Por: Mario Ruiz Redondo
Don Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se ha atrevido a tratar de manera precisa la problemática del abuso sexual de sacerdotes a menores en el país, un tema generalmente evadido al interior de la alta jerarquía de la Iglesia Católica.
El prelado de la principal corriente religiosa en la República Mexicana, ha revelado que en los últimos nueve años, han sido suspendidos y separados de sus cargos, un total de 152 clérigos e incluso algunos han sido puestos tras las rejas por el delito de pederastía.
Declaraciones del también arzobispo de Monterrey, a 11 días antes de la celebración en Ciudad del Vaticano de la Cumbre Mundial de Obispos y Cardenales para la Protección de Menores, del 21 al 24 de febrero, en la Santa Sede.
Una decisión sin precedentes en la historia de la iglesia Católica que agrupa a más de mil 300 millones de fieles en el planeta, tomada por el Papa Francisco en septiembre de 2018, como consecuencia de los crecientes escándalos y el desencadenamiento de una grave crisis por los atropellos cometidos por curas, así como de acusaciones de encubrimiento de jerarcas a quienes han incurrido en los abusos sexuales.
Anuncio que en paralelo ha coincidido con la consigna del Sumo Pontífice a toda la jerarquía eclesiástica de “Tolerancia Cero”, para evitar un mayor deterioro de la imagen tanto del Papa como en general de la Iglesia Católica mundial.
Serán cuatro días históricos, porque hasta ahora ningún Vicario de Roma se había atrevido a tratar de manera directa este tema tan escabroso, que finalmente se había convertido en intocable, no así para el argentino, conocido también como el Papa que vino del fin del mundo.
Tampoco en México, nunca antes se había hablado con tanta claridad y precisión inicial, como lo ha hecho, quien también fuese obispo de Tapachula (2001-2004), aunque reconocería que no existe una estadística que haya dado seguimiento a este problema preocupante.
Don Rogelio, acorde a los nuevos lineamientos establecidos por el Jefe del Estado Vaticano, plantearía la necesidad de iniciar la tarea más precisa para levantar la estadística, ya que en México no hay un centro de recopilación de información, porque es cada obispo de las Diócesis que enfrenta estas situaciones.
El dirigente de la Asamblea de Obispos del país, a quien por cierto tuve el gusto de tratar ampliamente durante su mandato Papal en la Diócesis de Tapachula, siempre fiel a su palabra, expondría el pasado domingo 10 de febrero: “Espero que muy pronto tengamos el conteo para hacerlo saber también a la sociedad. Es deber nuestro decir cómo están las cosas en México”.
Hablaría de la Cumbre Mundial sobre Pederastía, convocada por el sucesor de Pedro, para manifestar su seguridad de que servirá para contener una crisis aún mayor que la que ya existe sobre este tipo de ilícitos en el territorio nacional, por lo que se analizarán de manera conjunta en Roma por Cardenales y Obispos, las acciones que deben ser emprendidas para prevenir que el problema aumente.
Referencia al ámbito del clero nacional, del cual expresaría: “Tenemos obligación todos los obispos de México de dialogar, de entender, de superar y de castigar todo aquello que vaya en contra de menores o de adultos vulnerables. Exhorto a los obispos a presentar denuncias ante el Ministerio Público, cuando observen una conducta ilegal de los presbíteros”.
Monseñor Cabrera López, perfilado para ser designado Cardenal por el Papa Francisco en el corto plazo, junto con Don Leopoldo González González, igualmente ex obispo de Tapachula (2005-2017), y actualmente arzobispo de Acapulco, de quien también me complace contar con su confianza y afecto, externaría su confianza de que después de las medidas de “Tolerancia Cero”, que la Iglesia ha puesto como exigencia a sus clérigos, disminuyan los casos de delitos de pederastía, en los que los obispos serán determinantes para poner orden, por lo que de igual forma llamaría a las víctimas a presentar su denuncia para que se pueda proceder legalmente contra los victimarios.
Un día después de las revelaciones realizadas por monseñor Rogelio, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitiría un comunicado oficial en el que informaría que por el momento no se harán públicos los nombres de los 152 sacerdotes involucrados en casos de abusos sexuales contra menores en el país, en estricto apego a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a ciudadanos y autoridades a preservar absoluta reserva de datos de las víctimas, así como de los probables responsables.
La CEM tiene la absoluta certeza de que dar a conocer dichos datos, no sólo vulnera los ordenamientos jurídicos mencionados, sino que puede re-victimizar a los afectados y poner en riesgo el éxito de las investigaciones, dejando libres a los responsables por violaciones al debido proceso.
Nueva normatividad, acorde a los lineamientos de El Vaticano, a partir del pasado lunes 7 de enero, al instalarse formalmente el Equipo Nacional de Protección a Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano, previa aprobación de la Asamblea Plenaria de Obispos.
Aceptación del alto clero católico, de que “la primera realidad a la que se enfrentó el ENPM, fue la ausencia de una estadística nacional de casos de abuso sexual infantil por parte de clérigos. Por ello, se le ha encomendado la recopilación de datos sobre el particular ante distintas instancias eclesiásticas y de organizaciones dedicadas a estos temas”.
