MÉRIDA, YUCATÁN. – El Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se convierte en el nido de la corrupción de la mafia del poder oficializada por el ex Gobernador Rolando Zapata Bello, y que actualmente adoptó Mauricio Vila Dosal, para despojar de terrenos a ejidatarios y empresarios, para venderlos a inmobiliarias fantasma vinculadas con el lavado de dinero, previo pago de sendos “moches” que ya han vuelto una costumbre cotidiana.
Dre acuerdo con Sol Yucatán, a partir de 2016, y hasta la fecha, la dependencia intensificó el despojo de tierras y encubrió los delitos con “ventas legales” a prestanombres y empresarios identificadas dentro del crimen organizado, dada que las ganancias especulativas son millonarias.
En un reciente caso denunciado por el empresario José María Ponce Laviada, se proporcionaron datos precisos de inmobiliarias denominadas “Futudesa” y “Cartelo de la Riviera”, la cual, luego de comprar los terrenos, los rectifican ampliando sus medidas y subdividen en cientos de lotes, en operaciones inscritas en la misma fecha en el Registro Público del Estado, lo cual sólo se logra con toda premeditación y colusión del Gobierno del Estado, más aún que las fechas se dieron en julio del 2020, cuando el pico de la pandemia Covid-19 tenía paralizadas las entidades del Gobierno.
Posteriormente promueven bajo engaños los “supuestos fraccionamientos”, con publicidad falsa de que se trata de lotes de gran plusvalía, que cuentan con todos los servicios, tienen una buena ubicación con las ciudades, pero se trata de una vil mentira, ya que son montes sin delimitar, y la población más cercana está a varios kilómetros.
Por último venden los supuestos “Proyectos Llave en Mano” a otras inmobiliarias de muy dudosa procedencia, lavando de nuevo cantidades multimillonarias en cada transacción.
La IVEY es copartícipe de “compras simuladas” y evidentemente fraudulentas, la SSP opera a modo para proporcionar golpeadores y una fuerza pública que carece de legitimidad y jurisdicción, y para disfrazar estos fraudes, recurren a conocidos prestanombres de políticos dentro de ese sector empresarial corrompido a modo desde la administración de Rolando Zapata Bello, y hoy principales benefactores y protegidos de Mauricio Vila Dosal.
La mafia del poder ha llevado a la quiebra a empresarios que se oponen a sus mandamientos, quienes ya no pueden ni siquiera recurrir a las cámaras empresariales, que como ya hemos mencionado fueron corrompidas desde el inicio de la administración rolandista.
Ante tal arbitrariedad, se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), muchas de las cuales han quedado congeladas por instrucciones del actual Fiscal General, quien al igual que el propio gobernador Mauricio Vila Dosal, “rinde cuentas y pleitesía” al Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, catapultando el daño por el millonario costo financiero de las víctimas.
Entre los “cabecillas” de esta gran Mafia del Poder Político-Empresarial dentro del sector privado destacan el empresario Juan Manuel Ponce Díaz y su socio/operador Nerio Torres Arcila. La meteórica carrera empresarial de Ponce Díaz inicia con operaciones tan obscuras que hoy ya es noticia que fue el mayor benefactor del MEGA FRAUDE denominado Patrimonio Kanasín, que como se ha reportado en diversos medios, sufrió un revés contundente, y quedó expuesta la participación principal de su empresa Grupo Hogare, S.A de C.V, que a la postre cambiara su nombre a Vive Peninsular, S.A de C.V, la cual es hoy la piedra angular del Grupo Vive, principal beneficiario de apoyos de los Gobiernos de Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal.
Ponce Díaz tomó la estafeta de su padre Fernando Francisco Ponce García, quien “se sirvió con la cuchara grande” desde los años noventa cuando incluso siendo funcionario público recibió enormes dotaciones de tierras, apoyos y contratos de obra pública fraudulentos de la administración estatal, algunos de ellos vigentes hasta la fecha, como el caso de las placas vehiculares denunciado por un Senador Panista en 2017, y que sin embargo replicara dos años después al “panista” Vila Dosal.
