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No han sido pocas las voces que reclaman al presidente López Obrador el haber cancelado las ayudas para las mujeres víctimas de la violencia. Inclusive analistas políticos que han simpatizado con la política y las determinaciones tomadas por el tabasqueño se han unido a esta queja en virtud de no ser unas cuantas ni la violencia un acto esporádico, quienes la padecen se multiplican cada día porque, al fin, se han atrevido a denunciar. En Quintana Roo el fenómeno también está presente y este es otro segmento poblacional abandonado, luchando solo porque ni se les toma en cuenta en las mesas del Ministerio Público, en donde, además, hacen burla de sus declaraciones, ni ven llegar la justicia y el castigo para los agresores sino, de ser este conocido, con posibilidades económicas o con cuates dentro del gobierno, hasta a los hijos les arrebatan.

Al respecto y al checar el informe rendido por el Fiscal General Oscar Montes de Oca el último día de febrero frente a los curuleros locales, nos preguntamos si han logrado avanzar algo en las más de 49 mil carpetas en etapa de averiguación; en dónde están los 328 sujetos aprehendidos por instrucciones de ministeriales y dónde quedaron los 328 detenidos por órdenes de un juez y los 213 arrestados por la policía. Si el año pasado detuvieron a dos mil 779 personas y de ellas dos mil 553 las arrestaron en flagrancia ¿ya las sentenciaron? ¿Fueron a parar cuántos a cuál cárcel porque ya están sobresaturadas todas? De todas esas cifras, la mayor contradicción llega cuando se informa de solamente 160 sentencias y ese número si cabe apretadito en cualquier prisión además de servir para solicitar más recursos tanto para el centro de reclusión como para el funcionamiento de la Fiscalía.

Habrá de subrayarse no hay delitos en contra de las mujeres dentro del informe de don Oscar Montes de Oca, ni los relacionados con violencia familiar, ni aquellos considerados feminicidios. Tampoco renglones en donde se establezca todo el retraso existente en materia forense, ciencia básica dentro de las investigaciones de todo tipo de delitos. En este renglón, dentro del rezago existente lo visible es tirarse la bolita, argumentar todo aquello supuestamente no relacionado con la autoridad y remarcar los pocos éxitos obtenidos dejando en manos de jueces resoluciones finales, condenas, cuyas carpetas poco o muy poco abonan a la certeza de la aplicación rigurosa de la ley y en ese dejar hacer, dejar pasar, tener a la vista los errores de otros, el gane es eminentemente económico y repartido entre toda clase de autoridades.

Es urgente contar con un hospital siquiátrico, y eso va más allá de cuestionar si el rector de la UQROO gana más que AMLO, porque resulta ser no se tiene en esa casa de estudios la especialidad que trata problemas vigentes en la entidad relacionados con suicidios de jóvenes, de parejas, con reacciones violentas en contra de la familia. Es este el tiempo en el cual debe seguirse muy puntualmente toda la cadena de seguridad y justicia, desde las aprehensiones hasta el ingreso a los centros de reclusión. De acuerdo a lo informado por Alfonso Durazo, el 50 por ciento de los cárteles siguen operando desde las cárceles y eso, ya lo habíamos anotado en estas mismas líneas cuando se sugirió trasladar a las Islas Marías a gran parte de los delincuentes para así controlar no puedan estar en contacto con sus mafias.

Por lo pronto, mucho se agradecería conocer cuándo y quiénes van a habitar las centenas de casas entregadas a Sedena o ¿es otra inversión millonaria fallida? ¿Serán ocupadas por la Guardia Nacional? Porque si hay dudas sobre el destino que les espera mejor entréguenlas a los policías municipales, alcanzarían un techo que les ha sido, durante décadas, negado.

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