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Por: Mario Ruiz Redondo

La mayoría de los 122 alcaldes de Chiapas que pretenden reelegirse en sus cargos por tres años más, incurren actualmente en flagrante violación al marco jurídico electoral federal, al no haber renunciado a sus cargos 120 días antes de los comicios del 1 de julio, actuando en consecuencia con premeditación, alevosía y ventaja.

Prolongación fuera de la ley de sus mandatos, amparados en una normatividad estatal que viola la Carta Magna, señalada por un reciente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece precedente en la materia, en el sentido de que los ediles deben someterse a la norma constitucional suprema.

Doble juego, al que se suma la inconformidad ciudadana en contra, debido a que muchos de ellos no se han desempeñado en forma eficiente y transparente, como lo refleja la Auditoría Superior del Congreso del Estado, que ha hecho públicas las irregularidades en que ha incurrido un elevado número de munícipes al no cumplir con la comprobación del manejo de sus finanzas.

Situaciones que incluso han llegado al ámbito de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, como es el caso de Carlos Enrique Alvarez Morales, presidente municipal de Cacahoatán, que en su segundo período, mantiene en su contra una acusación “por daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de $4´534.143.30 (Cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil, ciento cuarenta y tres pesos 30/100 M.N.)”.

Advierte a Alvarez Morales, el también ex edil, ahora en funciones y al mismo tiempo candidato a la reelección, por el Partido Verde Ecologista de México, que “deberá pagar los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reingreso a la Cuenta Pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y no se destinaron exclusivamente al financiamiento de las obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población objetivo, toda vez que realizó traspasos de la cuenta exclusiva del FISMDF 2015, a otras cuentas bancarias del municipio”.

La investigación del órgano de Fiscalización del Poder Legislativo Federal de los recursos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social, establece con certeza que el funcionario municipal que pretende ser alcalde por tercera vez, ha incurrido en los delitos de desvío de recursos públicos y peculado.

Hasta ahora, esta situación se ha mantenido, inexplicablemente en el absoluto hermetismo, en cuanto al seguimiento por parte de las autoridades federales de tan grave situación, pues se trata de la no aplicación de recursos para combatir el hambre y la pobreza en esta jurisdicción en la que existen comunidades marginadas de la etnia Mam en la zona montañosa, y más aún cuando se desconocen los resultados de las auditorías al Ayuntamiento de Cacahoatán, del segundo año de ejercicio y lo que va del tercero que concluye en octubre próximo.

En el documento oficial emitido por la Auditoría Superior de la Federación, en poder del columnista, con fecha de 18 de septiembre de 2017, y firmado por el director general de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, Aldo Gerardo Martínez Gómez,  no se considera la investigación de otras importantes partidas presupuestales de otras dependencias federales, asignadas al ayuntamiento, por lo que la desviación de los mismas, podría ser aún más cuantiosas.

Habrá que recordar que este mismo político militante del Verde Ecologista, se vio envuelto, siendo alcalde la primera vez, en un escándalo de índole delictivo, al comprobar las autoridades policíacas, su involucramiento en la compra de mercancías robadas y que a bordo de trailers se estacionaban en un predio urbano de su propiedad, de donde sustraía los productos para ser vendidos en su tienda denominada “Abarrotes Carlitos”.

Siendo presidente municipal, fue desaforado por el Congreso y para evadir las órdenes de aprehensión en su contra, huiría al estado de Puebla, y se convertiría en prófugo de la justicia, mientras que su síndico Jesús Castillo Milla, actual candidato a la Alcaldía por Morena, sería detenido y encarcelado por cómplice de los delitos de robo y asociación delictuosa, lo mismo que la tesorera Lorena Pérez Santos. Ambos permanecerían dos años y medio tras las rejas.

A pesar de que Carlos Enrique Alvarez Morales, fue señalado como autor intelectual y material de los actos delictivos, agravados por su condición de servidor públicos y que por mismo ameritaba su encarcelamiento, nunca pisaría la cárcel y si en cambio volvería a Cacahoatán, evidenciando que las autoridades judiciales le dieron carpetazo a su caso, demostrando con ello que la corrupción y la impunidad no se castigan en Chiapas.

No obstante su pasado delictivo, el hoy alcalde, volvería en 2012 a ocupar la suplencia del diputado local Diego Valera Fuentes, por el PVEM. Cuando éste fue designado secretario de Pesca del gobierno estatal, Alvarez Morales, asume la titularidad de la curul en el Congreso y de ahí nuevamente es postulado para contender por la Alcaldía que ahora ocupa.

Luego de las reformas constitucionales que permiten por primera vez la reelección de los ediles, siempre y cuando pidan licencia al Poder Legislativo del Estado, con 120 días de anticipación, para contender por el mismo cargo, Alvarez Morales ha pasado por alto este ordenamiento federal y con ello legalmente está imposibilitado de participar, pero argumenta que en la ley electoral chiapaneca, se permite esta situación, olvidando que ningún marco jurídico estatal puede estar por encima de la Constitución de la República.

