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En dos áreas en extremo delicadas del gobierno estatal se generan interrogantes de las cuales se espera una pronta respuesta o, por lo menos, la justificación sobre las formas de proceder. A estas titularidades se agrega lo actualmente registrado en el Poder Legislativo, en donde se advierte pueden perderse tantos documentos importantes como, podría ser, comprobantes de gastos o relaciones de supuestas ayudas, ambos poseedores de amplios presupuestos y facultados para erogar hasta el último centavo.

Se recuerda no ha sido posible la justificación de las cantidades entregadas por los legisladores bajo el rubro de ayuda social. Los reclamos para aclarar este renglón se han multiplicado ante una mirada ausente y los oídos sordos de los responsables. Por si lo anterior fuera poco, resulta que está en veremos la cancelación de la Gran Comisión y con ello lo discutido y aprobado sobre la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La conformación de una Junta de Coordinación Política está en juego y con ello la posición de dirigencia a la cual tienen derecho los legisladores y sus respectivos partidos políticos.

Según quien todavía ostenta el cargo de presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ellos le entregaron al titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena, el material para ser publicado en el Diario Oficial y justifica el hecho de no haberse cumplido con este requisito a que debe ser minuciosamente revisado aunque no esté sujeto a cambios ni al veto del gobernador. Si es así, ¿qué caso tiene la espera?

Si estas referencias no hablan bien de la Secretaría de Gobierno, la de la Contraloría no está mejor, mucho menos cuando tienen que recurrir a edictos porque dicen desconocer los domicilios de Claudia Romanillos, ex directora del Instituto de Patrimonio Estatal, sobre quien pesa una fuerte acusación dentro del expediente SGP/CGRSP/CRAJ/PAD0010/2017, en el cual también aparece el nombre de Rudy José Flores Ayora, ex delegado de la dependencia en Cancún.

En el colmo tampoco conocen el domicilio de Roberto Borge, y es también a través de estrados en donde se le notifica de las resoluciones dictadas, por cierto todas incompletas porque dicen se manejan muchos nombres. Mario Martínez Gómez, coordinador general de investigación de la Secretaría de la Contraloría Estatal, informó sobre la gran falta de la Romanillos: no haber cubierto una sanción económica de 11 mil 474 pesos con 50 centavos, lo cual orillo a la exigencia a Sefiplan para la realización de semejante cobro.

En esas dependencias y en el propio Congreso algo huele muy mal.

Nombraron al nuevo Procurador Fiscal quintanarroense y tal recayó en Francisco García Rosado. En su trayectoria aparece el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, una vez fue renunciado quien hoy se desempeña como magistrado, Carlos Lima Carvajal. Ambos movimientos se llevaron a cabo durante el mandato de Roberto Borge y no es precisamente el mejor antecedente para el nuevo Procurador Fiscal ya que los movimientos realizados en ese Registro han sido denunciados por malas prácticas. Uno de esos últimos señalamientos se hizo al encontrarse a media calle y semi destruidos una cantidad de expedientes en Playa del Carmen. Se sabe de casos debidamente denunciados sobre otros actos como el desprendimiento de hojas de ese Registro para favorecer a quienes realizan fraudes inmobiliarios.

Su tarea consiste ahora en resolver sobre los recursos e inconformidades fiscales planteadas por los contribuyentes contra las actuaciones y resoluciones de las autoridades de la materia. El nombramiento surgido del acuerdo en el cual se creó la Procuraduría Fiscal de Quintana Roo, es adecuado por presentarse antes de poner en marcha el tan temido SAT estatal.

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