CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio (AlmomentoMX).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, ocurridas el 11 de enero de 2016, por lo que emitió la Recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al Gobernador de esa entidad federativa, Miguel Ángel Yunes Linares.
La CNDH consideró que este asunto, por su naturaleza y gravedad, trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
Los hechos fueron difundidos mediante diversas notas periodísticas los días 14 y 15 de enero de ese año, en las cuales se refirió que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por la Fiscalía General.
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de queja, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad federativa; al llegar al Municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de Seguridad Pública, aproximadamente a las 12:00 horas. En la misma fecha, a las 20:15 horas, policías de Seguridad Pública localizaron el vehículo en el que se trasportaban las víctimas en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después -13 de enero-, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13:00 horas del 11 de ese mismo mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública, desconociendo hasta esa fecha el paradero de los agraviados.
De las evidencias que este Organismo Nacional se allegó con motivo de las investigaciones documentales y de campo, visitas y entrevistas, así como de la información recabada de diversas autoridades federales y locales, se contó con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos, de conformidad con lo siguiente:
A la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria de las víctimas, atribuible a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
A la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz y de diversas personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiéndose que algunos los llevaron a cabo y otros los toleraron.
A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas, imputable a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
A la vida, con motivo de la ejecución arbitraria de las víctimas, toda vez que la Fiscalía General del Estado determinó que fueron privadas de la vida por parte de personas que, de acuerdo con actuaciones ministeriales, declararon pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de miembros activos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
A la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la Investigación Administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos.
Adicionalmente, este Organismo Nacional ha observado con preocupación, desde hace varios años, la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas, por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado, lo que se traduce en violaciones graves a derechos humanos por el impacto que genera en las víctimas, sus familiares directos y la sociedad en general, porque los derechos vulnerados son los básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad personal.
Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita al Gobernador de Veracruz instruya que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos; se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les ofrezca una disculpa pública institucional.
Además, deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada; en la integración de las investigaciones ministeriales que inicie la Fiscalía General contra los responsables de tortura y homicidio, de las conductas delictivas relacionadas con los restos óseos y/o humanos y los fragmentos dentales encontrados en el rancho “El Limón” y en las que se encuentren involucrados agentes policiales con el crimen organizado.
Le solicita también girar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes, así como colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que se formule ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP estatal, para deslindar la responsabilidad de quienes intervinieron en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron las conductas delictivas realizadas en el rancho “El Limón”.
También deberá instruir al titular de la SSP la realización de un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho; se cumpla con las propuestas del “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender este problema en el estado de Veracruz, e implementar acciones inmediatas mediante políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad imperantes en esa entidad federativa.
La Recomendación 5VG/2017, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.
AM.MX/fm
