CHETUMAL, QUINTANA ROO, 14 de octubre (AlmomentoMX).- Un total de 57 propiedades son las que las autoridades locales han asegurado al ex gobernador Roberto Borge Angulo y a sus cómplices, hasta el momento, como garantía para resarcir, de ser así, el desvío de 594 millones 590 mil 535.47 pesos que fueron saqueados de la empresa gubernamental VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP SAESA).
Lo anterior estuvo derivado de la contratación de servicios de taxi aéreo con Aerotaxi Villa Rica, que trajo consigo la celebración de un par de “convenios” que nunca fueron licitados y se entregaron de manera directa.
Sol Quintana Roo presentará, en su próxima entrega informativa, las direcciones exactas de las 57 propiedades que han sido incautadas y el “modus operandi” que mantuvo durante su administración el ex mandatario estatal.
Como se recordará, el 13 de mayo del año en curso en el Juzgado de Control de esta ciudad se realizó una audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa 151/2017 que se le instruyó a Roberto Borge Angulo por los delitos de aprovechamiento Ilícito del poder, por el detrimento ocasionado a los recursos financieros de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. por la cantidad de 594 millones 590 mil 535.47 pesos, cometido en agravio de la administración pública.
Dicha audiencia fue derivada del cumplimiento de la sentencia de amparo de fecha 15 de noviembre del año 2018 dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, en autos del Juicio de Amparo indirecto 784/2018-3-A en la que se pudo formular imputación al imputado y luego de que este renunciara a sus plazos.
Por tal motivo los fiscales expusieron los datos que sustentaban el hecho delictuoso y su probable participación en el mismo, siendo éste únicamente por el delito de Aprovechamiento Ilícito del Poder, ya que en virtud del cargo que ostentaba obligó a sus subordinados a ejecutar negocios jurídicos.
Es decir, obligó a los funcionarios públicos y que se desempeñaban como miembros del Consejo Administrativo de VIPSAESA S.A. de C.V., a aprobar mediante asamblea de fecha 5 de abril de 2011 y 6 de diciembre de 2013, la contratación de servicios de taxi Aéreo con Aerotaxi Villa Rica, que trajo consigo la celebración de 2 contratos sin licitación.
Esto fueron formados el 5 de abril de 2011 y el 1 de enero de 2014, reportando un beneficio económico para Aerotaxi Villa Rica por la cantidad de 594 millones 590 mil 535.46 pesos, siendo este el motivo por el cual únicamente se formuló imputación por el citado delito.
Por la jerarquía y obedencia de los subordinados que se vieron obligados a acatar las órdenes del entonces gobernador de Quintana Roo, según consta en el documento oficial en poder de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
Por lo que dichos ilícitos no pueden coexistir en los hechos narrados, en su momento, pero sí se recalcó que dicha determinación no influía en la reparación del daño, ya que en uno u otro de los delitos existe el detrimento patrimonial cometido en agravio del Estado.
Motivo por el cual, y luego de aproximadamente 14 horas de audiencia (realizada vía videoconferencia), el Juez de Control determinó vincular a proceso por dicho ilícito y acto seguido los fiscales especializados solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva justificada, argumentando que actualmente dicho personaje se está vinculado a proceso Federal diverso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivada de la causa penal No. 381/2017.
Es decir, de poder obtener su libertad en el diverso proceso Federal sería difícil su comparecencia de manera inmediata por lo que pudiese sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que está en otro Estado, ante lo cual el Juez de Control procedió a imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso que no podía exceder al plazo de dos años.
Es por eso, que se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, mismo que feneció día 15 de julio del año 2019; los abogados de Borge Angulo solicitaron una prórroga del plazo de investigación para lo cual se le fue acordado por el Juez de Despacho de forma favorable, determinando que el cierre de la investigación el día 16 de agosto del año en curso, es decir, ahora sólo espera lo que dictamine el Juez.
Una vez cerrada la investigación complementaria se concedió a la Fiscalía Anticorrupción un plazo de 15 días tal y como marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para que rinda la acusación en contra del referido imputado, para lo cual una vez hecho la acusación se fijó el día 14 de octubre para la celebración de la audiencia inmediata misma que será llevada al cabo mediante videoconferencia.
HISTORIAL
Como se recordará, el ex gobernador Roberto Borge Angulo fue detenido en Panamá el 4 de 2017, en base a una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero por más de 900 millones de pesos -información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo- cuando el político cozumeleño intentó abandonar dicho país.
Borge Angulo estuvo alojado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos y caros de dicho país, donde pagaba por noche poco más de 25 mil pesos; tras su detención fue trasladado al penal El Renacer, situado en el Corregimiento de Gamboa, a orillas del Canal de Panamá.
En ese sitio recibió la visita de su padre, Roberto Borge Martín, a quien le reclamó haberle visitado mucho tiempo después de su detención. También recibió la visita de Fabián Vallado Fernández, “Fabiruchis”, su ex secretario particular, y de Agustín Lara Souza, “Tacón”, su ex director de Recursos Materiales.
El 22 de septiembre de ese mismo año, tres meses y medio después de haber sido encarcelado en El Renacer, al descubrirse un intento de fuga, se le cambió de prisión y fue llevado a la Policía Nacional en Panamá, donde se le sometió a una vigilancia más férrea, pese a que siguió recibiendo las visitas de “Fabiruchis” y “Tacón”.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición -al que desde un principio Borge se opuso rotundamente-, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y la Fiscalía de Quintana Roo arrojaron como resultado la presunta responsabilidad también de los padres del ex mandatario estatal: Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla en diversos ilícitos, principalmente como prestanombres.
Vallado Fernández y Lara Souza resultaron vinculados a su ex jefe en diversos ilícitos y también están en calidad de fugitivos (aunque se pasean por el Estado y el país como si nada les preocupara), pese a que todavía se les llegó a ver en eventos públicos después de conocerse que se había girado orden de aprehensión en su contra.
El 4 de enero de 2018, Roberto Borge fue extraditado a México e ingresó por error a la cárcel de mujeres, para luego, ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), en Ayala, Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.
Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, el ex mandatario quintanarroense (2011-2017) es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación que la Fiscalía Federal, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quedó radicada en el referido juzgado, en el expediente 381/2017.
Los abogados a recurrido a todo de estrategias argucias legaloides para echar por tierra las imputaciones de la FGR, pero no lo han podido lograr, cuando mucho, el retraso a un fallo que se considera inminente: la condena de Roberto Borge Angulo.
AM.MX/fm
