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Hay dos frases dolorosas de pronunciar en muchos casos: “!Te lo dije!” y “sabía que tenía razón”. Ambas pueden aplicarse cuando uno se refiere a la incapacidad mostrada por las autoridades supuestamente responsables de brindarle seguridad a los ciudadanos. Ayer fue un día temible y terrible. Con una diferencia mínima de tiempo, los maleantes se atrevieron a meter asaltos en el Hotel Ibis, situado en la zona más cercana al centro de la ciudad de Cancún, en donde también está instalada “La Piola”, una conocida pizzería; no satisfechos, actuaron en la terminal de autobuses ADO y en las oficinas de Volaris. Todos estos actos aparecen en el Código respectivo como delitos del fuero común y son las corporaciones policiacas locales las encargadas de su combate. Como puede observarse de acuerdo a resultados y acciones permanentes, de nada ha servido recibir el apoyo del jefe máximo si no hay forma de responder a él. Esta serie de acciones delictivas junto con los homicidios, los asaltos a comercios, a los cajeros automáticos, a las casas habitación, dan abierta y totalmente la razón a los comunicadores durante semanas ocupados en hacer los señalamientos suficientes y con bases, subrayando la nula entrega de resultados por parte de don Jesús Alberto Capella. Cancún, con una tácita aceptación a lo ordenado por el gobernador en cuanto al todavía ni siquiera legal Mando Único, sigue siendo el punto con el más alto registro de delitos. Solidaridad, contraria a los mandatos estatales, está cada vez peor y Puerto Morelos está viviendo una etapa nunca imaginada por sus pacíficos y ambientalistas pobladores.

Es difícil sean las autoridades actuales quienes se ocupen de la solución de los problemas porque si no los ven en la superficie menos saben de ello y de sus respectivos fondos. Los de la CFE deberían quitarse el chip de argumentos y explicaciones sobre los altos consumos que sus medidores registran, lo cual hace impagable el servicio e ir a la raíz para saber por qué en la Península se deben tantos millones. Campeche le ganó a Quintana Roo al ocupar el primer lugar en deuda con la CFE; Quintana Roo va en segundo sitio al deber más de 97 millones, de los cuales 35 pertenecen a Benito Juárez, 31 a Solidaridad y el resto a los 9 municipios faltantes. Estas sumas incluyen a particulares, comercios y el gobierno, tanto estatal como municipal. En estos dos últimos casos resulta inexplicable se le deba dinero a la CFE cuando ellos captan una fuerte cantidad que se agrega a cada recibo por el servicio y que se supone pasa directamente a liquidar este suministro para las áreas públicas. Aunque fuera de los cochupos y su origen ya deberían saber el no pagarles es la única herramienta de defensa de los consumidores y así será hasta que se atrevan a refugiarse en la ley y salvaguardar derechos pisoteados al convertir a empresa productiva a una paraestatal.

Sería bueno ampliar la solicitud de perdones y llegar hasta los bancos españoles y los fraudes inmobiliarios cometidos en tierras quintanarroenses.

Cuando se indaga se cae irremediablemente en el sospechosismo. Asunción Ramírez, quien fuera el tesorero de la ex alcaldesa y futura curulera Cristina Torres, fue muy publicitado bajo el supuesto de ser nombrado presidente del partido “Confianza por Quintana Roo”. Sin embargo, otro ocupó su lugar y él fue desviado hacia el lugar en donde se cree tiene mejor desempeño: la tesorería. Los premios por perder la presidencia municipal de Solidaridad, visto está, no se han hecho esperar y la posición otorgada es una garantía de recursos suficientes, aunque no sanos, para la nueva organización de la cual aún se desconoce cuáles son sus pensamientos, porque el objetivo es claro: proteger y mantener el poder.

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