También heredó de su padre la sociedad eterna con Armando Palma Peniche, quien obtuvo todos esos “beneficios” gubernamentales, quien al igual que en los noventas, con la complicidad del Gobierno Estatal en turno con innumerables terrenos, como el caso del hoy fraccionamiento Francisco de Montejo que adquirió a $0.0005 por metro cuadrado, es desde hace más de una década, el mayor beneficiario/socio de Rolando Zapata Bello, (a cuya empresa PADYSSA ha canalizado “apoyos” que exceden en más de 50 veces el valor de la misma), y del hoy candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, sumando desde finales del sexenio rolandista al actual director del IVEY, Carlos Viñas Heredia, en ese entonces parásito del Infonavit, a su CLAN MAFIOSO para apoderarse de enormes extensiones de tierra.
RECAPITULANDO, a diferencia de la corrupción y prepotencia descarada de Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello logró incorporar a la iniciativa privada a su plan de corrupción, destinando millonarios recursos para el beneficio recíproco, y al hacer cómplices a los dirigentes de las Cámaras Empresariales, logró tomar el control de las mismas para establecer una flujo exponencialmente mayor y permanente de recursos públicos para desvíos sin precedente.
Mauricio Vila Dosal aprendió rápidamente la estrategia, y pactó un relevo transexenal garantizando impunidad a cambio de una rebanada del pastel. Convirtieron a las elecciones del 2018 en un acto teatral, y a las SUPUESTAS denuncias es la argucia ideal para sellar tales fraudes.
Un empresario que ha denunciado los ataques en su contra y en contra de ejidos, enfrentando a esa Mafia del Poder desde hace algunos sexenios es José María Ponce Laviada, quien ha sido víctima de tres administraciones gubernamentales, empezando con Ivonne Ortega Pacheco, quien ordenó un “levantón” disfrazado de arresto violando todos los procesos, y por un delito que la Justicia Federal declaró INEXISTENTE.
Destinaron decenas de patrullas para el constante acoso a él y a su familia, invadiendo constantemente su propiedad privada, así como el saqueo de su empresa Tejidos Naturales, Sociedad Anónima de Capital Variable, que sólo logró evidenciarse por una aparente falta de comunicación entre la Policía Judicial y la SPP.
Pues la primera vez observó movimientos sospechosos una noche en la empresa antes citada, y en un operativo logró pescar en flagrancia a más de 20 elementos de la SSP que saquearon toda la cablería (que según en la denuncia alcanzaba los 30 km), varias toneladas de piezas de bronce, equipos de cómputo y destrozos vandálicos.
No obstante que el delito se denunció en tiempo y forma, acudiendo al lugar de los hechos los agentes del entonces Ministerio Público, y levantándose las Actas Notariales correspondientes, LA DENUNCIA PERMANECE DESPUES DE DIEZ AÑOS CONGELADA EN LA HOY FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
El valor de los bienes sustraídos ascendió a más de $10 millones de pesos de ese año, según el peritaje correspondiente, pero el mayor problema según relata Ponce Laviada, “fue el costo de la reparación de tal ataque, que excedió los 20 millones de pesos de aquellas fechas, equivalentes al doble en pesos actuales, esto es, $40 millones de pesos”.
Lo peor de todo, es que han trascurrido 12 años, y hasta el momento sigue abierta la carpeta de investigación, por lo que el monto del daño total bien podría exceder $100 millones de pesos por toda la afectación que le generaron.
Al inicio de la administración de Rolando Zapata Bello, cuando en un franco abuso de confianza de Fernando Ponce García, se destinaron $1.2 millones de pesos del patrimonio personal remanente de Ponce Laviada, por conducto de la oficina del entonces “vicegobernador”, después titular de ISSTEY y asesor principal rolandista y hoy asesor personal de Vila Dosal, Ulises Carrillo Cabrera, ante la amenaza de ya denunciar públicamente todos estos atropellos, el entonces Gobernador electo propuso una audiencia por conducto de Ponce García, en la cual se comprometió a darle a su proyecto de reactivación henequenera la máxima prioridad en su primer año de gobierno, e indemnizar por esa vía a Ponce Laviada, por todos los gastos y costos ocasionados por su partido y Gobiernos de él emanados.
En la práctica sucedió lo exactamente opuesto, hasta que se percató que todo había sido una gran farsa orquestada por Rolando Zapata Bello, Ulises Carrillo Cabrera, Armando Palma Peniche, Fernando Ponce García y Juan Manuel Ponce Díaz, “quienes de hecho se repartieron jugosos desvíos multimillonarios mientras me cometieron un desfalco que terminó por llevarme a la bancarrota y causarme un grave daño a mi salud”.
