CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo (AlMomentoMX).- “Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas para encontrar la verdad’’, reclamó Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la reunión, los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, reclamaron al Gobierno mexicano los nulos avances en la investigación y búsqueda de los 43 jóvenes.
Durante la audiencia, Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, dijo que en México todo se está politizando. “Quieren suspender la reunión de mayo porque hay elecciones en México. Para ellos, para el Estado, es más importante las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la vedad”, expresó.
Pidió al nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, cumplir con los compromisos de sus antecesores, entre ellos, que sus abogados puedan entrar a los penales para interrogar a los reos que consideren convenientes y establecer un paquete de incentivos para quien quiera hablar en su momento y diga la verdad.
González Contreras advirtió que la administración de Enrique Peña Nieto tiene intenciones de cerrar rápido la investigación y señaló que hay preocupación de que el Fiscal del caso, Alfredo Higuera, sea presionado para que avale lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam nombró como “verdad histórica”.
Los padres y sus representantes denunciaron que el Gobierno ha incumplido con 80 por ciento del cronograma de trabajo y que en el último año no ha habido avances en el caso.
“Venimos nuevamente sin resultados de justicia y verdad en el caso que estrujó la conciencia mundial”, dijo Mario Ernesto Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“En los últimos meses hay nuevos agravios contra las víctimas; doña Minerva falleció en los meses recientes por la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”, aseguró.
De acuerdo con el experto en derechos humanos, la investigación del caso Ayotzinapa no ha arrojado resultados objetivos y materiales. Además, apuntó, el cronograma implementado por el propio Gobierno frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se incumple recurrentemente.
Por su parte, el fiscal Alfredo Higuera, responsable de la investigación del caso Ayotzinapa, dijo tener pruebas que aclaran las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, pero que no puede hacerlas públicas todavía.
Indicó que “en las últimas semanas a la investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso”.
“Uno de ellos es el tener por identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes. Ello es sin duda la raíz del problema y lo que puede aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron y justamente, tras haber elaborado diversas hipótesis, se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para saber por qué los jóvenes fueron acometidos”, dijo.
El funcionario aseguró que los detalles todavía “no pueden ser revelados en audiencia pública”, si bien han sido comentado “de alguna manera en las reuniones previas”.
Precisó que los datos “dan cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal” que opera en la zona y “la indudable intervención en los hechos de elementos de diversos organizaciones, especialmente municipales en colusión” con los criminales.
Mario González, padre de César González, le preguntó a Higuera si la finalidad de la investigación era encontrar a su hijo y a los otros 42 desaparecidos. Ante ello, el fiscal le respondió que “la meta es saber todo lo que ocurrió”, lo que incluye también encontrar a los desaparecidos.
“El objetivo común de víctimas, CIDH y Estado es el de encontrar la verdad completa en el caso. Han sido numerosos encuentros, reuniones y audiencias donde se ha procurado brindar información sobre el tema, hoy el Estado acude a su audiencia para seguir cumpliendo con responsabilidad de informar sobre el caso”, sostuvo Higuera.
De acuerdo con la versión oficial, policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos mataron e incineraron a los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. No obstante, varios peritajes independientes han concluido que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos.
Durante la audiencia, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió un minuto de silencio por Minerva Bello, quien falleció a causa de un cáncer acelerado a causa de la angustia de no saber el paradero de su hijo Everardo.
AM.MX/dsc