística estatal que sigue sin poder recuperarse ante la cancelación de reservaciones de espacios en los hoteles y líneas aéreas, por la inseguridad que a diario se manifiesta.
Suma de acontecimientos negativos, que agravan esta coyuntura desfavorable, al continuar en los municipios chiapanecos de la Frontera Sur, limítrofes con Centroamérica, que registra diariamente con tendencia gradual ascendente, asaltos que desembocan en asesinatos a balazos.
Tapachula volvería a ser por la tarde del jueves, escenario de una ejecución, ahora en la persona de un personaje muy querido en el sector magisterial de la Región Soconusco, donde además de docente en múltiples centros educativos, había sido catedrático y subdirector de la Escuela Normal de Maestros “Fray Matías de Córdova”.
Conmoción e indignación en la comunidad de educadores de todos los niveles, donde era conocido y respetado Don Romeo Díaz Luna, de 78 años de edad, así como en los diversos sectores sociales de la segunda ciudad más importante del estado, por este crimen perpetrado en la calle principal de la colonia Lomas de Soconusco, en el nororiente de la urbe.
El maestro jubilado, había llegado al domicilio de su amiga de su familia para dejarle una jaula con un par de cotorras, para que se las cuidara durante varios días, ya que pensaba salir este viernes 15 de vacaciones.
Cuando apenas había bajado de su camioneta, se le acercaron dos sujetos que habían arribado al lugar a bordo de un automotor de color blanco de la marca Platina, con vidrios polarizados, para amenazarlo con sendas pistolas, exigiéndole que le entregaran el dinero que había sacado de su cuenta bancaria, media hora antes.
Don Romeo se resistió al asalto y recibió de inmediato un disparo que le impacto en la cara, causándole la muerte de manera instantánea, siendo despojado de una bolsa de mano, donde había guardado los recursos que le servirían para pagar sus gastos de su paseo de descanso.
Una criminalidad sin control, que se manifestaría por la mañana en la céntrica colonia 16 de septiembre, donde fue arrojado en la calle el cadáver, con huellas de golpes y torturas, de una persona identificada como Melvin Heraldo Ramírez Samayoa, de 32 años, de origen salvadoreño y con tatuajes en el cuerpo que lo acreditaba como integrante de la bandas de la “mara salvatrucha 13”, en tanto otro de nacionalidad guatemalteca, fue herida de gravedad con arma punzocortante en las cercanías de las instalaciones del Ayuntamiento Municipal.
Rivalidades de las bandas conformadas por centroamericanos, que a diario se disputan territorios en la faja fronteriza, para llevar a cabo sus crecientes actividades delictivas, en complicidad con autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno, a las que, como es todo un secreto a voces, sobornan.
Incremento permanente y sin obstáculos, de arribos a la ciudad más importante de la Frontera Sur, de un millón de habitantes, de miles de migrantes cubanos, que ingresan de manera indocumentada al país, con la protección de mafias internacionales de traficantes de personas, que les garantizan que funcionarios del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, les entregarán sin ningún problema, mediante el pago de cuotas que oscilan de mil a tres mil dólares, salvoconductos con vigencia de un mes, con los cuales podrán desplazarse por todo el territorio nacional y especialmente hasta la Frontera Norte, para cruzar a la Unión Americana, hasta llegar a su destino final en la estadounidense ciudad de Miami, Florida.
Abuso de la hospitalidad mexicana, de poco más de 500 de ellos, en la estación migratoria del INM, localizada en el Cuartel de la Policía Federal, al sur de la urbe costeña, al amotinarse durante la mañana de este viernes 15, para exigir la entrega inmediata de los documentos que les permitirán continuar su travesía hacia los Estados Unidos.
Una situación que obligó la pronta intervención de elementos de las Corporaciones de la Policía Federal y de la Gendarmería, para apaciguarlos y someterlos al orden, lo cual obligó a su retención durante el día, para dejarlos en libertad poco después de las nueve de la noche.