Recordó que cuando Mauricio Vila Dosal teóricamente no se atrevía a lanzarse por la gubernatura, por temor a Raúl Paz Alonso, fue a él a quien le pidieron convencer a Joaquín Díaz Mena para que cerrara filas con Vila Dosal.
“Ya me encontraba absolutamente decepcionado de toda la política, pero fue el entrañable cariño a los suegros, lo que me movió a aceptar tal encargo, que resultó ser un vil distractor para hacer a un lado a Díaz Mena, lo que derivó en la salida de éste rumbo a Morena, y mi desprestigio total por hacerle bajo engaño el trabajo a estos RUFIANES…”.
Continúa relatando Ponce Laviada, “Yo nunca entendí por qué Vila Dosal arriesgaría tanto unas elecciones por elegir traicionar a Huacho e ir en mancuerna con Paz, hasta que las ratificaciones de funcionarios clave rolandistas por presión directa de Juan Manuel Ponce Díaz y Nerio Torres Arcila, así como la continuidad de los desvíos a favor del mismo grupo de empresarios cómplices en esta mafia, respondieron la pregunta: Las elecciones fueron un engaño, y Rolando Zapata y Mauricio Vila habían pactado ese PLAN TRANSEXENAL DE IMPUNIDAD desde mucho antes.
El corrupto Gobernador Mauricio Vila Dosal tiene evidentemente la encomienda de concluir la tarea sucia de Ivonne y Rolando, así como de sus socios y aliados en el sector privado (Ponce García, Ponce Díaz, Palma Peniche y Torres Arcila, entre varios otros), de acabar con un “empresario incómodo” como Ponce Laviada.
Después de varios intentos fallidos de invasión, donde los vigilantes lograron identificar a Nerio Torres Arcila y a un empleado de confianza de Ponce García, de nombre Raúl Chablé, en la noche del 31 de octubre de 2020, se registraron eventos violentos e ilegales en contra de una propiedad donde se conjugarían actividades productivas de las agroindustrias henequeneras y forestal, ubicada en Muxupip.
Ponce Laviada y su empresa Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV, la sostenía a pesar de la crisis y tenía la posesión pacífica documentada en archivos del propio Gobierno Estatal desde 1992.
Ponce Laviada por enésima vez interpuso una denuncia penal por invasión violenta, robo y destrucción, sobre su propiedad, señalando en esta ocasión como responsables directos a Carlos Viñas Heredia, a la SSP, a Álvaro Juanes Laviada y al propio Gobernador Vila Dosal.
El primero por haber intentado extorsionarlo con $100 mil dólares meses atrás, y los otros tres por haber sido mencionados por el comandante de la SSP Oswaldo Dorantes, de seguir órdenes directas y pasar una amenaza de no atreverme a denunciar los actos.
Cabe recordar que la SSP acudió a entorpecer el trabajo de la Policía Municipal Coordinada de Muxupip que acudió de manera expedita y logró aprehender a algunos de los vándalos e invasores, y en contra de sus funciones de ley, proteger deliberadamente a los vándalos e invasores, quienes armados con picos, mazos y palas, aparte de los destrozos a los inmuebles, agredieron a sus vigilantes quienes tuvieron que huir por temer por su vida.
DENUNCIA DEL 2020 POR SAQUEOS Y DESPOJOS
El empresario José María Ponce Laviada acusó que, de acuerdo con la denuncia interpuesta, el 31 de Octubre del 2020, un grupo de golpeadores armados con mazos, picos y palas, así como maquinaria pesada, ingresó a su desfibradora a saquear inventarios, maquinaria, equipos e instalaciones, y destruir una nave industrial de 3,500 metros cuadrados y cerca de 400 metros cuadrados de obra civil de oficinas y bodegas.
De igual forma, amenazaron de muerte a un par de veladores, quienes optaron por dar parte a la Policía Municipal de Muxupip, cuyos agentes constataron el delito que se cometía.
Según el expediente, los golpeadores se negaron a dar otra información, más que actuaban a nombre de un tal Carlos Méndez, originario de Motul, y quien según ellos era propietario del terreno donde se encuentra la desfibradora Felipe Carrillo Puerto.
