Diputados avalan vetar a agresores y deudores de pensión alimenticia de cargos públicos

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CIUDAD DE MÉXICO.— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas constitucionales que impedirán que agresores de mujeres y deudores de pensiones alimenticias accedan a cargos públicos. El hecho fue considerado como “avance histórico en materia legal”.

⇒ Con 455 votos a favor y 25 abstenciones, San Lázaro avaló la denominada “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”, que buscaba reformar los artículo 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El decreto va dirigido a políticos y funcionarios públicos de todos los Poderes de la Unión y de los gobiernos federal, estatales y municipales, e impedirá que personas deudoras de pensiones alimenticias, acosadores sexuales y a quienes han sido violentos contra las mujeres sean candidatos a puestos de elección y a cargos públicos

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y votación.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada morenista Lidia García Anaya expuso que “desde el 2021, la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, cuyo objetivo era otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.

Estos artículos no tendrían que existir [si las personas, padres o madres fueran responsables con sus hijos]. Hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos”, destacó la legisladora de Morena.

Dichas modificaciones ahora permiten la suspensión de derechos o prerrogativas a aquellos ciudadanos que busquen un cargo público al poseer una setencia por la comisión intencional de alguno de los siguientes delitos:

– Delitos contra la vida y la integridad corporal
– Delitos contra la libertad y seguridad sexuales
– Delitos contra el normal desarrollo psicosexual
– Violencia familiar
– Violencia familiar equiparada o doméstica
– Violación de la intimidad sexual
– Violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
– Personas deudoras alimenticias.

Durante la Sesión Ordinaria, Gerardo Fernández Noroña, diputado y vicecoordinador del PT, presentó una moción suspensiva para que se retirara el dictamen, porque “se acusa de todo y de manera injusta” a todos los presuntos responsables de algunas de estas faltas, y propuso que se precisaran las sanciones. Su propuesta fue rechazada.

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AM.MX/dsc

Redacción/dsc
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