Avalancha de isleños, que se mantienen dispersos por diversos hoteles pequeños de la ciudad, casas de hospedaje y hasta moteles, pues extraoficialmente se estima que son varios miles, de los cuales una cantidad menor se encuentra alojada en el Centro Migratorio Siglo XXI de la Secretaría de Gobernación.
Una revuelta originada por la corrupción imperante al interior de la Delegación estatal del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, que ocurre un día después de que en la ciudad de México, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoce que esta instancia federal ha sido una de las más penetradas por la corrupción, por lo que ha iniciado una “limpia” y renovación de sus agentes.
Pero mientras desde las oficinas centrales se hacen planes para combatir la corrupción en el INM, lo cierto es que en Chiapas es insuficiente el número de elementos para vigilar la porosa Frontera Sur, por la que transitan sin ningún tipo de control, extranjeros de los cinco continentes.
Una situación por demás irregular, que en los últimos 15 meses ha complicado la seguridad de la población de Soconusco, al crecer la presencia de bandas delictivas “maras” provenientes del “Triángulo Norte de América Central”, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, reforzado por la delincuencia proveniente de otras partes de la República mexicana.
Violencia exacerbada y zozobra social denunciada, que sigue sin tener respuesta de un Presidente de la República engolosinado por sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, mientras la matanza de ciudadanos indefensos continúa en la vecindad con los países del conflictivo istmo latinoamericano.
Geográficamente más en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez compite cada vez más, con los números rojos que impone el crimen organizado y los líderes de organizaciones civiles, acostumbrados a actuar en contubernio con la autoridad en turno o a presionarla mediante acciones violentas para sentarla a negociar siempre a su favor, más no de los intereses de quienes dicen representar.
El último ejemplo de este antiguo estilo operativo se daría en los días recientes con los militantes del denominado “Movimiento Campesino Regional Independiente” (Mocri), desalojados a las seis de la mañana por contingentes de las policías estatales y municipal, del predio conocido como “Rosario El Sabinal”, en la zona norponiente de la capital estatal, luego de ocuparlo de manera ilícita.
Y cuando los mandos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del ayuntamiento tuxtleco, daban como un hecho que todo concluía ahí, los militantes de la Mocri se reorganizaron y reforzados numéricamente, decidieron avanzar hacia las instalaciones de la Plaza del Sol, hasta donde llegaron para vandalizar en su interior y exterior, donde lo mismo saquearon comercios, que destruyeron vehículos estacionados en el amplio estacionamiento.
Una falla por demás censurable de las autoridades responsables del resguardo de la paz social, que en ningún momento se imaginaron lo que iba a ocurrir, y ocurriría el absurdo de que sus agentes arribaran al lugar, cuando todo se encontraba arrasado, con vidrios destrozados de comercios y dos bancos (Scotian Santander), además de la principal Central de autobuses de pasajeros.
Historias de indiferencia policíaca y de tolerancia más allá de lo prudente y de la ley, que volvieron a repetirse como en el pasado reciente, que dieron margen al desamparo y a la indefensión de la sociedad capitalina, que viviría horas de terror al desatarse de manera impune la violencia y la anarquía que pondrían en riesgo sus vidas.
Evidencias contundentes de que se carece de un Sistema de Inteligencia capaz y efectivo, que permita detectar y desactivar a tiempo, conforme al marco jurídico, este tipo de actos delictivos que siguen poniendo en alto riesgo la paz social en Chiapas, además de policías lo suficientemente adiestrados para contrarrestar legalmente a quienes pretendan o infrinjan la ley.
Oportuna declaración en esta coyuntura, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios, al respaldar las acciones encabezadas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para garantizar la paz social y la aplicación del estado de Derecho en beneficio de la sociedad chiapaneca, al ejecutar representantes de la autoridad, una orden de desalojo en la zona norponiente de Tuxtla Gutiérrez, en el marco del ejercicio de la Ley, con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
Buen momento para evaluar, por parte de los Gobiernos Federal y Estatal, la severa crisis de violencia e inseguridad predominante en Chiapas, por el bien de sus más de cinco millones de habitantes que exigen el retorno a la paz y a la armonía.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