Cabe destacar que la Planta desfibradora “Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en la carretera Mérida-Muxupip, fue adquirida a la extinta Cordemex en 1994, por Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV, empresa que a su vez fue adquirida por Ponce Laviada en el año 2000.
En el documento se menciona que cuando los veladores notificaron a la policía de Muxupip, los elementos llegaron al lugar de forma inmediata, y lo cercaron para evitar que varios de los golpeadores escaparan.
Sin embargo, al lugar llegó la patrulla de la SSP número 6664, a cargo del comandante Oswaldo Dorantes, quien en todo momento protegió a los delincuentes, quien aclaró a Ponce Laviada que el terreno es de un tal “Carlos Méndez”, pero el uniformado se negó a entregar la identificación y los supuestos documentos de propiedad.
Al enterarse de lo ocurrido, el empresario solicitó la intervención de la SSP a través de la línea de emergencia 911, y cuando llegó al lugar, ahí se encontraba un tal “Carlos Méndez”, quien se negó a identificarse, no obstante que Ponce Laviada sí se identificó como es debido.
AMENAZAS E INTIMIDACIONES
De sus empleados, sin dar más razón que “estar procediendo conforme a la línea directa del Gobernador, del Jefe del Gabinete (Alvaro Juanes Laviada) y del Secretario de Seguridad Pública”.
Además de la intimidación, Oswaldo Dorantes, en facultades que no corresponden a la Secretaría, “me informó que el inmueble quedaba asegurado por la SSP”, cuando tal atribución la compete a la FGE y al Poder Judicial.
Recordó que un empleado se escondió dentro del predio, pero al ser descubierto fue sacado de manera violenta y con graves amenazas en la madrugada del día siguiente, y lo encontró en mal estado, en el camellón de la entrada a Muxupip.
Ponce Laviada procedió a ejercer su derecho de denunciar los actos en la Agencia de la Fiscalía en Motul, y al concluirla regresó a la planta sólo para observar que la SSP dejó entrar de nuevo a los gamberros y delincuentes, para que destruyeran y saquearan los inmuebles.
Además de la destrucción de la obra civil, maquinaria, equipo e instalaciones en proceso, destacó la desaparición de 47 metros cúbicos de madera de Dalbergia Retusa, con un costo superior a $564 mil dólares, como se puede constatar en mercados internacionales legítimos.
“Es una madera preciosa, originaria del Pacífico, y tengo el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues es muy cotizada”, mostrando “documentos de legítima procedencia mediante oficios y reembarques forestales emitidos que así lo acreditan”.
El empresario aseveró que cuenta con vídeos e imágenes del inmueble, “los cuales son desoladores, y muestran una destrucción y saqueo total”.
De acuerdo con el inventario, los daños son millonarios, superando los 30 millones de pesos, pero el problema es que no avanzan las investigaciones, y el monto del daño aumenta.
Ponce Laviada cuenta con el Permiso de Centro de Almacenamiento de Materias Primas Forestales, el cual es una concesión de competencia FEDERAL, por lo que la invasión y saqueo representa un grave delito, que será también denunciado ante la Fiscalía General de la República, destacando que la SSP sería directamente responsable de participar y encubrir este delito.
Reconoció la labor de la Policía Municipal de Muxupip, ya que a pesar de las amenazas de la policía estatal, se mantuvieron firmes al ratificar la demanda que el empresario interpuso.
En su caso, la “Mafia Perfecta” ha afectado y continúa afectándolo como Persona Física con Actividad Empresarial (a quien deben más de $5 millones de dólares, según hace constar con un documento de la SAGARPA), y a cinco empresas de su propiedad, Desfibradoras del Noroeste de Yucatán SA de CV, Tejidos de Fibras Naturales, SA de CV, Tejidos Naturales, SA de CV, y Tabasco Arrendamientos y Servicios, SA de CV, a ésta última le niegan el acceso a una maquinaria con un valor cercano a los $2 millones de euros, según acredita con facturas y cotizaciones.
Todo lo anterior se debe sumar al daño patrimonial en contra de María Margarita Puerto Gutiérrez, a través de la empresa Mayan Tejidos SA de CV, empresa maquiladora de fibras de henequén, ya que ésta última fue la única accionista en aportar recursos reales al proyecto valuado en $35 millones de dólares, según exhibe en copia de la carpeta presentada en su momento a SAGARPA.
AM.MX/fm