Ante esta circunstancia que además de anómala conlleva a la desventaja de los opositores, los demás aspirantes a la Presidencia Municipal de Cacahoatán, César Osvaldo Arriola Barrera, de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como Arturo Escobar “Azabache”, candidato independiente, Julio César Calderón Sen, del Partido Revolucionario Institucional y Ediel Galvéz Aguilar de Mover a Chiapas, han manifestado su inconformidad por el abuso de poder del edil-ungido.

Anuncian que en los próximos días impugnarán ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, además del el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría de la República, la postulación ilegal de Carlos Enrique Alvarez Morales, para invalidar su participación.

En Cacahoatán es un secreto a voces que el munícipe, con recursos federales y estatales, adquiere actualmente láminas, cemento, varillas de acero, arena, grava, así como despensas, para obsequiarlos a la ciudadanía de las zonas urbana, pero sobre todo rural, con la intención de asegurar el voto a su favor en los comicios del primer domingo de julio.

También, la coptación de líderes de las comunidades rurales, para llevar a cabo tareas proselitistas que le favorezcan,  otorgando a cada uno de los principales 80 dirigentes con rango de comisariados y agentes municipales, un salario de dos mil pesos quincenales, con dinero del Programa de Apoyo de Personas Vulnerables.

Sin embargo, la respuesta hasta ahora obtenida no ha sido la adecuada, pues la gente ha rebasado a sus líderes, molesta por el incumplimiento de promesas de campaña de Alvarez Morales y la realización de pocas obras mínimas con deficiente calidad.

Malestar social por altos índices de inseguridad a todas horas, en la que destacan los robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, amenazas, extorsiones y secuestros que no se denuncian.

El abanderado de la causa de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, César Osvaldo Arriola Barrera, quien aspira por segunda ocasión a gobernar Cacahoatán, mantiene en los días previos al inicio de su campaña el próximo 29 de mayo, un diálogo permanente con los diversos segmentos de la sociedad local, a quienes ha planteado que de ganar la elección municipal el 1 de julio, llevará a cabo una estrategia de corto plazo para la reactivación económica de la municipalidad.

Considera que la inseguridad predominante, ha provocado el cierre de negocios y el no arribo de nuevos inversionistas, por lo que convocará a la sociedad para que junto con su alcalde y ayuntamiento, hagan un frente común  y juntos combatir frontalmente este problema, y así dar certeza a quienes deseen canalizar capitales para reactivar la economía local.

Charla con el candidato Arriola Barrera, con una vasta experiencia no sólo en el conocimiento de la problemática del municipio, sino también de soluciones de rápida respuesta, como ahora contempla a los más de cinco mil productores de café de exportación, bajo un programa emergente para la reactivación de la producción del aromático grano.

El ex delegado de la Secretaría del Campo de la Administración chiapaneca, tiene previsto, en caso de ganar la elección, la búsqueda inmediata de fuentes de financiamiento para las tareas de mantenimiento y conservación de los cafetales, lo mismo que un programa integral de asesoría técnica para los productores, que estarán en posibilidad de comercializar sin intermediarios los más de 50 mil quintales anuales de café.

Atender las necesidades de los jóvenes, será prioridad fundamental, toda vez que al mejorar y crearles nuevos espacios deportivos, estarán en condiciones de no caer en las tentaciones de la farmacodependencia y el alcoholismo.

Optimismo en el futuro de quienes decidirán los comicios, a los que responderá en sus justas inquietudes laborales, una vez que se logre la paz social y la inversión local y foránea, que permitan la creación de nuevas fuentes de trabajo, que contrarreste la emigración que ahora se da hacia los Estados Unidos,

en la búsqueda de oportunidades que aquí no encuentran.

El llamado “candidato del pueblo”, que en el trienio 1996-1998, dejó satisfechos a sus conciudadanos, pugnará porque las autoridades federal y estatal intervengan en Cacahoatán, para frenar los ilícitos que comete el alcalde Carlos Enrique Alvarez Morales y cancelen su aspiración de ser reelegido, actuando fuera de la ley.

Lo que ocurre en Cacahoatán, no es un hecho aislado en Chiapas, pues lo mismo sucede en los municipios colindantes con Centroamérica, de Suchiate, Mazatán, Huixtla y Villa Comaltitlán, al igual que en otras Regiones de la entidad, donde amparados en una legislación local ilegal, pretenden ganar el poder con el poder de ser alcaldes y candidatos.

Una situación que debe ser investigada a fondo por las instancias electorales federales y estatal, y actuar en consecuencia, sobre todo de la Procuraduría General de la República en lo concerniente a las desviaciones de recursos y peculado de ediles que de manera cínica osan postularse para tres años más en el ejercicio municipal.

En los días de campañas en que los aspirantes a la Presidencia de la República y el mismo Gobierno de la República, refieren la necesidad de un combate frontal a la corrupción e impunidad, Chiapas puede ser un buen punto de acción para pasar de las palabras a los hechos y evitar que servidores públicos continúen transgrediendo la ley.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.

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