Federico Berrueto
El artículo 41 de la Constitución es claro e inequívoco: el Consejero presidente y los Consejeros del INE “serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”. Además, el texto es preciso sobre el procedimiento que debe seguirse para proceder a su elección. El artículo 99 de la Constitución señala: “Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La Constitución determina la manera como deben elegirse las autoridades electorales. No hay posibilidad alguna para que pueda cambiarse con una ley ordinaria. López Obrador está empecinado en la captura y degradación de las autoridades electorales al modificar la modalidad de designación a través de voto directo, a pesar de que no tiene la mayoría necesaria para cambiar la Constitución. Sus mismos correligionarios tienen que precisarle que no se puede legislar contra la ley suprema. Embarazoso para cualquier abogado que sea legislador votar en el sentido de la pretensión del presidente. Los proyectos políticos concluyen, pero queda la memoria pública.
La discusión ya no es sobre la conveniencia de cambiar a los órganos electorales, de si la abrumadora mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la iniciativa presidencial o de si la democracia mexicana requiere una cirugía mayor para depurarla y contener la amenaza sobre ella. La cuestión ahora se reduce a un tema de estricta legalidad o, para ser más preciso, de constitucionalidad. El Congreso no puede legislar contra la Constitución, tan simple como eso.
La prolija normatividad electoral se elevó a nivel constitucional precisamente para dar certeza y evitar que un partido pudiera cambiar las reglas del juego político; además, el respaldo a los cambios de los competidores avala y compromete a todos.
El presidente transita con rapidez y determinación hacia el autoritarismo. Violentar la Constitución porque no pudo alcanzar la mayoría calificada es un despropósito que lastima el sentido de la representación política y que lleva a los suyos en las Cámaras a caminar por la ilegalidad. La lealtad o la sumisión política no da para tanto. La fisura de Morena sería inevitable si hubiera un mínimo sentido de responsabilidad y de cumplimiento con la Constitución. Desde ahora en las filas de Morena en las Cámaras se expresan voces preocupadas por la inconstitucionalidad del planteamiento presidencial; no sólo es Ricardo Monreal, quien ha sabido mantener una postura digna y cuidadosa en el tema; es el caso de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
En realidad, el presidente no propone una reforma electoral, sino una reforma de Estado. Se pretende cambiar a las instituciones del Estado mexicano como el Poder Legislativo, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, el pacto federal al impedir a las entidades de la federación en ejercicio de su soberanía participar en la organización de los procesos electorales locales o al definir la representación en las legislaturas de los Estados y los municipios.
López Obrador ha cambiado el argumento. Ya no se tata de disminuir el costo de las elecciones, ahora refiere a la democracia, aunque su concepto es más próximo a autocracia en el sentido de eliminar la coexistencia de la diversidad política, inhibir el ejercicio de las libertades –la de expresión o la de manifestación-, y la estricta observancia de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.
El empecinamiento presidencial no guarda precedente en la historia nacional. Sus excesos verbales al independiente, su intolerancia al disidente y su agresiva hostilidad a quien le critica le ubican muy lejos de sus pretensiones de trascendencia progresista. Ahora, en este nuevo capítulo de empecinamiento ha mostrado una vez más su condición de ser una amenaza mayor a la democracia y a las libertades.
