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Pablo Cabañas Díaz

El futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se investigará la desaparición de 43 normalistas en Iguala. En México las violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes se han transformado en un modus operandi de carácter generalizado operado por las instituciones de seguridad, grupos paramilitares y organizaciones criminales.
La desaparición forzada en México registra niveles similares a aquellos países que han experimentado una guerra civil y violencia política como sucedió en el siglo pasado en Guatemala, Argentina y Chile. El 26 de septiembre de 2014, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hizo emerger en México un amplio movimiento en solidaridad con los familiares de las víctimas.
La desaparición forzada es un problema que hereda Peña Nieto al nuevo gobierno. Según el Registro Nacional de Víctimas, hasta el 30 de julio del 2018, además de los 2 mil 795 víctimas de desaparición, a nivel nacional, existen otras mil 394, entre directas e indirectas, de desapariciones cometidas por algún servidor público o el Estado; 456 más en comparación con las 938 que se acumulaban hasta 2017. Del total, 768 son hombres y 626 mujeres.
Guerrero encabeza a nivel nacional las entidades donde se reportan más casos, con 500 registros. En segundo lugar se ubica Veracruz, con 278, seguido de Sinaloa con 130, Tamaulipas con 107 y Zacatecas con 61 víctimas. Otros estados con este delito son Coahuila con 36 registros, Nuevo León con 27, Jalisco con 22, la CDMX con 24 y Chihuahua con 27.
Las cifras que se contabilizan desde 2014, contrastan con las carpetas de investigación abiertas en procuradurías y fiscalías locales, donde no se persigue este delito a pesar que desde enero entró en vigor la “Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desapariciones Cometidas por Particulares”. De los cinco estados que lideran el registro: Tamaulipas y Sinaloa no tipifican la desaparición forzada y los casos se indagan como privación de la libertad. Por esa razón ambas entidades no reportan ninguna carpeta abierta pese a figurar entre las entidades con más víctimas.
En el caso de Veracruz y Zacatecas, donde sí existen carpetas de investigación, las cifras difieren del registro. Veracruz es el segundo estado con más víctimas directas indirectas (278), la fiscalía estatal, entre 2010 y 2017 ha abierto 160 indagatorias, 58 de ellas se llevan a nivel federal.
Según un recuento, con 50 procesados, Veracruz es la entidad que tiene mayor número de detenidos por este delito, entre ellos se incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; al ex fiscal general, Luis Ángel Bravo, y a una veintena de mandos policiales medios.
En Zacatecas, según los reportes anuales de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, desde 2012 hasta el cierre de julio, se han presentado ocho casos. Con la creación de la Ley General se obliga a los estados a indagar dos clases de delitos: la desaparición forzada y la desaparición ejecutada por particulares. A pesar de ello, sólo cuatro estados han reportado la captura de al menos un presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares. Estas entidades son Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Nayarit.

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