Lo que sorprende, es que la Conferencia diera a conocer, que las primeras informaciones recibidas y que hiciera públicas su presidente, “con la finalidad de iniciar un camino de transparencia de cara a la sociedad”, fueran las proporcionadas por la representación de la Santa Sede en México (Nunciatura Apostólica), que tiene el registro de 152 casos de sacerdotes relacionados con probables conductas cometidas en agravio de menores.
Certeza del alto mando católico, de que en los siguientes meses se continuará con el esfuerzo por tener el diagnóstico completo de abuso sexual infantil de religiosos en México.
Posición radicalmente diferente a lo observado en el pasado, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en cuanto a que hoy, “la Iglesia está, hoy más que nunca, cooperando con las autoridades del país, especialmente en los casos de abuso contra menores por parte de clérigos, de conformidad con las leyes mexicanas. La sociedad y los miembros de la Iglesia lo exigen pues no podemos permitir un caso más”.
Nueva actitud en la que reitera con firmeza, su compromiso de ofrecer múltiples acciones para crear una cultura de prevención, atención y respuesta, apoyadas en las “Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en casos de Abuso Sexual de Menores por parte de Clérigos”, basadas en las disposiciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobadas en la CII Asamblea Plenaria de la CEM, en noviembre de 2016.
Encuentro en el que se sujetaron a las disposiciones del Papa Francisco, en el que estuvieron presentes el Cardenal Sean O´Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores de la Santa Sede, así como del director del Centro para la Protección del Menor de la Universidad Gregoriana, Hans Zollners.
Toda una nueva estrategia, que haría posible la elaboración y aprobación del “Protocolo de Protección a Menores”, en apego a la Legislación Penal Sustantiva y Adjetiva vigente en el territorio nacional, por parte de la CIV Asamblea Plenaria de la Conferencia, en noviembre de 2017, con el fin de establecer criterios para la prevención, y en su caso, sanción canónica y penal en contra del probable responsable, brindando todo el apoyo y asistencia a la víctima y su familia.
Un poco antes de esa fecha, en septiembre del mismo año, daría comienzo el trabajo de asesoría y capacitación a los obispos de México y voceros de las 46 Diócesis, sobre las “Líneas Guía y Protocolos de Actuación en Caso de Abuso a Menores”, con la participación de los abogados de la CEM y el Centro de Investigación y Formación para la Protección del Menor.
Sería en noviembre de 2018, cuando se daría el visto bueno por parte de la CVI Asamblea Plenaria de los Obispos, al Equipo Nacional de Protección de Menores, el cual quedaría integrado por obispos, sacerdotes y laicos especializados e independientes con amplia experiencia en esta temática, coordinados por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Se tiene previsto que junto con su presidente, monseñor Rogelio Cabrera López, cardenales y los obispos de las 46 Diócesis mexicanas, plantearán al Papa Francisco y al pleno de la Cumbre que se llevará a cabo en la Santa Sede del 21 al 24 de febrero, la necesidad de que las Conferencias Episcopales de todo el mundo, tengan mayores facultades para atender este flagelo del abuso de menores por parte de sacerdotes.
Darán a conocer su posición, en cuanto a que el abuso sexual infantil, constituye una de las realidades más dolorosas de la Iglesia Católica en el mundo, “pero que con estas acciones concretas, claras, transparentes y contundentes, deseamos recuperar la confianza de los fieles y lograr que la Iglesia continúe con su misión evangelizadora con un rostro limpio luminoso y confiable como el de nuestro Señor Jesucristo”.
Aquí, resulta importante reflexionar sobre lo expuesto por la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica en México, en lo concerniente a que la información de los 152 curas pederastas, tiene su origen en la Nunciatura Apostólica y no en la Conferencia del Episcopado Mexicano.
O sea, como se asegura, que los datos les fueron proporcionados por la Santa Sede, vía su representación en el país. Pero, las interrogantes
surgen de inmediato, aplicando el simple sentido común que lleva al ¿Cómo obtuvo El Vaticano esta información estrictamente confidencial?
Habrá que recordar que periódicamente, el Vicario de Roma recibe de manera en Ciudad de El Vaticano, a todos los obispos del mundo, incluyendo por supuesto a los mexicanos, que permite al Jefe Máximo de la Iglesia Católica, recibir reportes precisos de la situación que guardan tanto religiosos de todos los rangos, como los niveles de la fe, confianza y participación de los pueblos.
Solamente así, el Papa Francisco está enterado con precisión de lo que ocurre en México, y especialmente de los agravios que cometen los sacerdotes, obispos y cardenales, en contra de la sociedad.
Hoy, lo importante, dejando a un lado este manejo nada adecuado de la problemática por parte de los obispos del país, es que se mantienen en la línea de conducta obligada por la Santa Sede, de no permitir un sacerdote pederasta más en la República Mexicana, además de sumarse a la exigencia de castigo jurídico.
Así sea.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
