Un chascarrillo foxiano y sabatino puso en marcha y en reversa instrucciones presidenciales dadas con rigor y para algarabía ciudadana al anunciarse el retiro de escoltas para los expresidentes. La presunción en Twitter de Vicente Fox sobre un posible asalto en su rancho provocó el envío de 8 miembros del Ejército a ese domicilio. Quienes dudaron de los guardias enviados en el pasado reciente para cuidar de la integridad de Felipe Calderón y su familia, no tuvieron otra que aceptar fue momentánea la salida de fuerzas armadas de las residencias de los antecesores panistas de AMLO. Si bien la reacción inmediata en el caso del guanajuatense dejaba sin argumentos de crítica a quienes están esperando el vuelo de la mosca para criticar al tabasqueño, las opiniones de cientos o mejor dicho de miles de mexicanos en contra de este regreso especial para garantizar seguridad a quienes han sido retiradamente señalados por los atracos a las arcas nacionales, superó cualquier otro señalamiento y se refirieron tanto al habitante de Palacio Nacional como a quienes se hospedaron en Los Pinos.
Lo sano sería atender estos requerimientos, tanto los de Fox como el de Calderón, de manera temporal, dándoles oportunidad de conseguir a la empresa cuyos integrantes están adiestrados y capacitados para esta prestación de servicios. Ambos exmandatarios cuentan con capital suficiente para hacer estas contrataciones, liquidar a cuantos guardias les brinden la posibilidad de dormir tranquilos y no desviar la atención de quienes obtienen sus sueldos con la liquidación de nuestros impuestos y están para apenas iniciar a tratar de darle un giro a la inseguridad en la cual vivimos más de 125 millones de mexicanos. Como una solución inmediata pude verse como correcta la decisión, pero, no para regresar a ese pasado en donde resultan premiados y protegidos justo quienes nos saquearon o ¿ya llegó a la parte superior de la pirámide el Síndrome de Estocolmo?
Habrá de checarse si “lo que hace la mano hace la tras”. O sea, empiecen a garantizarse en los municipios lo relacionado con la seguridad de los exalcaldes o se amplíen los elementos dedicados a garantizar nada les ocurrirá a los exgobernadores, en tanto los ciudadanos deben pagar por contar con un servicio que debe ser gratuito porque forma parte de las obligaciones de los gobiernos, de su responsabilidad y por lo cual pagamos impuestos. Con la novedosa puesta en marcha de una policía empresarial, los uniformados lograron ponerse a la par de la delincuencia, de quienes cobran por dizque asegurar comercios, los que cobran por el llamado “derecho de piso”. Unos y otro solicitan dinero para mantener seguros comercios, oficinas, plazas, todo tipo de negocios desde los establecidos formalmente hasta los ambulantes.
A lo anterior habrá de agregarse no están entregando renovaciones de licencias de funcionamiento si los comerciantes y empresarios se niegan a instalar cámaras de seguridad en los establecimientos, las cuales deben tener vista hacia el exterior y otras más al interior, además de conectarse al C-4. Esta condición le permitirá a las autoridades cumplir con la instalación de miles de cámaras para vigilancia pero… como siempre hay un pero, recordamos hablaron de la aplicación de cientos de millones de pesos para estas adquisiciones ahora obligatorias para los particulares. A través de Protección Civil es el requerimiento y según los abogados un amparo puede dejar tal medida sin efecto, solo que, mientras el documento quedar autorizado ya hubo la clásica venganza, el desquite, lo aterrador y simplemente proceden a una clausura, siendo ésta la medida más suavecita.
Así las cosas, hay muchos ejemplos y realidades con los cuales podemos ver algo anda mal y muy mal, al grado de lograr del Obispo declaraciones de exigencia para detener todo tipo de acciones marcadas en perjuicio del destino, de esas con amplias posibilidades de ir mermando la llegada de visitantes y haciendo mayor el número de delincuentes y la aproximación de mayor pobreza o ¿miseria?