Eduardo Rodríguez
Llegó el día que todos sabíamos estaba a punto de suceder y arrasó con todo lo que olía al tradicional sistema político. Fue una convulsión que golpeó a un sistema partidista cómodo en su sitio que permitió existieran 50 millones de ciudadanos en extrema pobreza. Algo estaba mal de raíz y hubo quien aprovechó no solo la condición general de hastío, sino que además tiene un mérito muy válido al haber escuchado mejor que otros y endulzado el oído del electorado que aplastó contundentemente algo que mostró, no quiere más. Quien no entienda la lección está profundamente perdido.
Lo que ocurrió la mañana del 2 de julio fue una extraña tranquilidad; no podemos negar que amanecimos “extrañamente tranquilos”, en parte porque había una calma general que no hubiese ocurrido con resultados diferentes en la elección. Las calles no vivían disturbios ni saqueos, pero diseccionando ese ánimo podíamos encontrar preocupaciones con más fondo.
Los primeros focos rojos llegaron apenas una semana después con el anuncio del recorte al 70% de los trabajadores de confianza que conforman el gobierno federal, acompañado al recorte del 50% de los salarios de mandos medios y altos, recorte de personal de seguridad, recorte de presupuesto para viáticos, eliminación de los servicios de salud privados como prestación, eliminación a los sistemas de separación individualizada, eliminación a la aportación de caja de ahorro como prestación laboral, y además aumento al horario laboral obligatorio extendiéndolo hasta el día sábado con un mínimo de 8 horas diarias con un solo día de descanso.
Vámonos por partes. En primer lugar, pareciera que afecta solamente a “unos cuantos privilegiados”. La realidad de este machetazo es que ese porcentaje se traduce en un número descomunal; de acuerdo con datos del INEGI, el gobierno federal cuenta con 4.2 millones de servidores públicos; de los cuales 302 mil 400 son de confianza y 514 mil 400 tienen un contrato eventual o de honorarios, la gran mayoría de estos, son el motor principal de sus familias, todos ellos con un historial económico activo, que aportan al sistema de seguridad social, que pagan impuestos, que han adquirido algún crédito automotriz o inmobiliario como parte del patrimonio que les ha permitido construir su esfuerzo en el servicio público. Esa cantidad de personas y sus familias dan un número exorbitante que bien podría conformar un estado mediano repleto de habitantes que se verían afectados directamente por esta radical medida que además de denostar su labor, los lleva al extremo del satanismo.
¿Los jefes de departamento serán tratados como auténticos ladrones que tendrán en sus áreas auditorias semanales con un verdugo en espera de verlos fallar? ¿Qué será de subdirectores, directores, subsecretarios, titulares?, ¿Quién le va a querer entrar al servicio público?
Aunque México encabeza el ranking de los países que más horas trabajan, de la OCDE, es el país que presenta la peor situación de productividad laboral. Con 2,246 horas al año, unas 480 horas por encima de su promedio, la productividad de los mexicanos alcanza únicamente una puntuación de 20 en una escala de 100. Según el estudio de la organización sobre la situación laboral, en general, cuanto más trabajan las personas, más disminuye la productividad. En Luxemburgo, por ejemplo, el país más productivo con calificación de 95 puntos, trabajan únicamente 1,512 horas al año. Ahora habrá que sumarle un día adicional con 8 horas como mínimo.
El exorbitante gasto del aparato burocrático es un pasivo que debe ser reordenado y nadie se opone a una acción que naturalmente debe encausar un gobierno con aires de renovación, lo cierto es que los servidores públicos que hoy están en la mira, son aquellos que sí están dando resultados, quienes han logrado aumentar de manera importante la recaudación fiscal, quienes hace algunos años contrataron coberturas para el precio del petróleo y salvaron las finanzas públicas de una enorme crisis, quienes hoy están ganando litigios de la mayor trascendencia para el Estado mexicano. Hoy día se propone satanizarlos, reducir sus sueldos a la mitad y quitarles sus principales prestaciones como si se tratara de una élite de saqueadores de la función pública.
Los sueldos que hoy perciben estos servidores públicos son buenos, pero siendo realistas están muy lejos de ser exorbitantes. Muchos de ellos podrían ganar mejor en una institución financiera, una consultora privada, o un buen despacho de asesores, donde los horarios y la cultura laboral son por mucho más amables. Hoy ellos están en el servicio público porque es también una carrera digna, donde los méritos al servicio por la patria deben ser reconocidos, no solo con mejoras salariales sino con la oportunidad de tener representaciones de mayor envergadura sirviendo a su país. Percibir un buen sueldo no debe ser una condición señalada por este gobierno que al contrario debería incentivar el crecimiento como parte de esta nueva era de transformación, bienestar y progreso para todos. Que quien quiera tener un estilo de vida ‘fifí’, lo tenga sin remordimientos, siempre y cuando sea producto de un trabajo honesto y concordante con lo que se aporta al país desde el servicio público o cualquier trinchera de la nación.
Con estas nuevas condiciones que pretenden implementarse en el gobierno federal deberá realizarse un replanteamiento en el servicio público en México. Junto a la reducción de sueldos, la descentralización de secretarías (digno de otro texto exclusivamente para este absurdo planteamiento), el aumento al horario laboral, la desaparición de entidades auxiliares y la absorción de las mismas por parte de otras dependencias lo que conllevará a una carga adicional de actividades y responsabilidades, vuelvo a plantear la pregunta: ¿Quién le va a entrar al servicio público de hoy en adelante? Hay una realidad que avizora una fuga importante de talentos que van a quedar a la deriva y que la iniciativa privada, por el volumen, no tendrá capacidad de albergar. Todos estos posibles blancos de la IP se enfrentan a un contendiente a la hora de ser reclutados por una empresa de talla mundial; la Industria 4.0 y la suplantación del hombre por la máquina.
Este “nuevo ciclo” trae un respaldo de 53% de electores que decidieron con claridad y contundencia que esto es lo que querían y que las acciones tomadas a partir del 1° de diciembre serán todas en beneficio de México y los mexicanos. Que todo lo expuesto aquí, en realidad traerá mejoras económicas en los hogares de 120 millones de personas y que habrá “trabajo y prosperidad para todos” como se ofrecía en los millones de spots que a diario nos atacaron, pero pues, como decía Sir Winston Churchill: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”.
