MIGUEL ÁNGEL FERRER
A lo largo de los últimos cuatro años han corrido dos versiones sobre el crimen de la Noche de Iguala. Una, ideada y desplegada desde el poder, es que se trató de un asunto de narcotráfico. En ella se asegura que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, secuestraron un autobús en el que, cosa que ellos ignoraban, se trasladaba droga. Y que este hecho hizo enfurecer al grupo de narcos dueños de esa carga, lo que los llevó a decidir dar un escarmiento a los muchachos a fin de que todo el mundo entendiera que con el negocio del narco nadie debe entrometerse.
Esta interesada versión no niega la participación de diversas instancias gubernamentales: gobiernos y policías municipales, gobierno y policía estatal, policías federales y miembros del ejército. Pero esta participación gubernamental se atribuye a la complicidad con el narco de estas instancias oficiales. De este modo se refuerza la idea de que finalmente se trató de un asunto de tráfico de drogas.
La segunda versión de los hechos sostiene que el gobierno federal, ebrio de poder, decidió poner un hasta aquí definitivo a las actividades subversivas, movilizadoras y críticas del poder del normalismo rural mexicano, enemigo con poderosas raíces populares, al que el Estado ha intentado liquidar de todas las formas posibles sin hasta ahora haber podido conseguirlo.
De modo que una de dos: crimen del narco o crimen de Estado. Y aunque la versión que atribuye al narco la responsabilidad de los hechos ha tenido muy buena prensa y la autoría oficial, no es sencillo, por esas mismas razones, tragársela. Es una reedición de la vieja historia del ratero que, sorprendido en su accionar, señala hacia otro lado mientras grita: “¡Al ladrón, al ladrón!” con el fin de desviar las miradas sobre sí mismo al señalar a un personaje inexistente.
Además de la inverosimilitud de la versión del narco por las razones señaladas, hay otros hechos que refuerzan la hipótesis del crimen de Estado: la inicial resistencia del gobierno federal por atender un asunto sin duda gravísimo que emparentaba al gobierno mexicano con la política sudamericana de la desaparición forzada; la tardía y sesgada investigación federal; el ocultamiento y destrucción de evidencias; y los resultados de otras investigaciones.
Por todo lo anterior, y a pesar de la creencia de cada quien, es necesaria la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad. Solo una investigación de este tipo puede esclarecer plenamente lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala y conocer los nombres de quien ordenó la atrocidad y de quienes la ejecutaron.
